Mientras la campaña avanza, también lo hace la Justicia. En el marco de la causa penal que se inició en 2017 por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín contra funcionarios del Gobierno de Cambiemos por el intento de acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA para condonar (perdonar) una deuda de la empresa, la jueza en lo comercial Marta Cirulli ordenó la intervención de Correo Argentino SA (de la familia Macri). La magistrada cree que la compañía presentó información falsa sobre el estado de sus cuentas para obstaculizar la investigación por vaciamiento de la empresa.
Desde la Justicia se encontraron con que Correo Argentino SA impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con las empresas Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana (también de los Macri).
Cirulli lo definió como “el reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”. Por lo tanto, decidió designar a un coadministrador en la empresa, que deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa. “Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada [en alusión a Correo Argentino SA] luego de los requerimientos [de la Justicia] el que me impone decidir del modo preanunciado”, remarcó.
La resolución de intervención fue firmada el viernes pasado y define que el interventor/coadministrador trabajará en la empresa durante al menos 30 días. Luego de ese plazo la intervención podría levantarse o profundizarse.
Según publicó LetraP, en la resolución figuran algunos ejemplos de información dudosa que la jueza destacó. Por ejemplo, que Correo Argentino SA afirmó que Sideco Americana le brindaba servicios “presumiblemente recibidos como una “gracia”, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como “deuda” en los informes mensuales de la sindicatura controladora, hoy vendría a representar un endeudamiento de US$ 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros “gastos legales”. Es decir que habría una deuda de $64 millones a favor de la empresa Sideco Americana.
Hay un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, donde la primera le pagaba alquiler a su propio dueño (ambas eran de la familia Macri). El precio pactado eran US$ 18.000 mensuales. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino SA tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. Este fue uno de los tantos gastos que la fiscal Gabriela Boquin identificó como parte del vaciamiento de Correo Argentino, que desviaba fondos hacia empresas del grupo Macri mientras no pagaba su deuda con el Estado.
La causa penal
La fiscal Gabriela Boquín había denunciado en 2017 a Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, que cedió fondos a Socma y Sideco y contrató consultoras y estudios allegados a funcionarios. El objetivo: hacer cerrar las cuentas de la empresa en detrimento de sus acreedores reales (como el Estado), además de beneficiar con pagos millonarios a los estudios de Pablo Tonelli (diputado PRO), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).
Correo Argentino SA tiene una millonaria deuda con el Estado (originada principalmente por el incumplimiento del canon que la empresa tenía que pagar durante los 6 años que mantuvo la concesión del servicio). La fiscal Boquín denunció que el Gobierno de Macri quiso firmar un acuerdo para eludir el pago de al menos $4.000 millones, pero el mismo no se realizó luego de que la denuncia tomara estado público.
La causa se encuentra hoy bastante paralizada. Hace apenas unos días el juez Ariel Lijo fue denunciado por presunto “encubrimiento” por su demora en resolver la situación de los imputados en la causa Correo Argentino. Como respuesta, el juez ordenó el lunes 9/9 la realización de un “informe técnico contable” en la causa penal por la deuda de Correo Argentino, para establecer si la quita millonaria a la empresa, que era de la familia de Mauricio Macri, fue “abusiva” como sostuvo la fiscal Gabriela Boquin, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.
Causa a la CSJN
Además, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente de la causa a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se trata de la causa comercial (que va en paralelo a la penal).
El expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso, dadas sus potenciales “graves consecuencias”.
“No puede obviarse”, indicó Saravia Frías al pedir que intervenga la Corte, “que este concurso preventivo ostenta características muy particulares. Los montos en juego y la complejidad de su evaluación, el tiempo transcurrido, la existencia de reclamos recíprocos, la cantidad de partes involucradas y, especialmente, la existencia de diversas causas penales en las que se investiga la conducta de funcionarios públicos intervinientes”
“Habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”, resolvieron los camaristas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini
La CSJN debe evaluar si se trata de un expediente “de marcada excepcionalidad” o si lo devuelve al fuero en lo Comercial. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el planteo, el expediente volverá al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001. Esta decisión podría ser tomada recién después de las elecciones de octubre.
La decisión de la Cámara implicó una nueva postergación para definir si el Estado nacional acepta o rechaza la propuesta de acuerdo que la empresa de la familia Macri presentó hace más de 31 meses.