El escenario político se encendió tras la controvertida decisión judicial de frenar la normativa que regula el juzgamiento de los menores que delinquen en territorio bonaerense.
En un contundente alineamiento con las posturas del Poder Ejecutivo nacional, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, lanzó duras críticas contra la gestión del gobernador Axel Kicillof y un sector del Poder Judicial, marcando una clara divisoria de aguas en materia de seguridad y doctrina penal.
la embestida contra kicillof y el fuero judicial: «la edad no es excusa»
A través de una tajante publicación en su cuenta oficial de la red social X, Jorge Macri expresó su férreo rechazo a la paralización de la norma en la provincia. «La edad no puede ser una excusa para matar, robar o destruir una familia. Pero Kicillof y el garantismo parecen pensar distinto», aseveró el mandatario porteño. En su descargo, arremetió de forma directa contra las decisiones del fuero magistrado al señalar que cada vez que se promulga una legislación destinada a proteger a los ciudadanos honestos, «aparecen jueces dispuestos a defender a los delincuentes y garantizarles impunidad».
El líder del Ejecutivo porteño remarcó la plena vigencia de la normativa en el ámbito de la Capital Federal para diferenciarse de la administración bonaerense, enfatizando que su gestión se posiciona «del lado de la gente de bien».
pedidos de juicio político y denuncias penales tras el freno a la ley
Las expresiones de Jorge Macri se produjeron de manera simultánea a la ofensiva política y judicial desplegada contra la jueza Marta Elba Pascual, responsable de dictar la suspensión temporal del marco legal por un plazo de 60 días. Frente a esta medida, la representación parlamentaria de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires confirmó que promoverá un pedido de juicio político contra la magistrada.
En paralelo, la sociedad civil también llevó la discusión a los tribunales. La ONG Usina de la Justicia radicó una denuncia penal formal contra la jueza Pascual, imputándole la presunta comisión de los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. De esta manera, el juzgamiento de menores en la provincia de Buenos Aires se consolida como el nuevo epicentro de confrontación entre el garantismo y las políticas de mano dura.