Causa $LIBRA: peritajes complican a Milei por el lanzamiento del token.
La investigación judicial sobre el polémico lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA ha dado un giro significativo tras la incorporación formal de los peritajes tecnológicos realizados al teléfono de Mauricio Novelli. El informe técnico, que ya se encuentra en manos del fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, revela un entramado de comunicaciones que sitúan al presidente Javier Milei en el centro de la escena minutos antes y después de la promoción del activo digital que terminó en un desplome financiero.
Los registros de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) exponen una secuencia de contactos directos que contradicen la versión inicial de un desconocimiento del proyecto. Según Infobae, la fiscalía contó con un informe preliminar desde noviembre del año pasado, el cual fue ratificado por el peritaje final incorporado al sistema LEX100 el pasado 10 de marzo. Estos nuevos elementos de prueba podrían disparar pedidos de citación a declaración indagatoria para los principales involucrados en lo que se investiga como una posible maniobra de «pump and dump».
La reconstrucción del «minuto a minuto» el día del lanzamiento
La pericia logró reconstruir la frenética actividad telefónica del 14 de febrero de 2025, día en que el Presidente promocionó el token en su cuenta de la red social X. Novelli mantuvo ocho contactos con Milei esa jornada: cuatro comunicaciones ocurrieron entre las 18:44 y las 18:58, apenas instantes antes de que a las 19:01 se publicara el posteo presidencial. Solo dos minutos después del anuncio, a las 19:03, se registró un nuevo contacto, seguido de llamadas a las 19:32, 22:00 y 22:05.
El análisis también detectó al menos siete contactos entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El registro más llamativo es una videollamada de WhatsApp a las 23:37 que incluyó al asesor Santiago Caputo y se extendió por más de cuatro minutos. En medio de la crisis por el desplome del valor del token, el teléfono de Novelli registró cerca de 200 llamadas aquel fin de semana, incluyendo comunicaciones con el economista Demian Reidel, evidenciando la magnitud del colapso tras el retiro de fondos de los primeros operadores.
El acuerdo de los 5 millones de dólares y la «Nota de H»
Uno de los hallazgos más comprometedores es un documento en inglés del 11 de febrero de 2025 titulado “Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H” (en referencia a Hayden Mark Davis). El texto describe un esquema de pagos por 5 millones de dólares: 1,5 millones por la promoción inicial, otros 1,5 millones si Milei anunciaba a Davis como asesor, y un tramo final de 2 millones sujeto a contratos de tecnología blockchain o inteligencia artificial con el Gobierno.
Además, se recuperaron borradores de un acuerdo de confidencialidad del 30 de enero de 2025, fecha que coincide con un ingreso oficial de Novelli a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente. El fiscal Taiano busca determinar si estos documentos prueban delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras las palabras clave rastreadas en el peritaje (como “$libra”, “solana”, “usdt” y “pump and dump”) refuerzan la hipótesis de una estafa planificada para inflar el precio del token artificialmente.
Rumbo de la causa: estafa, cohecho y abuso de autoridad
El objeto de la investigación, delimitado por Taiano, busca establecer la participación de Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales en los hechos. La justicia intenta confirmar si la promoción presidencial permitió que un grupo selecto retirara cerca de 100 millones de dólares cuando el valor subió de 0,01 a 5 dólares en horas, dejando pérdidas millonarias a los inversores minoristas.
El expediente, que pasó por las manos de la jueza María Servini antes de radicarse con Martínez De Giorgi, incluye mensajes posteriores al lanzamiento, como uno del 20 de febrero donde se lee: “Llevo eso para allá, pero borrá”. Tras el resultado de estos peritajes, el fiscal tiene la potestad de ordenar medidas directas, mientras la querella presiona por medidas restrictivas contra los imputados ante el riesgo de entorpecimiento de la causa que hoy sacude la estructura del Poder Ejecutivo.