Una niña de 12 años de la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, atravesó un parto prematuro en el Hospital Centenario, ubicado en la ciudad de Rosario. La niña cursaba el séptimo mes de embarazo y según afirmaron a este diario fuentes cercanas a la investigación de la causa, radicada en la Fiscalía regional 2 de Rosario, “hay sospechas de que puede haber sido víctima de un abuso sexual dentro del círculo íntimo de la familia”. El colectivo Ni Una Menos (NUM) de Casilda denunció ante el Ministerio nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad que la niña fue obligada a parir.
A fines de julio, una persona allegada a la familia de la niña se comunicó con el colectivo NUM de Casilda para alertar sobre la situación. Se había dado cuenta al notar los cambios en el cuerpo de la niña, producto del embarazo. Como no había ninguna denuncia respecto del caso, las integrantes de la agrupación acercaron su preocupación a la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad de Casilda, donde el caso quedó a cargo del equipo del área de niñez. “Cuando se toma conocimiento de la situación la nena llevaba seis meses embarazada. En lugar de asesorarla sobre la interrupción legal del embarazo (ILE), en el Hospital ya la llamaban mamá y le hacían los controles del bebé”, relató a Página/12 Sandra Michelón, integrante del colectivo NUM y quien se encargó de llevar el caso a las autoridades municipales, y advirtió que “se trata de una situación de desconocimiento del protocolo, del Código Penal, y de abandono a la niña”.
Recién algunas semanas después, cuando una persona cercana a la familia se decidió a hacerlo, se radicó la denuncia en la comisaría y el fiscal Emiliano Ereth, quien estaba de turno en ese momento, llamó a la madre a declarar. Según fuentes de la Fiscalía, que contempla como hipótesis la posibilidad de que se trate de una situación de abuso sexual intra familiar, la niña “se manifestó al respecto, aunque sin señalar a nadie”. En la casa convive con su madre, su hermana mayor, el padrastro y los hijos de él, varones y adolescentes. “Esa niña fue dejada en ese mismo entorno a pesar de saber sobre la violencia que podría estar viviendo”, señaló Michelón, y aclaró que en la escuela tampoco tenían conocimiento de la situación: “la directora se enteró cuando yo la llamé”.
A pesar de la intervención de la municipalidad, a principios de septiembre la niña fue trasladada a Rosario, donde la semana pasada finalmente atravesó el parto en el Hospital del Centenario. “Nos sentimos profundamente consternadas e impotentes ante tanta desidia. Son niñas no madres”, advirtió el colectivo en un comunicado que enviaron al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de la investigadora María Alicia Gutiérrez, quien forma parte del Consejo Asesor Ad Honorem del organismo. En el comunicado, las integrantes del colectivo informaron a las autoridades nacionales sobre el caso. “Lo que pedimos es que se haga justicia por esa niña”, señaló Michelón y aseguró que “desde el Ministerio se pusieron en contacto”.
En el legajo de la investigación, que aún no tiene una carátula específica, están las primeras indagatorias tomadas a familiares y personas cercanas a la niña. Sin embargo, según señalaron fuentes de la investigación, las declaraciones “no aportaron datos concretos”. También afirmaron que el fiscal a cargo había solicitado la Cámara Gesell para que la niña pueda ser entrevistada por profesionales, pero fue reprogramada por las restricciones que las autoridades locales dispusieron, ante el aumento de contagios de coronavirus en la localidad.
Una semana antes de que la niña de Casilda fuera trasladada a Rosario para el parto, otra niña, de 11 años y víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, fue sometida a una cesárea en el Hospital materno infantil Eloisa Torrent de Vidal, en Corrientes. La niña, que vivía en Monte Caseros, al sureste de la provincia, había sido alertada sobre los riesgos de la interrupción del embarazo, pero no sobre las consecuencias de convertirse en madre a los 11 años. A diferencia de Corrientes, que no tiene protocolo propio para la atención y el abordaje de la ILE, en Santa Fe tiene vigencia, desde enero de este año, el protocolo nacional, actualizado por el Ministerio de Salud en diciembre del 2019. “En el Hospital local el equipo a cargo de abordar los casos de embarazo en niñas y adolescentes, más bien se encarga de asegurar los nacimientos”, advirtió Michelón y remarcó que “la Justicia, la municipalidad y los efectores de salud no hicieron más que obligar a esa niña a parir”.
