Nación negocia a contrarreloj con la oposición para aprobar el endurecimiento de penas por los recursos en el archipiélago.
En una desenfrenada carrera a contrarreloj en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional aceleró las tratativas con legisladores aliados y de la oposición para destrabar el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas.
Negociaciones febriles antes de un plenario decisivo en Diputados
La Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica dispusieron un plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores para este martes 27 de octubre a las 16 horas, en busca de obtener dictamen favorable e intentar llegar al recinto.
Del trascendental encuentro con la dirigencia parlamentaria participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, junto a referentes del PRO, el MID e incluso representantes del Partido Justicialista (PJ).
La premisa oficial es dar el debate parlamentario de inmediato, teniendo en cuenta que el mes de noviembre se proyecta totalmente saturado por las discusiones del Presupuesto 2027, las jornadas festivas ante la visita del papa León XIV y los comicios de medio término en los Estados Unidos. En este sentido, Ravier enfatizó que «esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos», agregando que la causa Malvinas es prioridad para el Ejecutivo.
Penas de 20 años de prisión, derribo de aeronaves y creación de un Consejo de Seguridad
El proyecto gubernamental reemplaza a la histórica Ley 26.659 e impone penas de hasta 20 años de cárcel a quienes exploten o cooperen en la extracción no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.
Asimismo, establece la inhabilitación para operar comercialmente en el país, la creación de un Registro Público de Infractores (con prohibición absoluta de contrataciones estatales) y la aplicación del juicio en ausencia para los delitos tipificados. Adicionalmente, prohíbe el financiamiento extranjero a campañas políticas y sanciona penalmente la desinformación masiva o las operaciones clandestinas de inteligencia dirigidas desde el exterior.
Otro eje neurálgico del documento es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo conducido por el Presidente e integrado por la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este cuerpo de elite tendrá facultades para congelar activos, restringir operaciones cambiarias y, como recurso de última instancia ante amenazas hostiles, autorizar el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques.
Además, la normativa faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interna frente a agresiones externas, blinda el registro terrorista (RePET) y habilita la inmovilización inmediata de bienes. El oficialismo busca enviar un mensaje contundente contra el avance de proyectos hidrocarburíferos ilegales como Sea Lion en la Cuenca de Malvinas.