“La situación fiscal es muy delicada”, reconocen en el Gobierno cuando promedia el 2020 y en el Congreso se debate el proyecto de Presupuesto 2021, que busca achicar el déficit fiscal primario y situarlo en un 4,5% del PBI el año próximo.
Con este número en el horizonte, insuficiente para algunos sectores que piden un mayor ajuste del gasto, el Gobierno sigue muy de cerca los números fiscales para emprender un camino hacia la “normalización de las cuentas públicas”, como le gusta decir a Martín Guzmán, después de cerrar este año con un rojo fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) de en torno al 8%.
Desde el lado de los ingresos, hay cierto optimismo, pero prefieren actuar con cautela e ir redefiniendo los programas de asistencia que surgieron con la pandemia, como el bono IFE y el ATP.
Tras septiembre, el primer mes en el año en el que la recaudación de impuestos creció por arriba de la inflación, en el Gobierno se esperanzan en que octubre tenga una performance similar.
Aún con un aporte menor del Impuesto País (el que surge de sumar al dólar oficial el 30%) tras el reforzamiento del cepo anunciado a mediados de septiembre y la imposibilidad para muchos que compraban el «dólar ahorro», otros recursos van cobrando dinamismo.
La recaudación de la seguridad social parece haber tocado piso y estar empezando a pegar la vuelta, sostuvieron fuentes de Casa Rosada.
Este cambio de tendencia podría evidenciar que el piso del desempleo (dentro del mercado formal) quedó atrás, aunque advierten: “Hay que ser prudentes y esperar, pero los datos van mostrando eso”.
Hasta ahora los datos que se conocen del Indec marcaron que al segundo trimestre del año un 13% de los argentinos estuvieron desempleados. Pero a ese porcentaje se suman los que, en medio de la pandemia, ni siquiera salieron a buscar trabajo.
El Impuesto País, que se implementó a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada a fin de 2019, hasta ahora implicaba un aporte relevante en la recaudación, de unos $ 20.000 millones por mes.
En septiembre fue la primera vez desde el inicio de la cuarentena que este impuesto recaudó menos que el mes anterior cuando ingresaron $ 20.858 millones frente a los $ 21.900 millones de agosto. En lo que va de 2020 aportó unos $ 110.470 millones a las arcas públicas.
Aún con un menor aporte desde este tributo, en el Gobierno creen que podría volver a ser otro mes que muestre una evolución más favorable que los meses previos. “Estamos viendo que en octubre la recaudación puede volver a crecer en términos reales”, añadieron fuentes oficiales.
Si bien la definición sobre el IFE 4 aún está en suspenso, justamente por el impacto en las cuentas públicas, en el Gobierno van trabajando con la apuesta a ir dejando atrás este programa y convertirlo en ayuda que busque incorporar a las personas al mercado laboral o a los jóvenes, al estudio.
El plan “Potenciar Trabajo” que depende de Desarrollo Social, ministerio a cargo de Daniel Arroyo, trabaja en este aspecto.
De hecho la idea de dar una renta básica universal en la pos pandemia, política impulsada a nivel mundial por algunos países y también desde algunos organismos como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), fue evaluada por el Gobierno pero dejada de lado ante la imposibilidad de contar con los recursos para ponerla en práctica.
El programa ATP, que se dio durante cinco meses seguidos en medio de la propagación del coronavirus, tuvo como eje pagar parte del salario de los trabajadores de las empresas que pedían esta transferencia desde el Estado.
Pero en las últimas versiones se sumó la posibilidad de que algunas firmas accedan a créditos subsidiados. SI bien para algunos sectores (los más golpeados) se mantendrá la asistencia directa para el pago de salarios (como en el caso del turismo, cultura y deporte), en el Gobierno confirmaron que el resto de las firmas irán yendo hacia un esquema en el que sólo podrán acceder a los préstamos blandos que se ofrecen.
Suba en planes sociales
El aumento pactado en el salario mínimo vital y móvil de un 28% en tres tramos implicará una suba en los planes sociales vigentes.
La semana pasada se pactó en el Ministerio de Trabajo entre las cámaras empresariales y los sindicatos un aumento del SMVM de 28% con un 12% de suba en octubre hasta los $18.900, 10% en diciembre a $ 20.587,50 y un 6% restante en marzo que completará el alza hasta los $ 21.600.
Unas 600.000 personas que reciben hoy planes sociales verán un incremento. El caso que el Gobierno pretende que cobre fuerza es el «Potenciar trabajo»: implica una carga horaria de media jornada (4 horas) y el beneficiario recibe una asistencia desde el Estado de un monto igual a la mitad del SMVM, que con la suba del 28% pactada la semana pasada, en marzo serán $ 10.800.
