La IGJ ordenó la disolución y liquidación de la firma ReMax por actividad ilícita. A partir de una denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia determinó que es ilícita la modalidad de desarrollo de la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia.
La Inspección General de Justicia (IGJ) dio inicio a la acción judicial de disolución y liquidación de la firma ReMax, tras determinar que es ilícita la modalidad de desarrollo de la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia.
A partir de una denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), la IGJ llevó adelante una investigación y resolvió la disolución de la firma mediante la Resolución 350/2020 que lleva la firma de su titular, Ricardo Nissen.
En este contexto, el presidente de Cucicba, Armando Pepe, señaló que, de acuerdo con el ordenamiento legal, «existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario», y «estas últimas no pueden ser ‘franquiciadas’”.
“Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados”, afirmó.
En diálogo con Télam, Pepe detalló que, bajo la modalidad de franquicia, la empresa «recluta gente que no está en relación de dependencia sino bajo monotributo, para eludir pagos de cargas sociales».
«Existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario y estas últimas no pueden ser ‘franquiciadas».
«En cada sucursal tienen unas 80 o 100 personas a las que no les pagan nada sino que les cobran 250 dólares por mes por uso del escritorio y papelería; factura el trabajador, no pagan impuesto a las ganancias ni ingresos brutos, es una competencia desleal totalmente», afirmó.
Asimismo, indicó que «la empresa ReMax Inc. se lleva la plata fuera del país, una parte muy importante de lo que facturan se va fuera del país», y destacó que, «a partir de la investigación que hizo la IGJ, que es espectacular, investigaron en Estados Unidos y allá no tienen ni edificios, funcionan en la suite de un hotel».
En tanto, ReMax expresó a través de un comunicado de prensa su «enfático» rechazo al contenido de la denuncia de Cucicba por considerar que «es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de ReMax».
«Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario», afirmó la firma.
Además, enmarcó la acción promovida en su contra por el Colegio de Corredores de la Ciudad es «una más de las tantas embestidas» en su contra.
En ese texto, ReMax se autodefine como «una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados».
Por su parte, Armando Pepe señaló que, a partir de la resolución adoptada por la IGJ, ReMax «no pueden apelar» porque, a nivel judicial, «ya está decretada la disolución de la empresa».
«Se los va a intimar a que, en un plazo perentorio, saquen los carteles de las oficinas», aseveró el titular de Cucicba, quien remarcó que «pueden seguir trabajando bajo otro nombre, modalidad» pero «no como franquicia».
El Cucicba prevé avanzar con otros casos de empresas que operan bajo esta modalidad, que son unas ocho en todo el país.