Un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) propuso a la conducción del sindicato adoptar una estrategia de presión económica para bloquear en el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
La idea, que buscaba competir en el mismo terreno de las negociaciones con los gobernadores, fue finalmente desestimada por la cúpula cegetista.
La propuesta: competir con recursos financieros en las provincias
Según Noticias Argentinas, un grupo de gremios planteó a la conducción de la CGT «jugar fuerte en lo económico» para influir en los gobernadores, quienes tendrán un rol clave en la aprobación de la ley. La propuesta surgió de cara al diálogo que los sindicalistas iniciarán la próxima semana con los mandatarios provinciales, con el objetivo de convencerlos de no respaldar la reforma o, al menos, de introducir cambios sustanciales.
Un dirigente que participó de las conversaciones explicó el razonamiento: «El Gobierno ofrece plata a los gobernadores para tener la reforma laboral. Si se juega en esas condiciones, nosotros tendríamos que hablar con ellos en el mismo idioma». Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia interna. «Nos dijeron que no. Es que hay muchas divisiones, los sindicatos con plata son algunos, otros no están bien económicamente y no quieren poner nada», detalló la misma fuente.
Críticas internas y el costo de la movilización callejera
El mismo dirigente realizó una crítica velada a la estrategia actual de la CGT, cuestionando los costos de la movilización masiva realizada el mes pasado en Plaza de Mayo para repudiar el proyecto oficial. En diálogo con la agencia, calculó con ironía: «¿Sabés lo que cuesta hacer esa marcha y el acto?… Con lo que costó todo eso ya podríamos tener dos gobernadores de nuestro lado».
La cúpula sindical, liderada por Héctor Daer y Pablo Moyano, optó por descartar la «vía económica» y continuar con la estrategia de diálogo político y presión pública. La central obrera apunta a morigerar puntos clave de la reforma, como la ampliación de servicios esenciales, los acuerdos por empresa, y los cambios en el sistema de financiamiento sindical y de indemnizaciones.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa su «tour» por las provincias buscando apoyos para la «modernización laboral», la CGT prepara su contraofensiva, aunque al parecer, sin el arsenal financiero que algunos de sus propios gremios hubieran preferido utilizar.