Después de 6 meses, el Poder Ejecutivo publicó ayer la ley sancionada por la anterior Legislatura, que declara nulos los decretos de 2004 y 2005 que habilitaron el otorgamiento de tierras con el deslinde del bosque nativo, lo que en su momento dio lugar a muchas operaciones inmobiliarias que la oposición denominó “curro verde”.
Para los autores de la norma, esto da marcha atrás con todos los títulos de propiedad otorgados desde hace 15 años. El gobierno considera que esta ley es perjudicial para la provincia, pero como no puede volver a vetarla, se avanzará con diputados del PJ en aprobar una derogación lo antes posible.
Con la publicación de la Ley XVII N° 143 en la edición vespertina de este viernes del Boletín Oficial, quedó oficialmente en vigencia un nuevo orden que da marcha atrás con todo lo actuado en materia de otorgamiento de tierras desde el año 2005, ya que quedaron anulados los decretos firmados en aquel entonces por el gobernador Mario Das Neves, que habilitaban al otorgamiento de títulos de propiedad con bosque nativo, sin que hiciera falta la ley de enajenación que exige la Constitución con una mayoría ultra especial de 4/5 del total de los diputados.
El tema fue denunciado históricamente por el radicalismo y el año pasado, con votos del FPV y Cambiemos, se había logrado la sanción de la nueva norma, que a pesar de ser vetada en mayo por el gobernador Mariano Arcioni, había quedado firme el 5 de diciembre al obtener la oposición la mayoría de dos tercios.
La publicación en el Boletín Oficial de esta ley era reclamada por abogados y escribanos de la cordillera, y por la Subsecretaría de Bosques, ya que desde hace 6 meses no había un orden jurídico claro para aplicar en materia de títulos de propiedad y no se podían hacer escrituras, debido a que se había entrado en un compás de espera hasta que el gobierno definiera la estrategia a seguir.
Si bien se había pensado recurrir a la vía de la justicia, finalmente se optó por publicar la ley para que entre en vigencia y tratar lo antes posible de avanzar en una derogación, algo que estaría acordado con diputados del bloque del Frente de Todos, como el esquelense Rafael Williams, quienes están muy preocupados por la situación que viene generando una incertidumbre en el sector y el peligro de una andanada de demandas contra el Estado.
Concretamente, la ley publicada ayer en el Boletín Oficial 13.429, declara “insanablemente nulo de nulidad absoluta y carente de validez desde su dictado el Decreto 712/04 y su Decreto modificatorio 74/05, ambos del Poder Ejecutivo Provincial”, por lo que se declaran nulos los actos administrativos emanados de estas medidas, es decir, todos contratos y los títulos de propiedad de tierras con bosques desde los últimos 15 años que se hubieran realizado con arreglo a estas disposiciones.
Viene a cuenta mencionar que mediante el Decreto 712/04 se incluyó en la definición de bosque nativo “a las tierras que hayan sustentado Bosque Nativo y que al presente, por causas naturales o antrópicas, estén desprovistas de la cobertura arbórea originaria”. Ese decreto estipulaba que “pertenecen al dominio de la Provincia las tierras fiscales con Bosque Nativo, hasta tanto la ley general reglamente el Artículo 105 de la Constitución Provincial”, y asimismo determinaba que “en el instrumento traslativo de dominio de las superficies fiscales que contengan cualquier tipo de formación leñosa nativa, deberá insertarse una cláusula de restricción en interés público, por la cual el uso del recurso quedará limitado por las leyes especiales en la materia y las reglamentaciones establecidas por la Dirección Provincial de Bosques y Parques, sin cuyo cumplimiento el título de propiedad es revocable”.
Luego por el Decreto 74/05 se modificó el artículo 7º del decreto anterior, estableciendo que “Previo a la adjudicación en venta de tierras fiscales, la Dirección General de Bosques y Parques procederá a deslindar las superficies que posean Bosque Nativo, en base a la documentación citada por el Decreto, complementada con inspecciones en el lugar en caso de resultar ello necesario”.
A partir de estas medidas, la oposición a Das Neves siempre denunció la utilización de estas tierras para presuntos negocios inmobiliarios y la violación a la Constitución del Chubut, ya que el proceso de enajenación de tierras con bosques nativos exige la aprobación con 4/5 de los votos de la Legislatura. Con esta ley, la Cámara de Diputados busca que se revean todos los títulos y se den de baja las operaciones irregulares, para lo cual la Fiscalía de Estado en un plazo perentorio de seis meses “debe relevar los actos administrativos, contratos y títulos, emitiendo dictamen e iniciado las acciones judiciales declarativa de la nulidad dispuesta”.
CURRO VERDE
Además de los diputados Gabriela Dufour, Viviana Navarro y Alfredo Di Filippo, uno de los principales impulsores de esta ley fue en su momento el radical Eduardo Conde, quien señaló en su momento que “con estos decretos, se posibilitó llevar adelante el ‘curro verde’. Los grandes negocios inmobiliarios de las formas más perversas y corruptas que se conocieron en la provincia del Chubut. Lo que implica que se caerán todos los negocios inmobiliarios que se hicieron”.
Explicaba en ese entonces que “la decisión política y comercial era transferir esos suelos”, algo que les imposibilitaba la Constitución, por lo que se resolvió que “la transferencia del dominio a favor de las personas que resultaron adjudicatarias de las tierras debía hacerse con una restricción del uso del suelo vinculado con el bosque nativo, pero parece que el negocio así no funcionaba”.
Según Conde, a partir de allí se llevaron adelante “grandes negocios inmobiliarios en violación y contravención al ordenamiento legal constitucional, a la legislación vigente, a la Constitución Nacional y a las normas nacionales de protección del medio ambiente” y señaló que el radicalismo siempre cuestionó el negociado, “al punto que con el diputado Carlos Lorenzo, hace algunos años, promovimos una acción declarativa de inconstitucionalidad con el propósito de nulificar los Decretos mencionados”.
Para el legislador de Cambiemos, con la nulidad absoluta e insalvable de los decretos “se caen todos los negocios porque no hay modo de legitimar, aún respecto del tercero de buena fe, porque está la posibilidad de que aquel adjudicatario de buena fe, haya transferido el dominio de un tercero de buena fe, pero aquí hay una situación insalvable, que es la inconstitucionalidad de origen. De modo que no hay modo de salvar este vicio”.
VETO PROVINCIAL
Consultado en su momento por esta ley, el gobernador Mariano Arcioni expresó que puede resultar perjudicial para la provincia avanzar con este criterio por los derechos adquiridos de los compradores. “Hay que garantizar la seguridad jurídica, las transferencias de dominio, los terceros adquirientes a títulos onerosos y de buena fe, es una cuestión estrictamente legal y por los juicios que van a venir”, fundamentó el mandatario que además es escribano.
Indicó al respecto que “la Provincia tiene una ley que protege a los bosques nativos, vamos a enviar otro proyecto que aggiorne la legislación que hoy está”, en declaraciones previas a firmar el veto a una ley que consideraba que iba a generar un aluvión de juicios contra la provincia.
Finalmente, a través del decreto 538 del 24 de mayo de 2019, el gobernador vetó la primera ley que declaraba la nulidad de estos decretos de 2004 y 2005, al considerar que al tener estos decretos más de 4 años de vigencia “tienen firmeza en sede administrativa, y sólo pueden ser impugnados ante el Superior Tribunal de Justicia”. Y en los fundamentos, agregó que de aplicarse, afectaría el Principio de Legalidad y el Derecho de Propiedad.
Sin embargo, a pesar de estos planteos, los diputados del FPV y Cambiemos lograron la mayoría especial necesaria para insistir en la última sesión del año pasado, por lo que la ley quedó firme y no dejó otro camino al Ejecutivo que pedir su inconstitucionalidad ante el STJ, o seguir este camino, que es el de la publicación para la posterior derogación. La cuestión será ahora ver qué mirada tiene la actual composición de la Legislatura, y además de la mirada del arcionismo y algunos diputados del PJ, será fundamental la postura del interbloque y ver Juntos por el Cambio mantiene la misma postura expresada en la gestión anterior.
En todo caso, el dato central es que la ley está vigente, y en estos momentos, deberían retrotraerse todos los títulos de propiedad de tierras con bosques otorgados en los últimos 15 años. Un verdadero dolor de cabeza.
POR PABLO VERNAZZA
