El fiscal argentino, Santiago Ulpiano Martínez, de la fiscalía federal ordenó una serie de medidas en la investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro que incluyen acciones de pesquisa en instalaciones de la Policía Bonaerense.
Con la aprobación de la jueza federal María Gabriela Marrón, el Ministerio Público dispuso el allanamiento del puesto policial de la Bonaerense en Bahía Blanca, incautando un móvil de ese precinto, los libros de guardia y los teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación de los uniformados que allí trabajan.
La División de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense le indicó al fiscal que el móvil incautado «hizo un recorrido ‘inusual y sospechoso’ el 8 de mayo, y se detuvo durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde el 15 de este mes se encontró el esqueleto” que podría corresponder a Facundo.
En el informe de Asuntos Internos, se consigna que “del análisis realizado se detectó un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios 20610, patente OMP 782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca y (…) las señales de GPS emitidas por ese patrullero darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente en cercanías del lugar donde se produzco el hallazgo el 15 de agosto”.
Otras incongruencias fueron advertidas por el fiscal Martínez que motivaron las acciones ordenadas contra la Bonaerense. Entre ellas, se encuentran «anomalías en los registros, en cuanto a que en la rutina que estaba cumpliendo el móvil la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 kilómetros en 41 segundos, para volver con otro ‘salto’ luego de tres horas 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos».
Por tal motivo, la Fiscalía demandó del Ministerio de Seguridad Bonaerense que aporte las modulaciones de las comunicaciones del referido patrullero, que individualice cuáles son los móviles asignados a esa UPPL de Bahía Blanca y, finalmente, que realice su geolocalización.
Paralelamente, los abogados de la familia habían advertido su preocupación por la integridad de los tres testigos que declararon haber visto al joven subiendo a un vehículo policial el 30 de abril, porque están siendo objeto de seguimientos por parte de patrulleros de la Bonaerense.
Las medidas fueron asignadas para su ejecución a la División de Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal. Uno de los abogados de los familiares de Facundo Castro expresó que las pruebas acopiadas hasta el momento “están todas orientadas a la desaparición forzada de Facundo”.