El Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri que le debe al Estado más de 4 mil millones de pesos, se resiste a que sean peritados los libros contables de sus controlantes, Socma y Sideco, y ahora pide que la Corte Suprema frene esa investigación. La Cámara Comercial había autorizado esa pericia después de que la fiscal Gabriela Boquin detectara maniobras de vaciamiento a través de las cuales se retiraba dinero de las cuentas del Correo vinculadas al concurso de acreedores, que en realidad está inactiva tras su expropiación. Hubo también pagos de alquileres en beneficio de las dos firmas que son pilares del grupo empresario y, al revés, préstamos –por ejemplo– por 17 millones de pesos de ellas hacia el Correo. No habría explicación para semejantes operaciones. En otro informe, Boquín también detectó desvíos por 35 millones de pesos hacia estudios de abogados, consultoras y empresas de publicidad amigas.
Lo que queda claro hasta ahora es que la empresa postal del Grupo Macri no paga su deuda y no quiere que se investigue si cometió algún tipo de fraude en el trámite del concurso de acreedores, ya que eso podría acarrear consecuencias para sus controlantes. La presentación de la empresa refuta la resolución de la Cámara Comercial que convalidó la actuación de la fiscal Boquín y dio vía libre para la investigación que ella solicitaba sobre las maniobras de vaciamiento detectadas. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini en sus últimas intervenciones respaldaron la actuación de la fiscal. A lo largo de la causa, paradójicamente, colaboraron con artilugios que hacen que pase el tiempo y la deuda siga impaga. Como ya informó este diario, con el gobierno de Macri el Correo llegó a firmar un acuerdo que licuaba el 98,87 por ciento de su deuda, pero fue frenado por la fiscal de Cámara, que dijo que era ruinoso y abusivo. Luego empezaron las dilaciones otra vez.
Los abogados que se presentan por el Correo son Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa, que están imputados en la causa penal por el intento de licuar la deuda de la empresa y señalados por Boquín en movimientos de vaciamiento.
Argumentan para recurrir a la Corte que la investigación pericial le causará a la empresa un perjuicio irreparable y se afectan normas concursales, que son argumentos clásicos de estas presentaciones. Dicen que Socma Argentina y Sideco Sudamericana no son parte en litigio: sin embargo son controlantes del Correo y la fiscal ya detectó operaciones entre ellas y el Correo en plena etapa concursal y cuando ésta última se declara inactiva. También cuestionan que la Cámara haya habilitado que la pericia la hagan expertos del cuerpo de peritos de la Corte en lugar de las sindicaturas (general, controlante y verificante) que intervienen en el concurso. Por lo general, éstas se han expedido a favor del Correo y propiciado todas las dilaciones. Una de ellas está a cargo de Julio César Rivera, abogado de larga data de la familia Macri. El planteo incluso dice que «un perito externo produciría una dilación de los tiempos y un expendio jurisdiccional». Es un argumento desconcertante en un proceso en el cual la empresa y el Estado han jugado siempre al paso del tiempo.
Hace ya dos años que se discute la investigación del vaciamiento. Respecto de Socma y Sideco, la fiscal Boquín detectó en 2017 que la propia jueza de primera instancia, Marta Cirulli –imputada también en la causa penal–, había autorizado cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos de las cuentas del Banco Ciudad, justo en los meses previos a la firma del acuerdo (28 de junio de 2016) que luego fue suspendido. Dijo la fiscal en ese entonces que eran «en beneficio de las empresas del grupo» y «en perjuicio de las cuentas del concurso». Parte del dinero se utilizó para pagar mensualmente alquileres a Sideco, aunque el Correo no tenga actividad: oficinas por 144 mil pesos; 61.834 pesos en sueldos y cargas sociales; 113 mil pesos de gastos informáticos y contables; 65 mil de honorarios, entre tantos otros. El dinero salía de las cuentas del concurso, directo a Sideco, según la fiscal. Pero, además, Boquín detectó que Socma le vendió al Correo por 2 millones de dólares acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para negocios automotrices que nunca le dieron ningún rédito. Luego pagó un extra de 900 mil dólares más.
Esos hallazgos habían dado el puntapié inicial para la investigación sobre vaciamiento, que de comprobarse implicaría fraude concursal, con consecuencias para las compañías del Grupo. Más recientemente, Boquín denunció otras maniobras similares, también para desviar dinero del Correo, 35 millones de pesos, hacia estudios de abogados, como el del diputado del PRO Pablo Tonelli; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; y el propio abogado Kleidermacher.
Ahora Boquin debe contestar el planteo del Correo para ir a la Corte y luego la Cámara decidirá si lo habilita o no.
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