El Frente de Todos realizará una presentación este martes ante la jueza electoral María Servini, reclamando que se excluya a la empresa SmartMatic del escrutinio provisorio del próximo domingo. De este modo procurarán evitar la trampa preparada por el Poder Ejecutivo para acomodar las cifras a las conveniencias del presidente Mauricio Macri, así lo informo El Patagónico.
Lo que se denuncia remite a la cuarta temporada de House of Cards, cuando Frank Underwood fue electo presidente.
El apoderado de Todes, Jorge Landau, señala en el escrito que al no haber recibido el código fuente del software que se empleará en las PASO, los principales partidos de la oposición no estarán en condiciones de fiscalizar la limpieza de los datos que se difundan el domingo 11, atribución que el Código Nacional Electoral confiere en su artículo 108 a los partidos políticos. También menciona diversos antecedentes de la empresa, como una elección en Filipinas, donde SmartMatic cambió el software en medio del escrutinio y a partir de ese momento se invirtió la tendencia de los resultados. Esto derivó en una denuncia penal y varios directivos huyeron del país. Uno de ellos está ahora en la Argentina, practicando su arte de prestidigitación electoral. Así lo denunció este domingo Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna.
El fiscal electoral Jorge Di Lello dijo que no hay riesgo de fraude porque el sistema electoral vigente es seguro. Pero se refería al escrutinio definitivo, que estará terminado entre dos y tres semanas después de la votación y que es el único que tiene valor legal. Su control está a cargo de la Cámara Nacional Electoral y de los fiscales y jueces electorales de cada distrito. Di Lello y Servini cumplen esa función en la Capital Federal.
Servini deberá resolver la presentación de Todes en un plazo perentorio y el gobierno o el Frente podrán apelar su decisión ante la Cámara Nacional Electoral. ¿Darán los tiempos?
SUFICIENTE ANTELACION
El escrutinio provisorio tiene mínimo sustento legal. El Código Electoral Nacional, sancionado en agosto de 1983 por el decreto 2135 del dictador Benito Bignone, con vistas a las elecciones en las que se impondría dos meses después Raúl Alfonsín, fue modificado en enero de 1995 por la ley 24.444, como parte del proceso que conduciría a la reelección de Carlos Menem.
Su artículo 108, sólo dice que el control de los comicios por los partidos políticos comprenderá “la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y el procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el programa (software) utilizado. Este último será verificado por la Junta Electoral que mantendrá una copia bajo resguardo y permitirá a los partidos las comprobaciones que requieran del sistema empleado, que deberá estar disponible, a esos fines, con suficiente antelación”.
¿Qué antelación se considera suficiente? En 2005, la Cámara Nacional Electoral emitió la Acordada 96 estableciendo que la “suficiente antelación” de la ley no podía ser inferior a 30 días. En enero de 2017, en la Acordada 3 solicitó que se digitalizaran los datos y se transmitieran desde los lugares de votación, y reiteró el mismo plazo de control partidario fijado en 2005.
Por eso, el pliego del concurso de precios convocado por el gobierno nacional para seleccionar a la empresa que se encargaría de cumplir con los requisitos del artículo 108, fijó ese lapso en 30 días. Pero el mismo gobierno lo viola sin escrúpulo porque las Acordadas de la Cámara no tienen el peso de una ley. Algunos especialistas consideran que, si se dispone del software y de los códigos utilizados, ese plazo es razonable. Pero otros señalan que resulta exiguo para realizar una auditoría que garantice su buen funcionamiento y, sobre todo, la seguridad de que no contiene órdenes ocultas que tergiversen los datos que se cargan o que pueda ser hackeado. Es decir que, en el mejor de los casos, esos 30 días constituyen el mínimo admisible.
El contrato con SmartMatic, que se adjudicó la tarea por haber ofertado el precio más bajo, también incluyó ese requisito. Como las PASO se celebrarán el 11 de agosto, el software y sus códigos fuente debían estar disponibles el 11 de julio. Pero nada de eso ocurrió y en el simulacro realizado el 20 de julio, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Obras Públicas, Adrián Pérez, dijo que el software aún no estaba terminado, que continuarían las pruebas y que se entregaría a la justicia electoral 48 horas antes de los comicios. Ése ya sería motivo suficiente para excluir a SmartMatic de una tarea crítica para que el acto central de la democracia sea cristalino e insospechable.
SIMULACROS FALLIDOS
El primer simulacro se realizó el sábado 29 de junio, sin aviso previo a los partidos políticos ni a los periodistas. Incluso hubo directores de colegios que no fueron notificados. Fue un fracaso por falta de conectividad.
El segundo se planificó para el sábado 20 de julio, ya vencido el plazo legal de los 30 días. En la conferencia de prensa posterior, se detectó un alto porcentaje de incidencias en distintas provincias. Incidencias es el nombre técnico de los errores, debidos a fallas en la lectura de las actas de cada lugar de votación. En Chaco, los errores llegaban al 22% de las actas; en San Juan al 37%: en Santa Cruz y Misiones al 56% y en La Rioja al 96%. El periodista de El Destape, Ari Lijalad, preguntó por esa anomalía.
Luego de confirmar con gestos y palabras que no tenía idea de lo que estaba hablando, José Adrián Pérez –secretario de Asuntos Políticos e Institucionales que depende del Ministerio del Interior- llamó a una experta del Correo Oficial, Sandra, quien dijo que los errores se habían introducido con toda intención para comprobar si el sistema los detectaba.
Lijalad le pidió el documento en el que constara esa deliberación. Le dijeron que se lo darían luego de concluida la conferencia de prensa. Sólo quedaron cuatro periodistas esperando. Luego de una hora, al jefe de redacción de El Destape le entregaron fotocopia de dos telegramas de La Rioja con errores, pero nada que certificara la cantidad de incidencias presuntamente programadas en esa provincia.
PODER EJECUTIVO
Luego de la afirmación del fiscal Di Lello en entrevistas de prensa, hubo un pronunciamiento unánime de la Cámara Nacional Electoral, ante sendas presentaciones del Frente de Todes y de Consenso Federal. Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía reiteraron la afirmación del fiscal: el escrutinio provisorio es “un elemento secundario o publicitario, carente de relevancia jurídica y, por tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los comicios o de sus resultados” y, pese a los reiterados pedidos del tribunal, “continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral”.
Este es “un factor de descrédito del escrutinio provisorio que genera dudas sobre su integridad”, ya que queda “bajo la exclusiva responsabilidad de una de las partes interesadas en su resultado”.
A los presidentes de mesa, sobre quienes el tribunal tiene imperio, la Cámara les indicó que deberán facilitar que los fiscales registren con sus celulares el Acta de Escrutinio y el telegrama. El resto son sugerencias al gobierno, que hará con ellas lo que le plazca.
Pérez se manifestó conforme, ya que el problema está en la transformación del documento enviado en formato .tiff, en otro .pdf, lo cual es imposible de controlar sin acceso al programa y el código fuente con la “suficiente antelación” que exige el Código Nacional Electoral, para lo cual ya expiró el plazo técnicamente necesario.
Verbitsky concluye que el gobierno necesita reducir a unos pocos puntos la ventaja de les Fernández en las PASO para que el dólar, que el viernes volvió a venderse a 46 pesos, no remonte vuelo en lugar de los globos. De otro modo, octubre sería su Waterloo en primera vuelta y no llegaría al ansiado balotaje. Nada le impedirá dar el número que prefiera la noche de las PASO, y validarlo con el martilleo de los medios que le responden. En una elección relativamente cerrada, basta con una alteración de pocos puntos para disimular la magnitud de una derrota.
La comprensión de cómo se realiza el truco es compleja y si los grandes medios audiovisuales reproducen en forma acrítica la información oficial, esa tenderá a instalarse como verdadera. Cuando el escrutinio definitivo ponga las cosas en su lugar, no todos se enterarán y el gobierno ya habrá conseguido los objetivos políticos y económicos que persigue.