Miguel Ángel Pierri, abogado de «El Pepo» pidió la prisión domiciliaria para el cantante, en su presentación señaló que «Existe la imperiosa necesidad de que mi ahijado procesal sea cuidado por su esposa conforme lo indicado por el doctor Enrique De Rosa en su informe médico»..
Asimismo, el letrado sostuvo que «eso facilitaría un mejor funcionamiento familiar con sus hijos volviendo al calor del hogar. En el régimen de prisión domiciliaria no existe obligación de hacerse cargo del imputado, pero a fin de aseverar la seriedad del pedido, su cónyuge asumirá su cuidado y sustento económico asumiendo el compromiso en forma juratoria».
Sin embargo, el abogado Marcelo Biondi, que representa a las familias del asistente del vocalista Ignacio Abosaleh y de su trompetista Nicolás Carabajal, ambos fallecidos durante el accidente ocurrido en la madrugada del 20 de julio en la Ruta 63, remarcó que ese pedido no debe ser viable.
El juez de garantías de Chascomús, Cristian Gasquet, ordenó el 23 de agosto la detención preventiva de Castiñeiras por el choque en el que murieron dos de sus acompañantes y a partir de ese momento su abogado busca que le otorguen la prisión domiciliaria. Luego se conoció que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre cuando volcó con su camioneta, la cual conducía a 139 kilómetros por hora.
Los familiares de Abosaleh y Carabal advierten de esta manera sobre un posible «trato privilegiado» si la Justicia finalmente le otorga la prisión domiciliaria a «El Pepo» para que lo cuide su esposa y salga de la cárcel de Dolores, indicó Telefe Noticias.
Enterado de la presentación, Biondi solicitó una pericia psiquiátrica para «El Pepo», al tiempo que su perito de parte, Rafael Milano, evaluó el informe de la defensa y notó fallas e inconsistencias. «Este informe no está hecho por un especialista en la materia de psiquiatría. Todas las personas privadas de su libertad tiene un compromiso de su psiquis», precisó el perito.
Además, remarcó que ese «informe de solicitud de arresto domiciliario no tiene la validez científica ni el conocimiento en la especialidad como para justificar algún tipo de morigeración de una pena por temas de salud mental».
