La Defensa Pública, la Comisión de Lucha Contra la Impunidad y Por la Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la última en sumarse con un tercer habeas corpus, lograron derogar las normas provinciales que consideraron abusivas.
«Estas normas derivaron en detenciones ilegales a ciudadanos que realizaban actividades habilitadas por el decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas, hostigamientos, y propagación de covid-19 a raíz de las detenciones ilegales», resumió la secretaría que conduce Horacio Pietragalla en el escrito al que accedió Página 12.
Sin embargo, una fuente oficial explicó que esto no es respuesta suficiente al habeas corpus presentado, ni tampoco debería impedir que declaren los testigos, víctimas de estos abusos, presentados por las autoridades nacionales y la Comisión contra la Impunidad.
Por la tarde, luego de un cuarto intermedio fue el propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien planteó que su DNU vuelva abstracto el habeas corpus, a lo cual la defensa pública se opuso así como la Comisión, en la voz de Mariela Flores Torres, concejala de Trelew.
«El ministro nunca nos recibió», dijo Torres en la audiencia, a lo que Massoni negó haber recibido un pedido de reunión.
Los representantes de la Nación aclararon que no pidieron un DNU de flexibilización de la cuarentena sino el fin de los abusos, e insistieron que el mismo no responde todas las violaciones a los derechos humanos planteadas en el habeas corpus.
Cuando llegó el momento de las resoluciones, la jueza no declaró abstracto el habeas corpus hasta tanto entre en vigencia el decreto provincial promulgado hoy. Para la magistrada, el decreto resultó respuesta suficiente para los cuestionamientos que hicieron no sólo la secretaría de Derechos Humanos de la Nación sino también el defensor oficial Omar López, que había presentado un habeas corpus en el mismo sentido.
Pietragalla y el director nacional de políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, con el patrocinio letrado de Eduardo Hualpa, promovieron la acción de habeas corpus preventivo y colectivo «en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N°297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas».
En su pedido a la Justicia, los funcionarios nacionales indicaron que recibieron «denuncias acerca de resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, que resultan más restrictivas de la libertad ambulatoria que el decreto nacional 297/2020, sirviendo las mismas como supuesta justificación para detener gente». A su criterio, estas conductas «resultan una clara evidencia de la constante amenaza que sufren todos los ciudadanos de la provincia de Chubut, de ser ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad».
Antes de la resolución de la jueza se expresaron las partes. «Acá se trata de cambiar las prácticas sistemáticas policiales en todas las ciudades, si cambian solo la normativa no sirve, detener a personas luego de las 20 horas a media cuadra de su casa, o porque iban con un chiquito de dos años, entonces eran dos, como pasó este fin de semana, sin un compromiso expreso, así no rigen las garantías constitucionales», señaló el defensor López.
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