El juez Virgilio Galanti admitió parcialmente la demanda que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y el gremio docente Agmer y estableció la nulidad -«por inconstitucionalidad e ilegalidad»- de tres artículos del Decreto Nº2.239 que regula la aplicación de agroquímicos.
Por ello, hoy «nos concentraremos a las 9 de la mañana en los Tribunales de Paraná para manifestar nuestro rechazo al fallo judicial que vuelve todo atrás y plantea los mil metros de distancia para fumigaciones terrestres y tres mil metros para las aplicaciones aéreas», informó el dirigente rural Alfredo Bel.
«Los productores quieren manifestarse y hacer una tarea de esclarecimiento. Decir que hay una discriminación hacia su trabajo, que son miles los afectados y que no existe conflicto alguno entre salud y producción. Éste es un conflicto inventado a partir del fundamentalismo de grupos sectarios que llevan las cosas al extremo», aseveró.
Luego indicó que «hay casi 850 escuelas rurales y solo hay conflicto en dos o tres, pero en el resto hay una convivencia plena» y fue más allá al asegurar que, de hecho, «los propios alumnos son los hijos de los productores que ahora no van a poder trabajar».
Fue en este marco que aseguró que «esta decisión de la Justicia va a contramano de la realidad».
«Encima es un fallo terminante que no permite hacer nada. Ni siquiera se pueden aplicar productos de origen biológico», acotó.
Consultado por los argumentos del juez Galanti, que esgrime que el decreto transgrede derechos humanos, ambientales y de salud, Bel sostuvo: «Utiliza otra biblioteca», una diferente a la que se usó para elaborar el decreto.
Finalmente, el dirigente de la FAA destacó a Apf el decreto del gobernador Gustavo Bordet porque «se elaboró a partir de un exhaustivo trabajo de relevamientos, de un análisis profundo de legislación comparada, de información proporcionada por organismos públicos como el Conicet, el Senasa, el INTA, y universidades, entre otros elementos».
Vale aclarar que el Gobierno provincial el viernes pasado apeló el fallo que declara parcialmente inconstitucional el decreto y ahora la definición está en manos del Superior Tribunal de Justicia.