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Lo adelantó la abogada de la denunciante, quien señaló que con un recurso extraordinario apelarán la absolución de los tres imputados en la causa ocurrida en la villa balnearia en 2012. Este martes, la Sala Fiscal convalidó el fallo de primera instancia y desestimaron las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la querella.

La abogada Verónica Heredia, representante de la víctima del caso de violación grupal, confirmó que apelará la absolución de los tres imputados ratificada este martes por los ministros Camila Banfi, Daniel Báez y Ricardo Napolitani del Superior Tribunal de Justicia.

De esta manera, Heredia confirmó que presentarán un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según consigna Radio3.

La Sala Fiscal convalidó el fallo de primera instancia y desestimaron las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella particular. Uno de los principales argumentos que usaron los magistrados se centró en que la víctima no declaró en el juicio.

El caso fue denunciado en 2019 por la víctima pero ocurrió en 2012, cuando ella era adolescente menor de edad, durante los festejos de la primavera en Playa Unión; y los sindicados fueron 6 jóvenes, de los cuales solo 3 fueron llevados a juicio.

La apelación

En caso de obtener un fallo desfavorable, se continuará en sentencias internacionales, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El caso tuvo momentos de alta exposición mediática, como cuando el fiscal jefe de la Fiscalía de Rawson, Fernando Rivarola utilizó el término “accionar doloso de desahogo sexual” para referirse a la violación grupal.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut convalidó el fallo dictado en marzo y rechazó los recursos de impugnación de la fiscalía y la querella. Se trata del caso en el que se denunció un abuso sexual grupal ocurrido en la villa balnearia en 2012 y que resonó en todo el país.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó este martes las impugnaciones extraordinarias planteadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella en la causa de violación en grupo en Playa Unión. De esta manera, confirmó la sentencia absolutoria del tribunal que tuvo a su cargo el juzgamiento de tres jóvenes acusados por el delito ocurrido en la villa balnearia en el año 2012.

La resolución fue por unanimidad y los ministros Camila Lucía Banfi Saavedra, Daniel Esteban Báez y Ricardo Napolitani convalidaron lo actuado por las juezas penales Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.

Argumentos

Uno de los principales argumentos se centró en que la víctima no declaró en el juicio. “La primera cuestión que trataron las juezas fue la decisión de los acusadores de no someter a la víctima a un interrogatorio” indicó la Dra. Banfi y agregó que las juezas del juicio concluyeron que ello implicó un “alto costo procesal, ya que la declaración de la damnificada en casos en los que se investigan delitos sexuales, es primordial”.

Alberto “Tony” Scotto es un baterista argentino de heavy metal y en las últimas horas fue detenido en Chubut, acusado de violar a una mujer.

El ex baterista del grupo Hermética, fue detenido en las últimas horas por la Policía en Lago Puelo, acusado de haber violado a una joven de 19 años con discapacidad.

La madre de la víctima contó que sufrió una esquizofrenia infantil, lo que le “generó un retraso mental, tiene una edad de seis años en su cabeza, juega con peluches y ve videos de perritos”, según publicó Infobae.

La mujer publicó en sus redes sociales que el sábado se acercó a una comisaría de la localidad de Lago Puelo para denunciar penalmente al músico luego de que su hija le revelara los abusos.

“Tony Scotto violador. Te llenás la boca hablando de que a los abusadores hay que castigarlos y qué sé yo, y SOS uno!!! Encima de mi hija con DISCAPACIDAD!!! Por suerte, ella me contó todo, ya está todo judicializado. Hay videos y pruebas es la causa penal. Les recomiendo no acercarse a él porque la mierda salpica para todos lados”, escribió.

Tras recibir la denuncia, la Justicia le impuso a Scotto una prohibición de acercamiento a la casa de la víctima, aunque el mismo sábado ignoró la medida y fue hasta el domicilio, donde intentó forzar la puerta de entrada.

En las imágenes, el músico parece desorientado y reclama que le devuelvan un celular, mientras del otro lado recibe respuestas negativas e insultos. “Soy una mierda”, dijo, con la mirada apagada.

La mujer llamó al 911 y minutos más tarde una consigna llegó al lugar. Scotto fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

Scotto fue baterista de Hermética desde 1988 hasta 1991 y actualmente mantenía su propia banda, Scottus.

La investigación del caso está en manos de Carlos Díaz Mayer, titular de la fiscalía de Lago Puelo, e interviene la procuradora Ponce Ventura.

El papa Francisco denunció la «violación del derecho internacional» en la guerra en Ucrania y advirtió por los riesgos de una «escalada nuclear» derivada de la invasión rusa al país europeo.

«Lamentablemente Europa y el mundo entero están trastornados por una guerra de especial gravedad, tanto por la violación del derecho internacional, por los riesgos de escalada nuclear, como por las graves consecuencias económicas y sociales», dijo el pontífice en un discurso que dio a los embajadores de la Santa Sede en todo el mundo.

«Es una tercera guerra mundial en pedazos, de la cual son testigos en los lugares donde están cumpliendo su misión», les dijo el Papa a los representantes pontificios, incluidos 91 nuncios apostólicos, seis observadores permanentes en organismos internacionales y personal de la secretaría de Estado.

En la segunda reunión con sus embajadores desde que fue elegido Papa, Francisco recordó a los representantes pontificios cómo desde 2019 «el temporal de la pandemia del Covid-19 nos ha obligado a diversas limitaciones de la vida cotidiana y de nuestras actividades pastorales».

«Ahora parece que lo peor ya pasó, y gracias a Dios podemos encontrarnos de nuevo», celebró.

Así lo explicó la fiscal Bottini tras presentar la impugnación al fallo absolutorio ante el Superior Tribunal de Justicia. Explicó que el recurso busca que se realice un nuevo juicio. Al evaluar la sentencia, advirtió que hubo “arbitrariedad” y “falta de perspectiva de género”; Además de cuestionar que en diferentes tramos se advierte “cierta agresividad”, y “falta de respeto”.

La fiscal María Bottini, que integró el equipo del Ministerio Público Fiscal que participó del juicio por el caso de violación grupal conocido como la “manada de Chubut”, explicó a Radio 3 los alcances de la impugnación presentada y cuestionó la sentencia absolutoria de las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini.

En primer término explicó que el recurso se planteó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) “solicitando la anulación del juicio, que se revoque la decisión absolutoria y se realice un nuevo juicio”.

Aclaró que el STJ “no revierte ni condena, sino que ordena un nuevo juicio”, y detalló que ahora “tiene que correr vista a los abogados defensores y cuando contesten habrá una audiencia. Ahí el STJ se abocará a resolver”.

En este sentido, argumentó que la impugnación se presentó porque “entendemos que fue una cuestión arbitraria, donde no se analizaron las pruebas de manera global sino de forma fragmentada”.

Además, “no hubo perspectiva de género, porque no se tuvieron en cuenta las circunstancias de este tipo de casos (…) no se evaluó la prueba como lo establecen las leyes nacionales e internacionales y llegan a una conclusión que para nosotros es errada”.

La fiscal señaló que la falta de perspectiva de género es independiente del género de las personas, y lamentó que “las mujeres también reproducen el patriarcado y esto está a la vista”, en este caso.

A nivel personal, Bottini expresó que “me resultó llamativo que después de todo lo que ha pasado aún haya expresiones que atrasan y nos estacan en definiciones que uno creía que ya no estaban en el léxico judicial”.

Reconoció que en la sentencia “una de las juezas utiliza expresiones que son llamativas y con cierta agresividad a la Fiscalía”, evaluando que “fue un fallo aleccionador a la Fiscalía, que no es la manera”, y que está por fuera del rol de los magistrados en un debate.

“En este caso hubo frases que tuvieron un impacto y que quizá no se dieron a conocer, pero hay frases que son impactantes y que pedimos que se tomen como ‘no escritas’ en la sentencia porque son muy llamativas”, apuntó.

Precisó que la frase “que refiera que el Fiscal ‘no puso lo que tuvo que poner’ y que el trabajo recayó en 3 mujeres -es- casi impropio de una sentencia judicial” ya que “hace alusión a la genitalidad del fiscal, invisibilizando a 2 mujeres que trabajamos en el caso”.

Esto “es totalmente falto de perspectiva de género y da cuenta del posicionamiento de al menos esta jueza en cuanto a cómo ve la prueba y los hechos”.

Bottini expresó que “me pareció grave esa frase, no me pareció propio de una sentencia y nunca había leído algo igual en una”, ya que “pensarlo, ponerlo, releerlo y firmarlo, es llamativo y desafiante”.

Cerró expresado que en su experiencia “siempre los jueces y juezas se manejaron con respeto, si bien no siempre las resoluciones son favorables a la Fiscalía y puede haber desinteligencias, siempre son con respeto”.

 

La fiscal Bottini advirtió la falta de perspectiva de género de las juezas que dictaron la absolución en el caso de la “manada” y expresó en que el juicio “se desarrolló de una manera bastante particular”, dando cuenta de cierto “maltrato”. Remarcó que las juezas “cuestionaron que la víctima no haya declarado -señalando que eso- iba a ser revictimizante”, por la manera en la que se desarrolló el debate. Señaló que hubo una interpretación que “instaló la defensa y (las jueza) la tomaron” para desprestigiar el testimonio de las testigos.

A través de Radio 3, María Bottini, integrante del equipo del Ministerio Público Fiscal que participó del juicio por el caso de violación grupal conocido como la “manada de Chubut”, expresó su parecer al conocer el fallo completo de las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini que absolvieron a los 3 imputados.

Bottini apuntó que hubo cierto “maltrato” hacia las testigos y cuestionó la falta de perspectiva de género de las magistradas a cargo del proceso. También evaluó que las juezas se inclinaron por creer en la hipótesis de los abogados defensores y subrayó que el falló será apelado ante el Superior Tribunal de Justicia en los próximos días.

“La conclusión es que son miradas y formas de abordar la prueba”, expresó la Fiscal, anticipando que se va a apelar el fallo y que “no compartimos el fundamento. Cuestionar que la víctima no haya declarado muestra la falta de perspectiva de género”.

Bottini enfatizó que en este tipo de hechos “la víctima no declara por algunas cuestiones y así lo sugieren profesionales del Derecho y otras áreas”. Además, consideró que hubiera sido revictimizante “teniendo en cuenta cómo se desarrollaba el proceso, que se desarrolló de una manera bastante particular, con testigos que salieron llorando y con abogados que preguntaban de manera agresiva”, dando cuenta así de cierto “maltrato” que sufrieron algunas personas en el juicio.

“Es una víctima que no recordaba en particular el hecho porque estaba bajo los efectos del alcohol y había que evaluar la salud de la víctima en su integralidad. Por cómo se desarrollaba el juicio, si declaraba iba a ser altamente revictimizante y de un impacto negativo en su salud. Entonces, analizar que no haya declarado en la etapa de prueba es perder de vista esto y no tener perspectiva de género”, sentenció.

Precisamente, la Fiscal apuntó que este será uno de los ejes de la apelación al fallo.

En otro tramo, Bottini también se refirió a la valoración que hicieron las magistradas de los testimonios de las testigos, que fueron desprestigiados; a lo que la Fiscal remarcó que “es una interpretación que instaló la defensa y que lo tomaron. Lo que pasó es que pasaron muchos años y cada una contaba lo que recordaba”.

Enfatizó que en el juicio, “cuando declararon contaron lo que cada una se acordaba y hacían mención a lo que había manifestado otra amiga. Estaba claro cuál era el aporte de cada una”, sentenció.

Bottini explicó que ahora desde la Fiscalía, independientemente de la apelación de la Defensa de la sobreviviente; “trabajamos en el recurso de apelación, estamos analizando la sentencia y estamos terminando de hacer una lectura profunda y detenida”.

“En base a eso fundaremos el recurso pero claramente el fallo carece de perspectiva de género -e incluso- hay pasajes alejados de la perspectiva de género”, revelando que una de las magistradas consideró que “‘el Fiscal no puso lo que tenía que poner’, y ¿Qué es lo que puede poner un hombre que no puede poner una mujer?”, lamentó, evaluando que esto “claramente da cuenta del posicionamiento de una de las juezas”.

Cerró precisando que la apelación va directamente al Superior Tribunal de Justicia, “es un recurso extraordinario y es el recurso que tiene la Fiscalía. El fin de semana terminaremos de escribir”.

El sumo pontífice habló ante un consorcio de medios católicos y se refirió, por segunda vez en un mes, al asunto y las campañas de vacunación contra el virus.

El Papa Francisco sorprendió al mundo en las últimas horas al referirse a la pandemia del coronavirus, sobre la cual aseguró que la difusión de noticias falsas constituye una violación a los derechos humanos.

“Estar correctamente informado, que se nos ayude a comprender situaciones basadas en datos científicos y no en noticias falsas, es un derecho humano”, dijo el sumo pontífice durante un encuentro con miembros de catholicfactchecking.com, un consorcio de medios de comunicación católicos.

En base a su sitio, el grupo busca “aclarar las noticias falsas y la información engañosa” sobre las vacunas contra el COVID.

“La información correcta debe garantizarse sobre todo a los que están menos equipados, a los más débiles y a los más vulnerables”, manifestó en ese contexto el Papa tras denunciar la propagación de la “infodemia”, algo que calificó como «una distorsión de la realidad basada en el miedo, en noticias falsificadas o inventadas y en “informaciones supuestamente científicas”.

El comerciante Irineo Garzón Martínez, acusado por la violación de una joven venezolana en un local de la zona porteña de Once, fue detenido este jueves en el barrio porteño de Mataderos por uniformados de la unidad de Delitos contra la integridad sexual de la Policía de la Ciudad.

Garzón Martínez fue arrestado en el domicilio de su hermana, en la calle Tandil al 5000, y luego trasladado a la Alcaidía 12, del barrio de Saavedra. En el momento de la detención, el comerciante fue insultado a los gritos por los vecinos y allegados a la víctima.

Con la firma de los jueces Pablo Lucero y Magdalena Laíño, y la disidencia de Jorge Rimondi, la Sala I de la Cámara del Crimen había ordenado esta mañana la detención de Garzón Martínez, revocando la decisión de la jueza Karina Zucconi.

Fuente: Página 12

La Cámara Penal de Puerto Madryn, confirmó este miércoles la condena de 8 años de prisión efectiva a Juan Luis Ale, ex jefe de Policía de Chubut y Diputado Provincial

Ale, ex Jefe de la Policía Provincial y Diputado Provincial, fue condenado a 8 años de prisión por abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores, por hechos cometidos entre 1998 y 2001. Ale apeló la condena de primera instancia y hoy la Cámara Penal confirmó la sentencia y desestimó de esta manera la revocación de la sentencia del juicio.

Antes de la jornada de este miércoles tanto los familiares de las víctimas como las fiscales advirtieron sobre la posibilidad de que el abusador quede libre. Incluso el 2 de Diciembre las juezas Stella Eizmendi y Mirta del Valle Moreno declararon inadmisible el recurso de impugnación presentado por la fiscal María Alejandra Hernández y por tanto, no ingresaron en el análisis respecto a un pedido de prisión para el exjefe de policía.

 

Una niña de 12 años de la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, atravesó un parto prematuro en el Hospital Centenario, ubicado en la ciudad de Rosario. La niña cursaba el séptimo mes de embarazo y según afirmaron a este diario fuentes cercanas a la investigación de la causa, radicada en la Fiscalía regional 2 de Rosario, “hay sospechas de que puede haber sido víctima de un abuso sexual dentro del círculo íntimo de la familia”. El colectivo Ni Una Menos (NUM) de Casilda denunció ante el Ministerio nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad que la niña fue obligada a parir.

A fines de julio, una persona allegada a la familia de la niña se comunicó con el colectivo NUM de Casilda para alertar sobre la situación. Se había dado cuenta al notar los cambios en el cuerpo de la niña, producto del embarazo. Como no había ninguna denuncia respecto del caso, las integrantes de la agrupación acercaron su preocupación a la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad de Casilda, donde el caso quedó a cargo del equipo del área de niñez. “Cuando se toma conocimiento de la situación la nena llevaba seis meses embarazada. En lugar de asesorarla sobre la interrupción legal del embarazo (ILE), en el Hospital ya la llamaban mamá y le hacían los controles del bebé”, relató a Página/12 Sandra Michelón, integrante del colectivo NUM y quien se encargó de llevar el caso a las autoridades municipales, y advirtió que “se trata de una situación de desconocimiento del protocolo, del Código Penal, y de abandono a la niña”.

Recién algunas semanas después, cuando una persona cercana a la familia se decidió a hacerlo, se radicó la denuncia en la comisaría y el fiscal Emiliano Ereth, quien estaba de turno en ese momento, llamó a la madre a declarar. Según fuentes de la Fiscalía, que contempla como hipótesis la posibilidad de que se trate de una situación de abuso sexual intra familiar, la niña “se manifestó al respecto, aunque sin señalar a nadie”. En la casa convive con su madre, su hermana mayor, el padrastro y los hijos de él, varones y adolescentes. “Esa niña fue dejada en ese mismo entorno a pesar de saber sobre la violencia que podría estar viviendo”, señaló Michelón, y aclaró que en la escuela tampoco tenían conocimiento de la situación: “la directora se enteró cuando yo la llamé”.

A pesar de la intervención de la municipalidad, a principios de septiembre la niña fue trasladada a Rosario, donde la semana pasada finalmente atravesó el parto en el Hospital del Centenario. “Nos sentimos profundamente consternadas e impotentes ante tanta desidia. Son niñas no madres”, advirtió el colectivo en un comunicado que enviaron al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de la investigadora María Alicia Gutiérrez, quien forma parte del Consejo Asesor Ad Honorem del organismo. En el comunicado, las integrantes del colectivo informaron a las autoridades nacionales sobre el caso. “Lo que pedimos es que se haga justicia por esa niña”, señaló Michelón y aseguró que “desde el Ministerio se pusieron en contacto”.

En el legajo de la investigación, que aún no tiene una carátula específica, están las primeras indagatorias tomadas a familiares y personas cercanas a la niña. Sin embargo, según señalaron fuentes de la investigación, las declaraciones “no aportaron datos concretos”. También afirmaron que el fiscal a cargo había solicitado la Cámara Gesell para que la niña pueda ser entrevistada por profesionales, pero fue reprogramada por las restricciones que las autoridades locales dispusieron, ante el aumento de contagios de coronavirus en la localidad.

Una semana antes de que la niña de Casilda fuera trasladada a Rosario para el parto, otra niña, de 11 años y víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, fue sometida a una cesárea en el Hospital materno infantil Eloisa Torrent de Vidal, en Corrientes. La niña, que vivía en Monte Caseros, al sureste de la provincia, había sido alertada sobre los riesgos de la interrupción del embarazo, pero no sobre las consecuencias de convertirse en madre a los 11 años. A diferencia de Corrientes, que no tiene protocolo propio para la atención y el abordaje de la ILE, en Santa Fe tiene vigencia, desde enero de este año, el protocolo nacional, actualizado por el Ministerio de Salud en diciembre del 2019. “En el Hospital local el equipo a cargo de abordar los casos de embarazo en niñas y adolescentes, más bien se encarga de asegurar los nacimientos”, advirtió Michelón y remarcó que “la Justicia, la municipalidad y los efectores de salud no hicieron más que obligar a esa niña a parir”.