Radiografía de la morosidad en Diputados: informan que hay 5 millones de personas con irregularidades crediticias.
Durante un plenario de la Comisión de Finanzas en la Cámara baja, representantes del sector fintech y bancario expusieron sobre el endeudamiento de los usuarios, detallando que 2,4 millones de casos provienen de billeteras virtuales. Mientras el sector privado defendió las refinanciaciones voluntarias y rechazó nuevas regulaciones, desde la oposición reclamaron la intervención del Estado frente a tasas de interés elevadas.
Radiografía del endeudamiento y el rol de las billeteras virtuales
Un total de 5 millones de personas presentan algún grado de irregularidad en el sistema crediticio nacional, de las cuales 2,4 millones corresponden a financiamiento otorgado a través de billeteras virtuales. Los datos fueron revelados este martes en la Cámara de Diputados por el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, Mariano Biocca, durante una reunión informativa de la comisión de Finanzas convocada para debatir el nivel de endeudamiento de los hogares.
Durante el encuentro, los referentes del sector no bancario y financiero justificaron los elevados niveles de tasas de interés y Costo Financiero Total (CFT) aplicados a los usuarios, atribuyéndolos a los costos operativos y al riesgo crediticio inherente a los sectores de menores ingresos o menor bancarización previa.
Postura del sector privado: rechazo a regulaciones e incentivo a la refinanciación
Por su parte, el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, aseguró que «no hace falta una ley» para abordar la problemática de la morosidad, al argumentar que la cuestión se encamina de forma privada. Según detalló, las entidades ya gestionaron unas 500.000 refinanciaciones con clientes en mora, y advirtió que una eventual intervención legislativa en los contratos privados podría derivar en una retracción generalizada del crédito en la economía.
En la misma línea, Mariano Biocca indicó que la industria fintech prioriza la «detección temprana y asistencia al usuario», afirmando que el 90% de los deudores ya posee algún esquema de refinanciamiento en marcha. Por su parte, Norberto Echegoyen, en representación de las emisoras de tarjetas de crédito no bancarias (CERTACYC), admitió que al incrementarse la colocación de créditos también creció la mora, aunque descartó la vía judicial por considerarla ineficiente en términos de costos frente a deudores que no poseen bienes registrables o empleo formal.
El contrapunto político: el reclamo opositor por regulación
En la vereda opuesta, la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos cuestionó duramente la postura del sector privado y reclamó una intervención regulatoria del Estado, argumentando que el volumen de morosos —que estimó cercano a los 6 millones de personas— exige una política de carácter colectivo.
La legisladora criticó la vigencia de créditos con un Costo Financiero Total que supera el 700% anual y advirtió sobre la necesidad de frenar prácticas financieras desmedidas: «No solo no queremos que la gente caiga en manos de la usura, sino que tampoco queremos que la usura se disfrace de formalidad», enfatizó, recordando que en crisis previas se implementaron soluciones colectivas que no perjudicaron la expansión tecnológica del sistema.