Es que hay altísimas probabilidades de que el 10 de diciembre se quede desnudo de poder, y eso inevitablemente activa el modo despedida en que se lo observa al jefe de Estado en sus últimos actos públicos.
En los escritorios de la Rosada se lee un centenar de expedientes que están abiertos, pero son ocho los que provocan la mayor atención. Algunos transitan los fueros civiles y comerciales, pero los que más pánico le generan son los que podrían disparar consecuencias penales.
LAS OCHO CAUSAS QUE SON PESADILLAS
Correo Argentino: la última novedad de, tal vez, las causas por el primer escándalo de la gestión Cambiemos, es que la jueza Marta Cirulli, a cargo del expediente concursal del Correo (firma residual de los Macri) en que se dirime la deuda millonaria que tiene con el Estado, resolvió intervenir la empresa ante lo que consideró ocultamientos reiterados de información y hasta la entrega de datos falaces, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario de la familia presidencial.
La resolución dispone una “coadministración” de la compañía, pero no quita a quienes están actualmente a cargo. La fiscal Gabriela Boquín -que denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a $ 4500 millones, pero que calculada a 2033 alcanza los $ 70 mil millones, a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales- había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores.
Mientras tanto, el Gobierno fue a la Corte Suprema Justicia para pedir más tiempo en la causa en donde se analiza la deuda entre el Estado y el Correo, controlado por el grupo Macri. La Cámara Comercial envío al máximo tribunal un planteo que hizo la Procuración Nacional del Tesoro en busca de más tiempo para resolver si acepta o rechaza una propuesta de la empresa en el marco del concurso de acreedores.
De estos hechos acerca de la deuda de la firma con el Estado, que datan de 2001, luego derivó la causa penal que tramita en Comodoro Py por el intento de condonación multimillonario, en la fueron llamados a declaración indagatoria el ministro Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de Correo, y en las últimas horas el juez Ariel Lijo dispuso un estudio contable para esclarecer si, efectivamente, esa quita fue o no abusiva.
La devaluación post PASO: “Si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes”, dijo Macri en una entrevista en septiembre de 2018. Algo así podría haber pasado en agosto de 2019, más precisamente el 12 de ese mes, al día siguiente de las primarias, cuando el dólar se disparó y la justicia investiga si ésa fue una decisión deliberada del Presidente y dañina para la Argentina. En ese caso, el mandatario no estaba “en control”, como dijo su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, en la fatídica conferencia de prensa de ese día.
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió investigar los acuerdos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para averiguar si desde el Poder Ejecutivo se propició una disparada del dólar y devaluación luego de las primarias.
Según informó la agencia de noticias NA, tras el requerimiento que hizo la fiscal con varias medidas de prueba, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral deberá definir el destino de la investigación. Entre las medidas que solicitó la Fiscalía, se encuentra el otorgamiento por parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del FMI y el Gobierno.
También se solicitó que la Jefatura de Gabinete entregue los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del Banco Central correspondientes al lunes 12 de agosto, el día siguiente de las elecciones primarias y cuando comenzó el alza del dólar. Otra de las medidas de prueba que evalúa el juez tras el pedido fiscal es saber, de acuerdo a datos del BCRA, el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios ese 12 de agosto.
La denuncia que originó la causa la realizó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, al considerar que al día siguiente de las PASO hubo “una suba indefinida del dólar”, frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios.
Había sido el ex titular de la entidad que regula los bancos Martín Redrado quien, en una entrevista radial, había asegurado tener “información” de que el propio gobierno de Macri habría ordenado castigar con esa devaluación a los argentinos por su voto.
El Business de los peajes: la investigación penal que también tiene a su cargo Canicoba Corral por estafas en los peajes de Autopistas del Sol, la empresa que tiene la concesión de la Panamericana, es otra que preocupa al Presidente. Carlos Stornelli, sorpresivamente, tomó una determinación en las últimas semanas que impulsó el expediente por una maniobra previa al
desprendimiento del 7% de acciones que controlaba el Grupo Macri.
De acuerdo a una denuncia de diputados del FpV-PJ, Autopistas del Sol presentó un recurso ante el tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI) para exigirle al Estado nacional un resarcimiento de USD 1.100 millones por presuntos atrasos tarifarios. Cuando Macri llegó al poder, Guillermo Dietrich, desde el Ministerio de Transporte, aceptó pagarle a esa empresa del Grupo Macri USD 499 millones para resarcirla, pero con el objetivo de sacar provecho del conflicto en el CIADI para renovar el contrato de los peaje y sacar ganancias de ello.
La operación salió a la luz por una investigación del periodista Alejandro Bercovich en C5N. Del material surgido del expediente armado por la interventora de Ausol, se constataba que la demanda del CIADI era una trampa al fisco en la que la firma buscaba quedarse con la renovación de la concesión y antes cobrarse los 499 millones.
Según la causa, hay un testimonio determinante: el de la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll, que participó de las negociaciones con Ausol y después fue despedida por el entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel, que responde directamente a Dietrich.
Otra denuncia sobre el business de los peajes de Macri promovida por Margarita Stolbizer, pero fue desestimada por el fiscal Guillermo Marijuán. Ese expediente tenía que ver con el incremento de las acciones cuando Macri llegó al poder, tras el caso del Ciadi y los tarifazos en el sector. En enero de 2015, cada acción valía cuatro pesos, pero, luego de la renegociación de los contratos y los aumentos del 200 y 270%, cada papel de Ausol subió a 14,50 y luego a 75,50. Cuando llegó al valor más alto, el Grupo Macri se desprendió del 7% que tenía de Ausol por USD 19,7 millones. Si la venta se hubiera realizado al precio
de enero de 2015, como expuso Página 12, no habría facturado más de tres millones de dólares.
El famoso soterramiento del Sarmiento: a pesar de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que lo reemplazará por un viaducto -¿temor o ajuste?-, la investigación por la obra de colocación bajo tierra del ferrocarril Sarmiento sigue en pie. En este caso la tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal a cargo es Franco Picardi.
El foco principal es el decreto de necesidad y urgencia que firmó Macri para reemplazar los $ 40.000 millones que originalmente iba a proporcionar el consorcio que se quedó con la obra, integrado por la cuestionada brasileña Odebrecht, la firma cercana a los Macri IECSA, la italiana Ghella S.p.A. y la española Comsa. Es que a pesar de haber asegurado y haber firmado que iban a obtener el financiamiento para el desarrollo, nunca lo hicieron y el líder PRO, en vez de anular la licitación, les concedió los fondos con un DNU que podría aparejarle de las peores complicaciones penales imaginables en materia de corrupción.
Todos los ex funcionarios de la gestión anterior están procesados a partir de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que reconocieron haberles pagado coimas. Sin embargo, hace dos meses la AFIP pidió la indagatoria de Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, porque “quedó en claro que IECSA armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas”.
Hasta la obra “símbolo” del macrismo, el Paseo del Bajo, terminó en pesadilla para Macri: Dietrich no sólo está salpicado por el caso de los peajes, sino que también es investigado por favorecer a IECSA -que pasó del mandatario a su primo, y de éste a Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos de la gestión Cambiemos- para que se quedara con el desarrollo del tramo más costoso de la obra con la que el Presidente lanzó su campaña electoral para las PASO.
IECSA es una empresa vial y de obras públicas que fue fundada por Franco Macri, luego fue conducida por Mauricio, pero que este último hizo transferir desde el Grupo Macri a Calcaterra cuando Cambiemos llegó a la Rosada. Los tramos del Paseo del Bajo fueron licitados en 2016 y la empresa seguía en manos de Calcaterra, que luego la habría vendido a Mindlin, empresario que ya inició su salto al nuevo tiempo, al reunirse con Alberto Fernández.
El negocio de los parques eólicos: Detrás de la estrategia para promover energías renovables de la administración PRO, podría esconderse el negocio con los parques eólicos que puso en marcha Macri en 2016 y que también provocó problemas judiciales que preocupan al hipotético mandatario saliente.
Raro entramado: esos parques quedaron originalmente en manos de la empresa española Isolux, que luego las vendió a un grupo armado por Sideco Americana, del Grupo Macri, que desarrolló con cuatro empresas un grupo a nombre de un contador que adquirió seis parques en Chubut y en la provincia de Buenos Aires.
El primer paquete de parques fue vendido por USD 25 millones al grupo controlado por Sideco, que luego los revendió al Grupo Macro, integrado por Genneia y la empresa china Goldwind, que les permitió obtener el doble de la inversión inicial.
El caso Avianca: otra negocio-operación que pone a Macri en situación de preocupación por sus derivaciones judiciales es el de la llamada por Dietrich “Revolución de los Aviones”. Específicamente por la venta de Macair, la empresa de vuelos privados del Grupo Macri que fue comprada por el Grupo Avián, de capitales colombianos y brasileños, para desembarcar en el país en el paquete de las low cost.
Macair salió de las manos del Grupo Macri cuando ya se sabía que el presidente Macri pondría en marcha un cambio en el sistema de aeronavegación comercial que permitiría el desembarco de nuevas aerolíneas, las de bajo costo. Cuando fue comprada por la subsidiaria de Avianca, la empresa obtuvo la adjudicación de 36 rutas por 15 años, pero las denuncias que engrosan el expediente advierten que la nueva firma no contaba con la documentación para adjudicarse esos vuelos.
En el caso están imputados el propio Macri, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el infaltable ministro Dietrich. Están investigados por los supuestos delitos de irregularidades en la administración del espacio aéreo, tráfico de influencias, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.
El blanqueo de capitales (con privilegios para los amigos): la decisión de Macri de habilitar la “repatriación” de capitales para sus propios familiares es uno de los casos que más podría generarle nuevas complicaciones a partir de un planteo que presentó el diputado nacional Felipe Solá y que debe resolver la Corte Suprema.
El máximo tribunal -donde también ya circulan las dudas acerca de qué hara su presidente, Carlos Rosenkrantz, y cómo se moverá su antecesor, Ricardo Lorenzetti- debe definir si el legislador puede cuestionar por vía judicial el blanqueo de capitales que aprovecharon familiares del Presidente y funcionarios de su gobierno, porque lo hizo por decreto.
Si la Corte le da la razón a Solá, las intimidades del blanqueo deberían ser investigadas: desde los 622 millones de pesos que declaró Gianfranco Macri, uno de los hermanos del líder PRO, en comparación con los 126 millones que dijo tener el jefe del Estado.
La trama del blanqueo también abre puertas, como explicó Letra P, a pesquisas referidas a los Panamá Papers, como los cuatro millones de dólares que Gianfranco reconoció haber escondido en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. Los interrogantes sobre las off shore del mandatario son también interminables.