La denominada “marcha blanca” partió desde la Plaza San Martín para luego recorrer el centro de la ciudad y concentrarse en el edificio de Seros donde se encendieron antorchas en la que es una prolongado e indefinida ocupación que llevan adelante jubilados provinciales, en reclamo por el atraso en el pago de haberes y el corte de servicios de la obra social.
En el marco de la “Marcha Blanca” ayer un grupo de directores de diferentes instituciones educativas públicas, de distintos niveles, se pronunciaron de manera crítica sobre la actualidad del sistema educativo en la provincia, planteando la falta de garantías y necesidades de todo tipo para el normal desarrollo de las clases.
El documento difundido ayer expresa que después de analizar “la grave coyuntura en la que nos encontramos, consensuamos la necesidad de hacer públicas nuestras dificultades en este momento, dada nuestra enorme responsabilidad en relación con la prestación del servicio educativo. En primer lugar, debemos dejar en claro que las dificultades para prestar el servicio educativo exceden la falta de personal por la adhesión a las medidas de fuerza en curso. Existen múltiples problemas en varios edificios escolares por falencias de infraestructura o limitaciones por el problema del transporte escolar y la falta de recursos materiales y cargos”, así lo informó El Chubut.
Advierten los directores de Esquel que “en base a los documentos que hemos elaborado en el año 2018, cuando nos reunimos en el espacio que denominamos “Asamblea de directivos de Región III”, y al documento que emitimos los supervisores y directores de secundaria de R.III el pasado 9/8/19, consideramos oportuno delimitar nuestras responsabilidades como directores en el estado de situación en el que nos encontramos”.
Por ejemplo, “las problemáticas de infraestructura exceden nuestras posibilidades de acción y competencia pero condicionan frecuente y gravemente el funcionamiento escolar. Evaluamos que ni la Delegación administrativa ni Obras Públicas cuentan con los recursos materiales o humanos que corresponderían, ni realizan la previsión necesaria para garantizar las condiciones de seguridad en el mantenimiento de los edificios: siempre terminan actuando ante los conflictos que se producen o la demanda reiterada de directivos y comunidad”.
Por otra parte, dicen que “muchos de nosotros y nuestros superiores estamos también adheridos a medidas de fuerza (retención de servicios y paro), pero seguimos a cargo de los establecimientos y el personal. Consideramos necesario generar un marco legal y un protocolo claro que determine con precisión cómo puede funcionar la escuela cuando los responsables se hallan adheridos a medidas de fuerza”.
DIRECTIVOS ACUSAN PRESIONES DEL MINISTERIO
Los directivos acusaron “presiones” para señalar a los docentes que participan de las medidas de fuerza. En este momento, “el mismo Gobierno y Ministerio que incumple con las obligaciones para que se garantice la educación, nos requiere a los directivos, mediante comunicaciones informales y desiguales (hacia algunos directivos de algunos niveles) que informemos quiénes adhieren a medidas de fuerza.
Esta situación tensiona nuestra tarea y nos vuelve objeto de presiones. Por eso, resulta indispensable aclarar que los/las directivos/as también somos trabajadores en relación de dependencia y no nos corresponde garantizar ni el derecho a trabajar, ni el derecho a huelga. Esos conflictos de derechos e intereses deben dirimirse en mesas de negociación entre las partes.
