Esta semana se produjo el regreso del FGS a la política de inversiones en empresas nacionales. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses retomó ese camino abandonado por el gobierno anterior con la suscripción de un título que lanzó YPF, con un desembolso de casi 20 millones de dólares. La operación financiera despertó el apetito de los inversores institucionales, ya que la emisión original estaba prevista por el equivalente a 50 millones de dólares y se terminó realizando por 164 millones ante la fuerte demanda. El FGS se quedó con el 15 por ciento de las Obligaciones Negociables en pesos, a una tasa del 41 por ciento anual. Es decir, recursos que acumula el Estado para sostener el sistema de jubilaciones de reparto, inclusivo y solidario, se utilizaron para financiar proyectos de producción de la petrolera de los argentinos. Es por acá, diría Mauricio Macri, aunque el modelo de gestión de Cambiemos no era ése, sino exactamente el contrario.
Cuando Cristina Fernández estatizó las AFJP en el año 2008 constituyó el FGS para administrar los ahorros de los trabajadores que se habían atesorado en ese sistema previsional. En los 14 años que duró la privatización de las jubilaciones, con los bancos como principales responsables, el fondo acumuló 28.440 millones de dólares. En 2015, después de 7 años de gestión estatal, esos recursos se habían multiplicado de manera exponencial, hasta alcanzar los 65.076 millones. La diferencia en el ritmo de crecimiento demostró la capacidad del Estado para operar con eficiencia, así como el rotundo fracaso de la experiencia privada, que embolsó miles de millones en comisiones para las AFJP. De eso se dan cuenta ahora también en Chile, adonde los trabajadores pelean por sacarse de encima a las AFP.
Sin embargo, no toda gestión pública es igual. Durante el gobierno de Macri el valor del FGS retrocedió a unos 22.000 millones de dólares, según la estimación oficial al cierre del mandato anterior. La caída fue contundente en términos cuantitativos, ya que el fondo perdió cerca del 70 por ciento de su valor medido en dólares, pero también hubo un deterioro severo en la evaluación cualitativa. El FGS dejó de ser un instrumento de financiamiento para el desarrollo. Las inversiones en proyectos productivos se achicaron de manera constante a lo largo de los cuatro años de Cambiemos, hasta representar apenas el 4,4 por ciento de la cartera total en diciembre pasado. En 2015, esa participación llegaba al 12,9 por ciento y había ido siempre en aumento, desde el piso de 2,2 por ciento que habían dejado las AFJP.
El gobierno de Alberto Fernández decidió recuperar el modelo que funcionó de 2008 a 2015. Como se indicó al comienzo, el FGS dio el puntapié inicial esta semana con la inversión de casi 20 millones de dólares en las Obligaciones Negociables de YPF. Alejandro Vanoli, titular de la Anses, de quien depende el FGS, anticipó que el próximo paso será acompañar proyectos de conectividad y desarrollo satelital de Invap, la empresa estatal de alta tecnología que se especializa en esa materia, en energía nuclear y espacial, entre otras áreas. Uno de los objetivos será posibilitar la distribución de posnet en pequeños comercios de distintas regiones del país que en este momento no tienen señal, de modo que los titulares de tarjetas alimentarias puedan consumir en esos negocios y obtener un reintegro por las compras de alimentos. El proyecto satelital también estará vinculado con la recuperación del programa Conectar Igualdad, que en esta oportunidad, además del reparto de computadoras trabajará con aplicaciones para celulares con contenidos educativos.
Es mucho lo que puede hacer el FGS apostando a la producción. Entre 2008 y 2015 aportó capitales para la construcción de Atucha II, para las centrales eléctricas Barragán, Brigadier López, Belgrano, Timbúes y Epec, financió planes de viviendas en distintas provincias, fue el puntal principal del Plan Procrear, sostuvo un ambicioso plan de extensión de la red de agua potable y cloacas a través de Aysa, costeó el plan de recursos hídricos para evitar inundaciones y colaboró en la construcción de rutas por todo el país, entre los principales proyectos ejecutados.
Santiago López Alfaro, quien fue titular del FGS en aquella etapa, recuerda que cuando asumió Macri, los 60 profesionales de primer nivel que componían el equipo de operaciones del fondo, los mismos que habían colaborado en multiplicar los recursos del Estado, fueron invitados a dejar su trabajo con un retiro voluntario de 24 sueldos más los años trabajados allí. Como todos eran expertos cotizados en el mercado, aceptaron de inmediato y el FGS se quedó vacío. A tal punto llegó el desinterés por esta herramienta fundamental del Estado durante el gobierno de Cambiemos que desde mediados de 2018 el cargo de director del FGS permaneció vacante. Los proyectos productivos que quedaron en cartera fueron mayormente los heredados de la gestión anterior, como las viviendas del Procrear y la construcción de Atucha II.
La administración actual acaba de designar al frente del FGS a Edgardo Pojdamy, quien fue un colaborador directo de López Alfaro entre 2009 y 2015, y luego ocupó la Superintendencia de Seguros con Macri, hasta que dejó el cargo tras sufrir un extraño robo que lo mantuvo tres horas secuestrado. Una causa judicial busca establecer si el hecho tuvo algún vínculo con una denuncia del funcionario contra allegados al ex presidente. El Gobierno, en tanto, también nombró a Corina Laporte como auditora por parte de la Sigen. Vanoli y Pojdamy definieron que las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura se canalizarán a través de títulos con oferta pública en los mercados, en lugar de la entrega al FGS de letras intransferibles del sector público como hizo el macrismo para cubrir las necesidades de financiamiento del Tesoro nacional y las provincias. En efecto, el gobierno anterior elevó el tope de préstamos del FGS al sector público del 50 al 70 por ciento de su cartera total.
La vuelta del Estado a la inversión productiva con el fondo jubilatorio apunta a regenerar un círculo virtuoso que ya funcionó hasta 2015: apostar a la producción para que haya más empleo, más desarrollo y, por lo tanto, más aportes a la seguridad social. Como diría Macri, sí se puede.