Parece todo cuestión de perspectiva. En el mundo, que una provincia de un país remoto pueda entrar en default no sería titular de noticias. En cambio, en ese país remoto, las consecuencias de lo que, hasta el momento, es solamente una amenaza serían más considerables.
En una fecha clave para la renegociación de su deuda-hoy los acreedores decidirán si aceptan o no la propuesta de «reperfilamiento» que propone Axel Kicillof-, la provincia de Buenos Aires se enfrenta a la posibilidad de entrar en cesación de pagos, situación que podría generar más complicaciones en la economía local.
Un breve repaso por las fechas y condiciones: el pasado 22 de enero, los acreedores del bono bonaerense BP21debían responderle al gobernador si aceptaba su propuesta de postergar hasta mayo el vencimiento de US$250 millones de capital. Ese paso finalmente se aplazó hasta el 31 de enero, con la mira puesta en convencer a más tenedores de deuda.
La deuda venció el 26 de enero, pero Buenos Aires cuenta con un período de gracia de 10 días para el pago de capital «sin incurrir en la causal de incumplimiento», es decir, de default. De no llegar a un acuerdo con los acreedores hoy a las 13, el próximo 5 de febrero la provincia entrararía en cesación de pagos. Repasar las consecuencias de este posible desenlace ayuda, también, a entender por qué en la negociación pesa tanto esta amenaza.
¿Qué significaría que una provincia -o, mejor dicho, que la provincia de Buenos Aires- entre en default? La primera diferencia está en la versión abstracta y la versión real. La teoría de las consecuencias de una posible cesación de pagos se complejiza mucho más si se trata de un territorio con cerca de 17 millones de habitantes y donde se genera cerca de un tercio del PBI nacional.
Primero, las consecuencias «libres de ruido». Aunque no deja de ser un hecho un tanto disruptivo, que una provincia entre en default no es novedad: en la crisis de 2001 fueron varias las que pasaron por esa situación. La más obvia es el fin del financiamiento local e internacional.«Cuando sucede una situación así, hay una serie de implicancias legales que entorpecen de forma muy concreta: ningún banco te va a prestar salvo que sea a tasas muy altas o que se incluyan garantías de coparticipación», explica Félix Piacentini, especialista en economías provinciales.
Esas «garantías de coparticipación» implican que, en caso de que no se honren los compromisos de deuda, se pueda ir a reclamar dinero que se «extraiga» directamente de los fondos que reciben las provincias por parte de la Nación. Otra alternativa utilizada por las provincias petroleras son las regalías que reciben por la actividad, que se ofrecen a modo de garantía.
El BP21 no ofrece ninguna de estas dos posibilidades a los acreedores, sino solamente una garantía «simple», algo así como una promesa de pago basada en sus propias posibilidades de generación de confianza. De no llegar a un acuerdo, entonces, solo queda la vía judicial, explica el exdirector nacional de Asuntos Provinciales.
Otra consecuencia en el plano institucional es la pérdida de autonomía política, detalla. «Esto implica que te tenés que alinear políticamente o cumplir con determinados requisitos que te va a pedir Nación», describe.
La importancia de llamarse Buenos Aires
En cuestiones de defaults provinciales, no todas las provincias son iguales. El peso de Buenos Aires tanto en la economía como en cuestiones de deuda (según Piacentini, tiene la mitad de las deudas consolidadas del país) es considerable, y por eso una posible resolución negativa para el BP21 tendría consecuencias más allá de las del manual.
Por el momento de renegociación que están viviendo ambos actores, en este contexto particular hay una relación más simbiótica entre la deuda provincial y la nacional. Es por eso que, si bien un default bonaerense no implica directamente uno de la nación, «el mercado va a verlo como una anticipación», asegura Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma. «Y ahí se te complica toda la macro, porque hoy está anclada en el cepo y en la expectativa de que vas a una reestructuración de los bonos soberanos. Si esta expectativa se empieza a borronear te queda solo el cepo, y como ya hemos visto, tiene un poder muy limitado», advierte.
Marcelo Capello, economista jefe de Ieral, advierte que una posible cesación de pagos de la provincia tendría consecuencias sobre el riesgo país, pero además complicaría a otras provincias. «Se generan externalidades negativas por el antecedente de Buenos Aires, pero también, en el caso de que no suceda, porque el gobierno nacional no hizo un rescate», apunta.
La posibilidad de un rescate de Nación-hasta el momento rechazada por el ministro de Economía, Martín Guzmán- desata otro tipo de debates. «Generalmente Nación no deja caer a las provincias en default porque se arma un efecto dominó que afecta las condiciones de acceso al crédito de las otras», afirma Caamaño. «Se habla de que el riesgo sistémico mata al riesgo moral: si como Nación asisto a la provincia de Buenos Aires, ¿todas las demás me van a pedir asistencia?», completa.
A la vez, suma Piacentini, si las provincias comenzaran a descontar que Nación rescata, existe el riesgo de que empiecen a tomar créditos sin tanta responsabilidad teniendo en cuenta que habría una salida en última instancia.
Dentro de unas horas se conocerá qué alternativas se le abren a Buenos Aires. «La amenaza de default es tan contraproducente para vos mismo que los acreedores no terminan de creerte», advierte Caamaño.
De todos modos, advierte Piacentini, la provincia es «too big to fail», demasiado grande para fracasar. «Se evitará por todos los costos que entre en default porque tiene un costo soberano importante», proyecta.
Por: Sofía Terrile, señaló La Nación.