Al empresario vinculado a los Kirchner lo embargaron por $ 9 mil millones. La medida también cayó sobre Pérez Gadín y Chueco.
El juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar con prisión preventiva al empresario patagónico Lázaro Báez por lavado de activos. Esta vez, lo hizo por la compra irregular de un campo en Uruguay: “El Entrevero”. Además, el magistrado le trabó un embargo por $9.008.712.000, un monto que se suma al dinero confiscado en la Ruta del Dinero K.
Aparte de Báez, Casanello procesó a Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Maximiliano Goff Davila, Santiago Corradori, Alejandro Acosta, Antonio Demarco y Oscar Guthux. En el caso de los dos primeros, también recibieron prisión preventiva, indicaron fuentes del caso.
El delito prevé un máximo de 10 años, pero el magistrado advierte que la situación de Báez, agravada por “la habitualidad y de la participación como miembro de una banda formada para la comisión de hechos de lavado”, desencadenaría, en caso de condena, que sea de cumplimiento efectivo.
Casanello también tiene en cuenta “la presencia de riesgos procesales”. “Existe la firme sospecha -corroborada por la documentación remitida por Suiza y Bahamas- de que parte de los fondos originariamente expatriados se encontrarían aún ocultos en productos bancarios del extranjero, como así también la existencia de recursos económicos y un importantísimo patrimonio en este país” que le facilitarían al empresario “abandonar el país o permanecer oculto”.
A la vez, destaca que Baéz contaría con contactos locales y extranjeros que podrían “prestarle auxilio”. En el procesamiento, Casanello asegura: “Nos encontramos ante la imposibilidad de localizar la totalidad de los bienes pertenecientes a Austral Construcciones S.A. y su principal accionista”.
La operación de compra de “El Entrevero”
La estancia habría sido adquirida dentro del esquema de corrupción desplegado por una asociación ilícita destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente de los fondos del Estado asignados a la obra pública vial, según lo considera probado el juez.
“El Entrevero”, de 152 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 170, de la Ruta Nº 10 de la República Oriental del Uruguay, cerca de Punta del Este. Era propiedad de Walter Kobylanski Brandhuber y su valor ascendía a U$S 14.000.000.
Hacía finales de 2010, Fariña -que declaró como arrepentido- se contactó con la inmobiliaria a cargo de la venta del campo con el fin de realizar un desarrollo inmobiliario. El exvalijero abonó en carácter de seña U$S1.400.000.
Luego, los imputados habrían adquirido la firma “Traline S.A.”, registrada en Uruguay, y colocaron a Maximiliano Acosta como su presidente, y el 24 de febrero de 2011 se otorgó un mandato de disposición general, afectación, administración y judicial por Traline SA a Maximiliano Goff Dávila, indica el procesamiento.
El 4 de marzo de 2011 se firmó el compromiso de compraventa en el que figura como adquirente la sociedad uruguaya “Traline SA”, representada por Maximiliano Acosta y como vendedor Walter Kobylanski Brandhuber. Se pagarían los U$S 14.000.000 en varias cuotas y por diversos medios de pago.
Luego, el 15 de abril y finalmente el 16 de junio de 2011 se hicieron modificaciones al compromiso de compraventa. Luego, habrían tomado intervención Daniel Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco y Osvaldo Ghutux. Los dos primeros habrían viajado a Uruguay para efectuar gestiones sobre el campo.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el 22 de junio de 2011 se designó a Osvaldo Guthux como presidente y único integrante del Directorio de Traline S.A., en reemplazo de Alejandro Maximiliano Acosta. El 1 de agosto de 2011 el vendedor otorgó carta de pago por el total del precio.
Ese mismo día, Traline S.A., cedió la promesa de compraventa a favor de JUMEY S.A -representada por Daniel Pérez Gadín- y finalmente se celebró la compraventa de los padrones 26.630 y 26.632 del departamento de Maldonado entre Kobylanski Brandhuber y Jumey S.A”.
En su declaración, Fariña ratificó que hizo la operación “en favor de Lázaro Báez”.
“Lázaro Báez, en su carácter de propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las ordenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Garín y Chueco- para aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”, explica el fallo.
“Los mencionados, a sabiendas, actuaron en pos de concretar un negocio de dimensiones millonarias -recordemos que resulta una estancia de 152 hectáreas con un potencial de obtención de ganancias exorbitantes- en el cual cada uno tuvo un beneficio económico, es decir, ninguno intervino de manera gratuita, en lo que resultaba ser una inversión de 14 millones de dólares comandada por un joven de 23 años como representante de un grupo inversor”, resume Casanello.