La Cancillería mantiene en reserva los 60 expedientes administrativos iniciados en septiembre a la espera de un marco normativo con penas más severas. Las negociaciones en el Congreso sobre el Consejo de Seguridad Nacional y las conversaciones con EE.UU. condicionan el avance del proyecto.
A más de un mes de haber iniciado expedientes administrativos contra empresas y particulares vinculados a actividades económicas no autorizadas en las Islas Malvinas, el Poder Ejecutivo mantiene en pausa la firma de resoluciones sancionatorias definitivas. La estrategia de la Casa Rosada apunta a articular las penalidades con el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada al Congreso a mediados de septiembre, una iniciativa que enfrenta trabas legislativas e intensas negociaciones geopolíticas.
En septiembre, la Oficina del Presidente formalizó la apertura de actuaciones contra 60 personas humanas y jurídicas por presuntas infracciones a la Ley 26.659, focalizadas principalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos. No obstante, las medidas anunciadas constituyeron aperturas de procedimientos y no la aplicación inmediata de inhabilitaciones.
Las actuaciones tramitan en la órbita de la Cancillería en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica.
«Lo está manejando la Secretaría de Malvinas de forma confidencial con Legal y Técnica», confiaron fuentes del Ejecutivo respecto del trámite de las actuaciones iniciadas bajo el marco del Decreto 868/2026.
La apuesta por una ley de sanciones más severas
Aunque la legislación vigente contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para operaciones petroleras no autorizadas, el proyecto enviado a la Cámara de Diputados busca extender los castigos a recursos naturales renovables y no renovables, alcanzando también a proveedores, accionistas y fijando restricciones comerciales.
«No vamos a adelantar la jugada, pero la nueva ley permitiría sanciones más severas y herramientas más fuertes para sancionar el accionar de actividades económicas de todo tipo en las islas», afirmó un funcionario oficialista al defender la necesidad de renovar el plexo normativo.
La disputa parlamentaria por el Consejo de Seguridad Nacional
El principal punto de estancamiento en el Congreso no radica en las cláusulas referidas a Malvinas, sino en la creación del Consejo de Seguridad Nacional, organismo diseñado para coordinar políticas de defensa, inteligencia y cancillería bajo la órbita directa del presidente Javier Milei.
Los bloques aliados reclaman sumar representantes parlamentarios de ambas Cámaras y establecer mecanismos de control legislativo sobre las decisiones del organismo, propuesta que hasta el momento no encontró confluencia con la redacción del Ejecutivo.
«Deberían ceder con lo del Consejo de Seguridad y aceptar lo que proponen de sumar a Diputados y Senado. Así como está no sale. Las últimas modificaciones se las rechazaron», advirtió una fuente involucrada en las negociaciones parlamentarias.
Pese a los contrapuntos, sectores cercanos al Presidente descartan retirar la iniciativa.
«Es parte de una agenda con USA que no pueden frenar. Milei no lo va a permitir», remarcaron en Balcarce 50 respecto a la centralidad estratégica del Consejo.
Observaciones de Estados Unidos y la vía judicial internacional
El alcance de las sanciones proyectadas encendió alertas en Washington por la eventual afectación a fondos de inversión y firmas estadounidenses con participaciones indirectas en proyectos en el archipiélago. Durante su paso por Buenos Aires, el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, reconoció el seguimiento sobre los intereses comerciales de su país, manteniendo luego un encuentro con el Presidente en la Casa Rosada.
En paralelo a la vía administrativa y legislativa, la Argentina activó un reclamo internacional independiente. El pasado 13 de octubre, el país solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Hamburgo) para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las audiencias entre las delegaciones argentina y británica quedaron fijadas para los días 10 y 11 de noviembre.