El Gobierno extendió hasta el 24 de julio el plazo para que los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera acepten el programa para reestructurar unos US$ 66.300 millones.
El Gobierno y los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera reanudaron las negociaciones, empantadadas a mediados de la semana, y dispondrán de un mes más de plazo para alcanzar un acuerdo.
Tras un duro intercambio las tensiones cedieron y el Gobierno extendió hasta el 24 de julio el plazo para que los tenedores de bonos acepten el programa para reestructurar unos US$ 66.300 millones en títulos emitidos bajo legislación extranjera.
Según fuertes cercanas a las negociaciones, la intervención del presidente Alberto Fernández fue determinante para que finalmente se decidiera reabrir la puerta para un quinto round de negociaciones.
Fernández se manifestó en favor de continuar con las negociaciones: “Nos vamos a volver a levantar, vamos a encontrar un acuerdo; quiero resolver el problema de la Argentina, no de mi Gobierno», reafirmó el Presidente.
«Tenemos la confianza de encontrar un punto de acuerdo con los acreedores, pero ninguna negociación es fácil», dijo y aseguró que «hay que ser menos ansiosos y seguir trabajando».
También se había manifestado en favor de la Argentina el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores continuaran con las negociaciones.
«Esperamos que todas las partes involucradas continúen comprometidas y sigan negociando con miras a llegar a un acuerdo», expresó en la semana el vocero del organismo crediticio, Gerry Rice.
El acercamiento entre los acreedores y el Gobierno posibilitó esta quinta prórroga desde que el Ministerio de Economía presentó la propuesta inicial de reestructuración el 21 de abril.
La extensión del plazo por parte de las autoridades argentinas fue bienvenida por el Grupo Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje, que emitieron un comunicado en el que sostuvieron que están listos para buscar una resolución “de manera constructiva”.
Aunque la distancia de la oferta económica está en no más de cinco o seis dólares (cada 100 dólares de deuda nominal emitida) con la punta más dura, el mayor conflicto está en conciliar los términos legales de la propuesta, ante la negativa de parte de los tenedores.
En particular, del fondo Blackrock, que lidera las negociaciones de dos de los tres grupos más grandes de acreedores, y de uno de ellos, el Exchange Bondholder Group, que reagrupa a los bonistas del canje 2005 y 2010 que no se resignan a perder los beneficios legales que les habían otorgado en aquella oportunidad.
En los últimos días se conocieron informes de bancos de inversión y analistas financieros que estimaron que las puntas negociadoras «están muy cerca» entre la propuesta económica oficial de la de los acreedores.
Desde Morgan Stanley señalaron en un análisis titulado “Demasiado cerca para arruinarlo todo” que «con menos de ocho puntos de diferencia, no beneficiaría a ninguna de las partes romper por completo las negociaciones”.
Para el banco de inversión estadounidense, la estrategia es «consistente con la idea de que el país fijó en US$ 50 como el valor máximo que se puede ofrecer en la propuesta”, al tiempo que agregó que «una solución rápida siempre fue poco probable y es de esperar que el proceso concluirá con éxito en el tercer trimestre del año».
El Bondholder Group, entre los que se encuentran los fondos Fintech -la firma del financista mexicano David Martínez, quien jugó un rol importante en los canjes de deuda 2005 y 2010- y Gramercy, es el grupo de acreedores con la propuesta que más se acerca a la posición oficial: 51% de valor presente neto.
Por el contrario, los más duros son los que integran la propuesta conjunta de los tenedores de los canjes 2005 y 2010, los denominados EBG (Exchange Boldholder Group) y el Grupo Ad Hoc, entre los que se encuentra BlackRock y Monarch, que piden entre 54% y 56% de valor de recupero, según cálculos privados, y además quieren mantener los privilegios legales otorgados en el canje 2005 y 2010.
Por último, está el cupón “endulzante” de la oferta, que los acreedores quieren que se mida a través de la evolución del PBI y no por la evolución de las exportaciones.