A través de la Resolución General 2/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el funcionario judicial dio de baja «en su totalidad» la norma 6/2018, de igual rango y restableció «todos los textos normativos que fueron derogados, modificados o sustituidos» por esa decisión de su antecesor, Sergio Brodsky.
Nissen justificó la medida al subrayar que lo actuado por el Gobierno de Macri tenía «la virtualidad de neutralizar un régimen reglamentario dirigido a la efectiva vigencia y aplicación de controles que aseguren la observancia de las normas de orden público» de la Ley General de Sociedades.
En ese sentido, recordó que en la anterior gestión se suprimió «todo tratamiento por la IGJ de actos negociables de sociedades constituidas en el extranjero que llegaran a su conocimiento como supuestamente realizados en calidad de actos aislados», así como también el apartado que contenía «las definiciones de sociedades off shore y de jurisdicciones off shore».
A la vez, la Inspección General de Justicia estableció que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero «deberán constituir y mantener vigente una garantía».
Para Nissen, las modificaciones introducidas a la legislación durante la anterior gestión «entrañan suplantar ese régimen por otro primordialmente asentado sobre la mera formalidad registral, sin control de legalidad sustancial».
«No es necesario un análisis detallado de las modificaciones, sustituciones y derogaciones producidas para tener por evidenciado que la Resolución General IGJ N° 6/2018 carece virtualmente de causa y motivación y porta desviación de poder» y «torna inoperante al régimen de extranjería y afecta inadmisiblemente la soberanía legislativa argentina», añadió.
Nissen advirtió que «las sociedades off shore operan con frecuencia en circuitos de circulación de capitales y flujos financieros de origen ilícito de del evidencia y exhiben una inquietante y polivalente funcionalidad para el fraude (familiar, concursal, laboral), la evasión fiscal y el lavado de activos, entre otras ilicitudes».
Y agregó: «En nuestro medio hechos recientes como las triangulaciones negociales que se habrían producido con sociedades off shore en la operatoria del Grupo Vicentín según los acontecimientos parecerían ir indicándolo, o la revelación de que el tristemente notorio boliche Le Brique resulta ser también de una sociedad off shore cuyos integrantes son desconocidos, no se deben banalizar sino ser recordatorio de la frecuente peligrosidad de estas figuras legales».
También denunció que después de las reformas realizadas por el Gobierno de Cambiemos «numerosas sociedades off shore se habrían inscripto en el Registro Público a cargo de esta IGJ» y anticipó que si lo corrobora, «habilitará la adopción de las medidas pertinentes».
