El juez de garantías Gustavo Castro abrió la investigación por el presunto delito de estafa, en contra de un proveedor de Corfo por la venta al Estado provincial de una cosechadora de papas, tras la denuncia realizada por Sixto Bermejo en carácter de presidente de esa corporación. El imputado es Guillermo Saravia Fernández de la firma SARFE S.R.L con domicilio en la ciudad de General Roca en la provincia de Río Negro.
En la audiencia de apertura de investigación realizada este lunes en la Oficina Judicial de Rawson, el fiscal general Fernando Rivarola al describir los hechos, dio cuenta de las irregularidades detectadas por CORFO tras haberse recibido la cosechadora por la que el Estado provincial pagó 397.000 pesos en julio del año 2015.
La cosechadora arribó al taller de CORFO de Gaiman a bordo de un camión, en el mes de noviembre de ese año. El jefe de la dependencia Javier Pascual firmó el remito correspondiente, pero posteriormente se comprobó que la máquina que era de una marca distinta a la adquirida. La empresa que resulta adjudicataria de la licitación había enviado una con las mismas características técnicas pero no de la marca estipulada en el contrato de adquisición entre CORFO y la empresa SARFE S.R. La marca de la cosechadora pautada era “Procemaq”. Pero luego de recibida se constató que la cosechadora que había llegado era de la marca “Lochel”, máquina a la que se le había colocado unos stikers blancos adhesivos en ambos laterales con la marca “Procemaq ST 1800”. Esta disimulación fue lo que indujo en error al empleado que la recibió.
“De tal modo, para el MPF, se entregó a CORFO una maquinaria distinta a la adquirida, de menor calidad y en consecuencia de menor precio de mercado, obteniendo un beneficio económico ilegal con el consiguiente perjuicio para la administración pública provincial”, indicó Rivarola al describir el hecho a investigar.
CORFO intimó a Fernandez a subsanar la situación, pero nunca hubo respuesta y ahora la máquina recibida sigue en el depósito de Gaiman, sin ser tocada.
El imputado estuvo asesorado en la audiencia por el abogado Matías Cimadevilla. Fernández pidió hablar y dirigiéndose al juez de garantías, destacó que la máquina entregada no solo cumple con los requisitos y características en la licitación, sino que además es de mejor calidad. Concluyó en su exposición ante el juez a Castro, que no se produjo perjuicio alguno a la administración pública provincial.
No obstante estas explicación el juez dejó abierta la investigación por el plazo legal de seis meses por. A Fernández se le imputa el delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial en carácter de autor, sin perjuicio de la participación de otras personas responsables de la empresa.
