En un contexto de movilizaciones populares contra los intentos de modificar la Ley 7722 en Mendoza, la Ley 5001 en Chubut y la Ley Nacional de Glaciares, integrantes de la comunidad científica y de la investigación emitieron un comunicado donde sostienen que «no es posible una megaminería sustentable», porque «las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala». Asimismo, consideran que «todo conocimiento tiene implicancias políticas y sociales», por lo que abogan por «un conocimiento no mercantilizado, funcional a las necesidades colectivas y no al lucro minero» y llaman a «fortalecer los procesos de deliberación pública, asumiendo que nuestras producciones científicas son un insumo clave para estos». En la declaración, respaldada rigurosamente por artículos, papers y libros científicos, desmontan y tiran abajo, uno por uno, los seis principales argumentos que circulan en los medios para apoyar la actividad megaminera. Por ANRed.
El comunicado – titulado «No es posible una megaminería sustentable» – invita a adherir y sumarse a más científicos y científicas, investigadores e investigadoras, trabajadores y trabajadoras de la salud, y docentes. «Los últimos días de diciembre el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722 – hace un racconto el comunicado – Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos de explotación minera y, de este modo, protege el agua. Esto implicó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad en torno a la actividad minera y sus implicancias socio-ambientales. El eje del conflicto gira en torno a un tipo de explotación miner aen particular: la megaminería. A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida o muy restringida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socio-ambientales debidos, entre otros motivos, al uso de químicos tóxicos como el cianuro».
«Lo que detonó este nuevo hito es un renovado intento por ampliar la frontera de la megaminería, procurando forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Es ése el propósito de quienes intentan modificar la Ley n° 7722 en Mendoza, la Ley n° 5001 en Chubut y la Ley Nacional de Glaciares – afirman en la declaración – Y es para frenar la avanzada de la megaminería que el pueblo salió a la calle. A pesar de que se logró frenar la modificación de la ley mendocina, los intentos por modificar la legislación para habilitar la megaminería continúan. En este contexto, circulan en los medios una serie de argumentos discutibles, que favorecen la implementación de nuevos proyectos de megaminería en el país».
En el estado actual de situación, sostienen que «no es posible una ‘megaminería sustentable’. Las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala».
En ese sentido, consideran que «todo conocimiento tiene implicancias políticas y sociales«, por lo cual abogan por «un conocimiento no mercantilizado, funcional a las necesidades colectivas y no al lucro minero». En esa línea, recalcan: «pensamos que nuestra tarea no debe ser la de arrogarnos el lugar de ‘la verdad’ y decidir por la sociedad en nombre de ésta. Más bien debemos fortalecer los procesos de deliberación pública, asumiendo que nuestras producciones científicas son un insumo clave para estos«.
Asimismo, los y las firmantes de la declaración aclaran que «la megaminería no es la única actividad que presenta graves consecuencias socio-ambientales. Como éstas, el “fracking” y la agricultura basada en transgénicos y agroquímicos conllevan gravosas consecuencias». Destacan, además, «la importancia de involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones políticas relativas al desarrollo de la megaminería y cualquier otra actividad contaminante».
Finalmente, los y las firmantes del comunicado responden, desde una mirada interdisciplinaria y «en diálogo con el conocimiento de las comunidades expuestas», los argumentos y lugares comunes que circulan en los medios de comunicación apoyando e incentivando la actividad megaminera. Apoyándose rigurosamente en artículos, papers y libros científicos responden, así, a los principales seis argumentos que sostienen quienes apoyan la megaminería:
Que «siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad»
Que «la megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública».
Que «los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy lago plazo y son reversibles».
Que «no es posible vivir sin megaminería; quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales».
Que la «megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional»
Y que «quienes critican a la megaminería no plantean alternativas de desarrollo local».
