En orden de favorecer a sus socios políticos, el gobierno de Mauricio Macri no dudó en modificar el régimen para funcionarios jerárquicos del Estado otorgándoles mediante el decreto 788/19 estabilidad por cinco años. De esta manera, los cargos políticos que nombraron permanecerán en su cargo como mínimo un año más, ya bajo la gestión del Frente de Todos. El decreto dispone que si no se cumple la norma, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, lo que implicaría sumas de varios millones de pesos.
A contrapelo del discurso que los llevó a despedir y precarizar miles de empleados públicos, Marcos Peña, y Dante Sica, jefe de Gabinete y ministro de Trabajo, respectivamente, decidieron contribuir a los bolsillos de sus funcionarios (directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores) no sólo con un aumento de salario a partir del 2020, sino con una estabilidad que implicaría que cuando el nuevo gobierno quiera designar a sus propios funcionarios deba despedir a los de Cambiemos.
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández caracterizó la nueva norma como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”. La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), por su parte, rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido “pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”.
El convenio fue firmado con el gremio UPCN antes de las últimas elecciones generales aduciendo que brinda estabilidad a los trabajadores. Sin embargo, la presunta “estabilidad” es para ATE una excusa, ya que de ser el tema central habrían comenzado por las categorías inferiores y no por las superiores. Luciano Fernández, secretario general de ATE Capital lo describió como que “ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos, todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años”.
El secretario general del gremio de los abogados (AGAE) Rubén Ramos decidió “judicializar” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.
Asimismo Ramos definió esta nueva normativa como “un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.
Ramos ahondó en la actitud del actual oficialismo nacional al preguntarse si “¿existe algún límite moral en un proceso de transición de entrega del poder? ¿Es éticamente aceptable que un gobierno disponga esas medidas de fondo a muy escaso tiempo de su finalización? El límite debe ser la prudencia, que hoy no abunda”.
Dentro de una prudente lógica, cabe esperar que el gobierno entrante no pague cifras multimillonarias para nombrar sus funcionarios y que para ello previamente derogue el decreto homologado por el presidente Macri el martes último.
