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La jueza anticorrupción de La Paz Claudia Castro ordenó anular y archivar la investigación por fraude electoral contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, denunciado por el expresidente Carlos Mesa.

La resolución fue emitida el pasado 23 de noviembre dentro del proceso que se los investigaba por presuntos delitos de alteración u ocultación de resultados en las elecciones de octubre de 2019, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias pero fue divulgada hoy por el diario local Los Tiempos.

El fallo también incluye a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero, y otros involucrados.

Castro emitió el dictamen debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no habría logrado resolver internamente si hubo o no fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019, que devinieron en el golpe de Estado a Morales, impulsado por la oposición boliviana.

La magistrada también hizo notar que Morales como exmandatario debería ser procesado en un juicio de responsabilidades.

En febrero de este año, Mesa denunció a Morales, García Linera y algunos exministros como autores y principales responsables del fraude electoral en las pasadas elecciones de octubre de 2019.

Mesa ratificó su demanda ante la Fiscalía en agosto, donde hizo notar que el interés de los denunciados era consumar el fraude para evitar la segunda vuelta entre los binomios del MAS y Comunidad Ciudadana y perpetuar en el poder a Morales.

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El presidente Donald Trump continuó este miércoles su campaña insistiendo en que ganó las elecciones del 3 de noviembre y en que hubo un «fraude» generalizado que dio la victoria a su rival demócrata, Joe Biden, a través de una serie de tuis en los que aludió a la decisión de la Junta Electoral del Condado de Wayne, en Michigan, que certificó unánimemente los resultados, tras haber estado bloqueada debido a la negativa de los republicanos a hacerlo.

Diez días después de que se proyectase a Biden como presidente electo, Trump no ha admitido su derrota y su contacto con el mundo exterior se ha canalizado exclusivamente a través de Twitter, siempre con la advertencia de su red social favorita de que sus denuncias de fraude «son cuestionadas».

«Gané las elecciones. ¡Fraude al votante en todo el país!», escribió, todo en mayúsculas, junto a una serie de comentarios en los que pone en entredicho los recuentos y las decisiones sobre impugnaciones que ha presentado su equipo.

«Esta fue una elección amañada. Prohíben a los compromisarios electorales republicanos, las máquinas de votación fallan por todas partes (¡lo que significa que los atraparon haciendo trampa!)», escribió el gobernante reaccionando a una encuesta que apunta a que sus denuncias pueden estar socavando la confianza en el sistema.

La encuesta indica que cerca de la mitad de los republicanos cree en la veracidad de las denuncias de Trump de que ganó las elecciones y que le fueron robadas por un fraude generalizado que favoreció a Biden, pese a que no se haya demostrado que así sea.

Trump también se refirió al estado de Michigan: «El Gran Estado de Michigan, con muchos más votos que el número de personas que votaron, no puede certificar la elección. Los demócratas hicieron grandes trampas y fueron atrapados. ¡Una victoria republicana!», escribió.

 

Previamente, la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, informó que todos los condados del estado votaron para certificar los resultados de las elecciones, incluido Wayne, que inicialmente no pudo certificar los resultados de los comicios debido a malas prácticas alegadas por republicanos.

Wayne, donde se encuentra Detroit, es el condado más poblado de Michigan, con un 80% de población negra, que se supone que en su mayoría votó a Biden, quien se llevó los 16 votos electorales en disputa con una ventaja de 2,7 puntos porcentuales.

El actual mandatario republicano derrotó por un estrecho margen a Hillary Clinton en ese estado en 2016.

«Una de las razones por las que las elecciones presidenciales de 2020 fueron las más seguras en la historia de EEUU se debe en gran parte a Chris Krebs y su equipo. Él es el profesional supremo y consumado y los líderes de ambos lados aprecian su integridad, experiencia y compromiso con la democracia «, dijo la secretaria Benson.

Trump también se quejó de nuevo de que en Pensilvania a los observadores republicanos «ni siquiera les permitieron entrar al edificio para mirar», algo que han negado las autoridades electorales de ese estado, que también ganó Biden.

Finalmente, sobre el recuento de los votos en Georgia debido a lo ajustado del resultado, dijo: «es una broma y se hace BAJO PROTESTA. Aunque se han encontrado miles de votos fraudulentos, el número real está en firmas coincidentes».

Las autoridades del estado del sureste esperan que el recuento manual de las papeletas de las elecciones termine en las próximas horas, dijo el gerente de implementación del sistema de votación, Gabriel Sterling.

Trump también solicitó hoy un recuento de los dos condados demócratas más grandes de Wisconsin, Milwaukee y Dane, alegando que eran los sitios de las «peores irregularidades», aunque no se ha presentado evidencia de actividad ilegal.

Los recuentos en Milwaukee y Dane comenzarán el viernes y deben hacerse antes del 1 de diciembre. El demócrata Joe Biden recibió 577,455 votos en esos dos condados en comparación con los 213,157 de Trump. Biden ganó en todo el estado los 10 votos electorales de Wisconsin con una diferencia de unos 20.500 votos.

Hoy, el equipo de Trump también presentó una nueva querella por supuestas «irregularidades sustanciales» y «fraude» por la «falta de fiabilidad» de las máquinas de procesamiento y escaneo de votos en Nevada. En ese estado, Biden obtuvo el 50,1 % de los votos, frente al 47,7 % de Trump.

Fuente: TELAM

Los fiscales federales acusaron este jueves a Steve Bannon y otras tres personas de defraudar a donantes de cientos de miles de dólares en una campaña de recaudación de fondos del muro fronterizo.

Bannon, el exasesor de campaña de Trump, fue arrestado, según un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos. El abogado de Bannon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bannon se presentará en Nueva York este jueves por la tarde.

Los cuatro hombres están acusados ​​de supuestamente tomar cientos de miles de dólares donados a un grupo llamado We Build the Wall y usar los fondos para gastos personales, entre otras cosas.

Según los fiscales, Bannon, a través de una organización sin fines de lucro identificada como Non-Profit-1, usó más de US$ 1 millón de We Build the Wall para pagar «en secreto» a otro acusado, Brian Kolfage, y cubrir gastos de cientos de miles de dólares en la cuenta personal de Bannon.

Bannon, Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

«Como se alega, los acusados ​​defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción», dijo la fiscal federal interina de Manhattan Audrey Strauss dijo en un comunicado. “Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados ​​planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida».

Alyssa Farah, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, se negó a comentar sobre la acusación el jueves por la mañana.

Bannon se declara inocente

El abogado de Steve Bannon presentó una declaración de su cliente como inocente de los cargos contenidos en la acusación formal revelada contra Bannon el jueves.

El fiscal de SDNY, Nicolas Roos, dijo que Bannon fue arrestado esta mañana alrededor de las 7:15 am en un «yate» frente a la costa de Connecticut. Fue transportado a Nueva York, a donde llegó varias horas después.

El juez Stewart D. Aaron fijó una fianza para Steve Bannon de US$ 5 millones que se garantizará con US$ 1,75 millones en efectivo o bienes inmuebles y dos personas financieramente responsables como cofirmantes.

Bannon también recibirá supervisión previa al juicio y sus viajes se restringirán a los distritos del sur y este de Nueva York, el distrito de Connecticut y el distrito de Washington, DC. Bannon también tendrá prohibido el uso de aviones, yates o barcos privados sin el permiso de la corte.

Bannon será liberado el jueves en estas condiciones, y los términos de la fianza vencen el 3 de septiembre.

Gustavo, por favor certificá que la 202 y 404 estén abiertas hasta las 19. Ayer nos corrieron a las 11.30. Si no, no podemos avanzar. Necesitamos las escuelas abiertas”, le escribió Jorge Santucho a Gustavo Hueichán. La respuesta: “Hola Santucho, dale. Yo les aviso para mañana”.

Luego Hueichán le escribe a Santucho:

-En cual están ahora?

-185, 441, 4…

El intercambio de mensajes de texto es una de las evidencias que posee la Unidad Anticorrupción para intentar probar que la exministro de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa, encabezó un plan para defraudar al Estado mediante obras de refacción y mantenimiento de escuelas, en enero de 2019. La acusación espera la audiencia preliminar para el juicio oral y público.

En otro aviso, Hueichán la previene a Daiana Henríquez, secretaria administrativa de las empresas constructoras Lada y Ramida: “Buen día, te paso el listado para que tengas y así ves las escuelas que tienen que cobrar cada empresa, así tienen cómo mostrarles a la escuela”

Y de Raúl Care, exsubsecretario de Coordinación de Educación, para Henríquez: “Se pagó LADA, mañana se acredita en la cuenta (…) Ahí me informaron de contaduría de la Escuela 196, sale mañana tengo que apurarlo”, en clara referencia a un pago. Por último, Care le consulta a Henríquez: “Buen día, le pagaron de 196?”. Ella contesta: “Sí, mil gracias”.

Jorge Santucho se presentaba como empleado, jefe o responsable de obra de constructoras según fuera necesario. Y Hueichán era secretario privado de Care.

Los otros involucrados son Daniel Schmidt, titular de Lada Construcciones y Ramida; su empleado Félix Currumil; Daniel Gel, responsable de Gefer y Calypso Revestimientos, y Roxana Pereyra.

El fiscal Omar Rodríguez considera que este grupo armó un concurso de precios para quedarse con las obras de 24 escuelas de Rawson y Playa Unión. Idearon una competencia falsa con ganadores anticipados. Y para garantizarse la renta fijaron elevados sobreprecios en los rubros en comparación con los del mercado. Así dañaron el patrimonio del Estado en $ 1.465.615 repartidos en 21 cheques. La pesquisa impidió que ganaran más.

El 25 de enero, Cigudosa envió una nota a la subsecretaria de Recurso Apoyo y Servicios Auxiliares, Liliana Díaz. Le pedía partidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento de las escuelas capitalinas.

En febrero, la exministro firmó dos resoluciones asignando esas partidas extraordinarias: $ 7.404.079 para las regiones III, IV y VI, y $ 1.844.595,33 para la Región II de Puerto Madryn. Según Fiscalía, los precios en varios establecimientos superaban holgadamente los montos máximos del régimen de contrataciones. Cigudosa fue directora y lo sabía.

Pero 15 días antes de estas resoluciones, el 24 de enero, “falazmente se incluyó el acta de apertura de sobres y elección por el menor valor de las empresas asignadas”. En febrero ya había “ganadores” adjudicados y montos de contrataciones para la Región IV.

En la ficción, la Delegación Trelew de Educación había diseñado la compulsa de precios. Pero un exdelegado relató que “la orden la dio Care por teléfono”. Le dijo que “va salir la plata y en líneas generales le vamos a pagar 50 al inicio y 50 con el certificado”.

Este exdelegado fue obligado a firmar un acta de apertura de sobres donde no estuvo y un cuadro comparativo de precios donde no intervino. Estaba de licencia en su casa y allí fue Care para insistirle. “Buscó hacer aparecer que había existido una selección de proveedores, y que se había materializado en la Delegación Trelew, situación que no ocurrió”. Todos estos documentos se hallaron en una notebook secuestrada en el Ministerio en Rawson, aunque lo lógico era que estuvieran en Trelew.

Los proveedores recibirían cheques con un anticipo del 50 %. Pero ni de la nota a Díaz, ni de los anexos, ni de las Resoluciones surge ese anticipo. “No fue azar sino parte del plan para evitar ser detectados en el accionar ilícito por la Contaduría General de la Provincia y el cuerpo de Asesores Legales del Ministerio”. Cigudosa actuó así para no quedar al descubierto que violaba la Ley de Contratación al disponer sumas excesivas. A cinco días de las resoluciones los elegidos ya cobraban los primeros cheques.

La acusación considera que se eligió la figura de “Partidas Escolares” para evitar los controles de Contaduría y no tener que generar órdenes de pago presupuestarias. En el expediente ni se menciona el proceso de contratación, que ya estaba abrochado.

Los directores fueron usados como meros intermediarios en el pago. No participaron de las contrataciones: desconocían el proceso, la selección de empresas y los montos. “Esto permitió que Santucho se haya presentado en casi todos los establecimientos a llevar adelante las refacciones, cuando en muchas habían sido otros los proveedores adjudicatarios”. Los directores no podían saberlo porque desconocían el seleccionado.

Santucho ensayó un relevamiento ficticio de las necesidades. Es que hallaran lo que hallaran, ya sabían que harían solamente cambio de tubos fluorescentes y cerraduras, limpiezas de caloramas, reposición de tapas de inodoro, reposición de vidrios rotos, entre otras obras menores. No lo que las escuelas pedían.

“Para hacer más difícil el descubrimiento de su accionar, y darle apariencia de sana competencia, utilizaron varias empresas”. Schmidt usó Lada y Ramida; Gel hizo lo mismo con Gefer y Calypso; Santucho hizo lo propio con Roxana Pereyra (pareja de su hijo).

El fiscal advirtió que en la puja de precios usaron nombres de personas que ni sabían del tema. Como un maestro mayor de obras que no reconoció su firma en las cotizaciones ni fue invitado. “Aumentaban el número de competidores para transparentar y hacer creer que era una competencia limpia, que aparezca una empresa diferente participante a las que fueron elegidas”.

Dibujaron memorias descriptivas y cotizaciones para que pareciera legal. Recorrieron las escuelas, hicieron obras menores, presentaron las facturas y retiraron los cheques. Los endosaron y se lo entregaron a Schmidt, quien a su vez los endosó para cobrarlos. Había facturas presentadas con numeración correlativa: 1, 2, 3, 4, armadas para la maniobra. Care y Hueichan “armaron carpetas con documentación falsa, presupuestos armados y cotizaciones de proveedores totalmente ajenos”.

Hueichán facilitó la entrada de Santucho a las escuelas. Si había problemas con los porteros, pedía que el Ministerio “les aplicara un correctivo” para que el plan siguiera sin contratiempos. Ambos tenían comunicación fluida. También recolectó los teléfonos de las empresas para “documentar falsamente” a quienes se había invitado a cotizar. “Sobre todo por la eventualidad de que fueran citados por la Fiscalía, según los dichos del propio Hueichán”.

Fiscalía concluyó que la competencia fue un montaje. El total de contrataciones de la región IV de $3.456.223 debió haberse licitado.

Por ejemplo, en la Escuela 47 debía trabajar Calypso, propiedad de Gel. Eran $ 347.0000 y su 50% superaba el límite. “De manera ingeniosa quienes realizaron el cuadro comparativo de precios decidieron dividir el monto por tres, arrojando como partida $ 145.000”.

Los secuestros incluyen un celular Samsung con una leyenda en su funda: “Lo mejor está por llegar”.#

“Insistían todo el tiempo con el pago”

Empresas y empleados recorrieron las escuelas desde enero, dice la acusación. El director del Centro de Formación 650 le pagó a Currumil $ 54.937. Declaró que los precios estaban sobrefacturados. Ese que ese Centro forma profesionales que saben cuánto cuestan estos trabajos.

Desde la Escuela 47 advirtieron que no había orden por escrito. “No sabíamos qué iban hacer, y quiénes”. No sabían a quién metían en las aulas. Allí debía trabajar Lada pero el cheque fue para Ramida. “Care llamaba insistentemente para que pagaran”. No le hicieron caso hasta que Delegación envió una nota.

La Escuela 178 le pagó a Gel, de Calypso. Lo raro es que presentó boleta con el monto exacto: $ 49.453. Gel no debía trabajar allí ya que la adjudicataria era Lada. “Demuestra que contaba con información previa y exacta sobre el monto a cobrar, y que Lada y Calypso forman parte de la maniobra”.

En la Escuela 185 Santucho se presentó pero le negaron el cheque ya que no tenía orden del Ministerio. Hasta que llegó la nota de Delegación.

En la cuenta de la Escuela 202 Educación depositó $ 112.941. Pensaron que era para el comedor, según una declaración. Hasta que se presentó Henríquez a cobrar. Les llamó la atención que el monto depositado coincidía con la boleta.

A la cúpula de la Escuela 401 no sólo le llamó la atención que primero llegara la partida para refacciones y luego Santucho a cobrar, sino que “sobre lo urgente no se hizo nada, incluso el gas en los termotanques y calefactores no fue habilitado”. Esto ponía en riesgo la seguridad de los chicos. Schmith debió llamar de urgencia a un gasista. Lo raro es que la elegida era Calypso y no Schmith.

Una referente de la Escuela 795 explicó que las refacciones cada año las hacía personal de Obras Públicas o de la delegación del Ministerio. Siempre se relevaba y se elevaba a Educación. “Pero este año fue distinto. A comienzos de año se nos asignan $ 104.000, por lo que consultamos a Delegación y se nos anotició que era para pagar las refacciones. Se presentó Lada y el representante fue Santucho. Todavía no habían cambiado los tubos fluorescentes de tres aulas y ya querían cobrar, insistían todo el tiempo con el pago”.

Tampoco en la Escuela 509 los arreglos coincidían con las necesidades. Y en la Escuela 7.705 Henríquez intentó cobrar sin la obra hecha. En ambas Santucho se presentó como encargado y dejó su número. #

“Los directores comenzaron a pedir explicaciones”

Las necesidades del “Plan Verano” no eran lo que las escuelas pedían urgente. Padecían paredes agrietadas, tableros de luz en mal estado, falta de pintura, inundaciones. “Se pudo poner en riesgo con dicho accionar la seguridad de los niños”, subrayó la Unidad Anticorrupción. En la Escuela 441 hasta decidieron no iniciar las clases al no verificarse los trabajos de gas.

El grupo imputado no atendió prioridades ni le importó recibir en condiciones a los chicos. El modelo básico fue limpiar calefactores, cambiar luces y tapas de inodoro, reponer vidrios, cambiar tomacorrientes y arreglar baños.

En una escuela se presupuestó una costosa bomba de agua por $ 11.707. Pero las que tenía funcionaban. Ni Santucho sabía porque la habían presupuestado. Por las dudas, la dejó.

El precio de los elementos fue mayor al valor de mercado. En los cambios de tubos led y limpieza de calefactores la mano de obra superó ampliamente el valor de los materiales: en algunos casos fue tres o cuatro veces más del precio de lista comercial.

En la Escuela 4 se presupuestó por limpiar cada calefactor $ 6.034,49 por unidad. Gasistas matriculados declararon que en realidad, esta limpieza cuesta entre $ 600 y $ 800. El contratado por las empresas investigadas, refirió que oscila en los $ 1.000. “Claramente deja en total evidencia el elevado precio cotizado por Santucho y la empresa Calypso (Daniel Gel), quienes cobraron los disparatados importes”. Embolsaron fácilmente entre 5 o 6 veces el precio de mercado.

En la Escuela 729 se cambiaron 79 tubos fluorescentes cobrando $ 45.790. Esos tubos valieron $ 129 cada uno. Total: $ 10.191. Gel cobró como mano de obra $ 35.605. O sea, más de tres veces el valor del material.

En la Escuela 20 se presupuestó $ 5.600 por el cambio de 2 tubos. Valían $ 219 cada uno. La mano de obra se cobró $ 5.162.

En la Escuela 509 se presupuestó $ 47.260 por el cambio de 63 tubos. Pero el precio por unidad fue de $ 129. O sea que el costo de materiales era $ 8.127. “Es excesiva la suma de $ 39.133 el valor de la mano obra, más de cuatro veces el valor de los materiales”.

Los trabajos de recambio de tubos ni siquiera se verificaron. Consta en las actas que no se sabe si se reemplazaron.

“A tal punto llegó la situación irregular que los directores comenzaron a solicitar explicaciones al Ministerio y a la Delegación para saber qué empresa era designada, quiénes realizarán la refacción y quiénes estarían a cargo, debido a que no contaban con esa mínima información”. Exigían instructivos por escrito.

El grupo necesitaba que las escuelas estén abiertas, algo difícil en vacaciones de verano. Fue Hueichán quien llamó a la Delegación y los directores para que dejen entrar al personal.

Henríquez –por orden de su jefe Schmitd- en la mayoría de las escuelas pasaba a cobrar los cheques sabiendo el importe para las facturas. No podía saberlo sin datos internos del Ministerio. Y Santucho aparecía como jefe de los trabajos pero sólo recibía órdenes de Henríquez, quien a su vez las recibía de Schmitd.

La maniobra intentó replicarse en Puerto Madryn. De Lada le escribieron a Schmitd: “Vos agarrá 25 y me decís cuáles son”. Santucho contesta: “Ok, hoy me da la lista Corcho (por Care)”. Y de nuevo Lada: “Ok vas a ser 18/ de Madryn por si hablas con Corcho”

El concurso para la ciudad del Golfo se hizo pero quedaron afuera. Sus presupuestos eran muy caros.

Detrás de todas las empresas aparece Schmitd. “Su papel es clave, toda vez que el despliegue de empresas y de personas fue con un solo fin: quedarse con las partidas. Fue el último beneficiario”. También el último endosante de los cheques.

Hasta ensayó una estrategia por si la Justicia los rozaba. Se halló un manuscrito suyo con frases así: “LADA, RAMIDA, CURRUMIL, ROXANA, SANTUCHO, CALYPSO, GEFER”, “Todos contratan a Santucho como supervisor y dirección técnica de cada escuela y obra”, “ASOCIACION ILICITA?”, “Vale declaración de Díaz??”, “Lada y Ramida compiten en una misma obra que hacer” y “Qué hacer si somos citados por el fiscal”. #

“El motivo fuela codicia”

La acusación que elevó la Unidad Anticorrupción calcula unos 182 testigos sumando exdiputados provinciales, secretarios, directores, profesores y personal, entre otros. Lo más probable es que la lista se reduzca en acuerdo con las defensas. Las escuelas involucradas son las número 4, 20, 47, 167, 178, 185, 190, 306, 401, 441 459, 504, 525, 552, 509, 650, 702, 729, 752, 776, 795, 202, 404 y 7705.

Con distintos grados de participación todo el grupo será enjuiciado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

El fiscal Omar Rodríguez lo consideró “un ataque al erario” con un solo fin: “Obtener un lucro indebido. El motivo fue la codicia, toda vez que no tenían ningún tipo de necesidad”. Aprovecharon sus lugares estratégicos en el poder estatal y usaron el verano, cuando no había directores que certificaran los trabajos ni indicaran las obras necesarias.

Para Cigudosa y Care pidieron inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una pena no inferior a los 3 años y 6 meses de prisión; para Hueichan, 2 años e inhabilitación perpetua; para Currumil y Pereyra, 2 años; para Santucho y Gel, no menos de 3 años. Y para Schmitd, no menos de 4 años.

Rodríguez también reclamó el decomiso de los bienes fruto de las conductas ilícitas enrostradas: bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio, señaló Diario Jornada.

Dos abogados comodorenses denunciaron a la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, acusándola de fraude a la Administración Pública en base a hechos de corrupción que la funcionaria habría cometido –según los letrados– durante su gestión en el Gobierno Provincial.

Los denunciantes –según publica Diario Crónica– son el doctor Gastón Bordier y su socia, la doctora Cintya Castro. Bordier, en breves declaraciones que hizo ayer confirmó que el pasado 5 de Agosto hicieron la presentación ante la Fiscalía del fiscal Iturrioz, en Comodoro Rivadavia.

El abogado se excusó de brindar mayores detalles de lo que exponen en esa denuncia dado que allí piden una serie de diligencias que podrían estarse realizando en las próximas horas.

“Hay una serie de hechos ilícitos que hemos corroborado, sobre los cuales hemos agregado prueba y obviamente el fiscal que lleva el caso hará las medidas preliminares y las diligencias correspondientes para la averiguación de la verdad sobre estos hechos”, dijo Bordier.

“Esto es total y absolutamente independiente de las causas que Otarola tiene en el Valle con respecto al manejo que hacía de los supuestos ‘ñoquis’, de otorgarle funciones a personas que no las cumplían, pero podemos decir que esto (lo que él y su socia denuncian) es mucho más grave en el monto en que habría estafado a la administración pública”, afirmó.

El fiscal Omar Rodríguez lleva adelante una investigación contra la exdiputada provincial y actual ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola. Es por presuntas inconsistencias en designaciones de asesores que cumplían tareas personales para la funcionaria, pero cobraban del Estado. La denuncia fue radicada por un contador de la zona Cordillerana.

Fuentes aseguraron que la investigación avanza rápidamente y durante los últimos días se concretaron diversos procedimientos. La semana pasada se llevaron expedientes del Ministerio de Familia y ayer presentaron pedidos de informes en la Legislatura y en la Contaduría General de la Provincia.

Tanto en Legislatura como en Contaduría, el fiscal solicitó información sobre los sueldos, viáticos, ticket de combustible, pasajes terrestres y aéreos y alojamiento tanto de Torres Otarola como de las personas que designó como secretarios, asesores y contratados.

El presunto delito que investiga Fiscalía es por fraude al Estado, pero desde la justicia indicaron a EL CHUBUT que «podría sumarse peculado», de acuerdo a la información que vaya surgiendo de los documentos.

El informe que presentó Rodríguez en Legislatura y al que accedió EL CHUBUT indaga sobre «los sueldos netos abonados a Cecilia Torres Otarola» y cómo fueron pagados: Si fue por cheque o depósito bancario.

«Informe sobre los viáticos liquidados a Cecilia Torres Otarola indicando monto, fecha y forma de pago», como así también sobre «gastos en concepto de alojamiento, combustible y pasajes», describe la nota que presentó el fiscal ayer en la Casa de las Leyes.

También interroga sobre las viviendas alquiladas desde la Legislatura a la exdiputada y actual ministra, y exige un listado de «los asesores, secretarios o contratados que fueron asignados por Torres Otarola».

El comisario José Luis Santillán fue destituido en grado de exoneración de la Policía de la Provincia del Chubut luego de un juicio abreviado en el cual reconoció un fraude con tickets de combustible cuando era titular de la Comisaría de El Maitén. El decreto es del 8 de junio y se publicó en la semana. Fue condenado a 3 años de prisión en suspenso más inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público Fiscal le imputó a Santillán peculado y falsedad ideológica de instrumento público por los desmanejos con 165 tickets de combustible y 10 planillas de rendición que enviaba al Área de Finanzas de la Dirección de Recursos Materiales.

Los datos se los confirmó el jefe de la fuerza, Miguel Gómez, a Jornada. “Santillán tenía un sumario administrativo motivado en una serie de irregularidades detectadas en El Maitén”. Cuando se ahondó en la investigación administrativa se inició la causa en tribunales. “En el fuero penal estaba cerca del juicio oral y público, entonces va a un proceso abreviado en el cual reconoce lo que le achacaban”. La condena fue homologada el 26 de noviembre de 2018 por el juez Jorge Criado.

Según describió Gómez, el comisario “dibujaba y rendía de manera irregular los vales del consumo de combustible de la Comisaría de la dependencia; adulteraba la rendición y se quedaba con tickets que cambiaba por dinero y mercadería en la misma localidad”.

Santillán cometió este delito durante al menos tres lapsos: del 13 de octubre de 2014 al 27 de mayo de 2016; del 12 de febrero de 2015 al 20 de enero de 2016 y del 3 de octubre de 2013 al 13 de diciembre del 2015.

Como en esos años se profundizaba el conflicto con pueblos originarios y los patrullajes eran más frecuentes, Santillán solicitaba más tickets pero en varios casos se quedó con la diferencia. Llegó a rendir la carga de nafta para el tanque de vehículos gasoleros, le dijo a este diario el fiscal general de Esquel Carlos Díaz Mayer.

El análisis de los comicios en Bolivia lo realizaron investigadores del MIT destaca que “las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas”.

El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado al informe realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicado en un foro del diario The Washington Post, duramente criticado por la OEA, en el que se destaca que el ahora ex presidente boliviano Evo Morales​ ganó las elecciones sin fraude.

Fernández destacó desde su cuenta en Twitter que el «informe difundido critica con singular dureza, por su inconsistencia, la auditoría realizada en esa oportunidad por la OEA, que concluyera en afirmar la existencia de irregularidades en la elección que ahora se reivindica».

«Como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA que estaba llamada a velar por la plena vigencia de la democracia», insistió Fernández.

El presidente lanzó a su vez críticas a Mauricio Macri, a quien cuestionó porque, según destacó, «guardó un silencio cómplice ante semejante atropello, desoyendo las voces que entonces se levantaron para preservar la institucionalidad boliviana».

Reclamó Fernández «la pronta democratización de Bolivia, con la plena participación del pueblo boliviano y sin proscripciones de ningún tipo».

Según se detalló en ese foro del medio estadounidense, los investigadores estudiaron la tendencia del escrutinio antes y después de que se interrumpiera el conteo rápido al 84 %, punto en el que los opositores a Morales denunciaron el inicio del supuesto fraude, que acreditó después la Organización de Estados Americanos (OEA).

El informe ─publicado originalmente por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) que tiene entre sus integrantes a un ex Canciller de Rafael Correa─ marca que «el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas».

El primero que reveló el estudio similar sobre Bolivia, en noviembre pasado, fue el propio Correa, también citando al CEPR.

Agrega el informe que es «altamente probable que Morales superase el margen de 10 puntos porcentuales», al defender que la tendencia alcista que impulsaba al entonces mandatario era anterior a la interrupción del conteo rápido.

Evo Morales vive exiliado en Argentina y pretendía presentarse al Senado en los nuevos comicios programados para mayo, pero su candidatura fue inhabilitada por los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral nombrados por Jeanine Áñez, informó El Clarín.

La advertencia vino luego que el presidente, Evo Morales, denunciara un intento de golpe de Estado en marcha en el país suramericano.

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, advirtió a Bolivia que habrá «serias consecuencias en sus relaciones con la región» si observan irregularidades en los resultados de las elecciones del pasado domingo en el país suramericano.

Kozak, en una audiencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., informó que Washington pidió a La Paz que «respete los votos emitidos por el pueblo».

En su cuenta en Twitter, Kozak también hizo referencia al tema: «EE.UU. se alinea con nuestras democracias socias para insistir en el respeto a los votos emitidos por el pueblo boliviano de acuerdo con la Constitución boliviana y la Carta Democrática Interamericana», escribió.

El lunes pasado, el mismo funcionario estadounidense ya había señalado que estaban «observando de cerca» la primera ronda electoral en Bolivia, e hizo referencia a la «repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos».

La oposición boliviana ha denunciado que hay «fraude» electoral, luego que los resultados del conteo rápido le darían una victoria al mandatario sin necesidad de ir a balotaje. Sin embargo, el principal contendiente de Morales, Carlos Mesa, aún no ha presentado ni una prueba que sustente ese señalamiento.

Los opositores han iniciado una serie de manifestaciones en varias ciudades del país, que han incluido actos de vandalismo contra sedes de tribunales electorales departamentales.

«Golpe de Estado en marcha»

Por su parte, el presidente Morales ha denunciado que está en proceso un golpe de Estado en su país.

«Denuncio ante el pueblo boliviano y el mundo que está en proceso un golpe de estado que ha sido preparado por la derecha con apoyo internacional. Hago un llamado a organismos internacionales a defender la democracia», dijo en conferencia de prensa.

Bolivia invitó a los observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a verificar «una a una las actas de todo el país» para garantizar la transparencia de los comicios.

Mientras se espera que difundan los resultados, manifestantes opositores mantienen su vigilia frente a las sedes de los tribunales electorales. En algunos lugares se desató violencia.

En medio de la incertidumbre, sin resultados definitivos de las elecciones 48 horas después de cerradas las mesas de votación, este martes a la noche surgieron nuevas protestas en Bolivia , para denunciar el supuesto fraude cometido por el gobierno para asegurar la reelección de Evo Morales.

En el final de un día tenso, con mucha presencia policial y convocatorias a marchas tanto por parte de la oposición como de militantes del oficialista Movimiento al Socialismo,las marchas se hicieron más masivas y se registraron incidentes en algunas ciudades, como en Santa Cruz de la Sierra, donde un grupo de seguidores del candidato opositor Carlos Mesa se enfrentó con la policía cuando intentaban llegar hasta la sede del Tribunal Electoral local. La policía reprimió con gases lacrimógenos.

También en Oruro, en el sur del país, donde el lunes a la noche hubo serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la escena se repetía el martes. Las protestas, en las distintas ciudades, se dan frente a las sedes de los tribunales electorales, en respuesta al llamado que hizo Carlos Mesa.

En otras ciudades también hubo protestas masivas. En Cochabamba, en el centro del país, uno de los departamentos donde Evo tuvo un apoyo más grande, grupos opositores y de la sociedad civil convocaron a un Cabildo -una asamblea popular- en pleno centro de la ciudad. Una multitud con banderas reclamó allí que se respete el voto y alertó contra el intento de fraude. La marcha fue pacífica y los organizadores llamaron a un “paro cívico” hasta que se difundan los resultados y se confirme que habrá una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

En La Paz también se manifestaron los seguidores de Mesa frente al hotel de la zona de Sopocachi donde se instaló el centro de cómputos. La zona estuvo custodiada por un férreo operativo policial durante todo el día, para evitar episodios de violencia como los del lunes, cuando la policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes, tanto oficialistas como opositores, que se enfrentaron con violencia, informó El Clarín.