Luego de las movilizaciones en la Casa de Gobierno de Chubut, el gobierno de Mariano Arcioni respondió con persecuciones y allanamientos a los manifestantes que repudiaron el apoyo del gobernador al desarrollo de la minería. Si bien hubo manifestaciones en toda la provincia, en la capital Rawson se dio el mayor conflicto. El lobby minero presiona nuevamente para impulsar proyectos insustentables, y pese al interés público que rechazó estas iniciativas a lo largo del tiempo, el sector público parece responder más al interés privado.
Por Juan Patricio Méndez *
Comenzar estas líneas hablando de crisis de representación democrática resulta impactante. Más si atendemos directamente a nuestra historia nacional y regional, plagada de intervenciones militares e irrupciones dictatoriales. Pero si a la potencia conceptual del significado apuntamos, nos resulta pertinente la categoría porque las instituciones parlamentarias, así como los representantes de la ciudadanía en el Gobierno, poco están atendiendo a las demandas sociales por las cuales dicen luchar, y mucho están trabajando para profundizar la crisis ambiental y engorsar las cuentas de los dueños de grandes capitales trasnacionales.
Pero hay más argumentos para sostener esta posición. Luego de las movilizaciones de las asambleas y las organizaciones ambientales en Chubut, en contra de los proyectos que avanzan en materia de minería, el gobernador Mariano Arcioni respondió con persecuciones y detenciones arbitrarias. Según el comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), el Estado provincial “se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes”. En consonancia, la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), emitió un comunicado donde enfatizó que “no habrá paz social con mineras en los territorios”. “Hacemos llegar nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut ante el avasallamiento que están sufriendo por parte del gobierno provincial, operando, mintiendo y reprimiendo a las protestas vecinales con el objetivo de instalar la megaminería contaminante en la provincia”, expresaron en su sitio web oficial.
Y como si fuera poco, la cuestión ambiental se entrama con una idea que es necesario sostener. La apropiación de bienes comunes para el beneficio privado representa una quita de lo que es de todos, por parte de los que todo lo tienen. El extractivismo, como política de Estado, es la perpetuación del robo sistemático a los pueblos y a la naturaleza. La consideración de los bienes comunes como “recursos” le aporta, a todos ellos, una cualidad mercantil que no debería existir.
Y la lucha está allí. Nos vienen bien las palabras de Pino Solanas quien en 2016, y al respecto del Decreto 349/2016, que otorgó grandes exenciones impositivas a las mineras, explicó que “se suma a la innumerable lista de ventajas impositivas que goza el sector minero exportador”. A los hechos nos remitimos: Barrick Gold obtuvo reducciones importantes en materia fiscal sobre el uso de agua. Según el portal No a la Mina, “Barrick Gold paga $0,50 el metro cúbico (1.000 litros) por el agua más pura del planeta. Si creemos que gasta 110 litros por segundo, usarían 9.504.000 litros por día. Es decir pagan 4.750 pesos por día, o 142.000 pesos por mes. Ahora si comparamos el valor del metro cúbico que paga cualquier hijo de vecino en Buenos Aires ($5,74 aprox.) nos damos cuenta que el valor es 10 veces más”.
Entonces, cuando la política pública se dedica mayormente a la reproducción de los beneficios históricos de los grandes capitales, y yuxtapone a los mismos sobre los intereses sociales, estamos en condiciones de decir que existe una seria crisis de representación democrática. El entramado minero que tiene lugar en Chubut encarna serios, profundos y complejos conflictos de la política provincial y nacional. Fiel a su estilo, la frase “todo ambiente es político” se vive a flor de piel en cada asamblea.
Fuente: Radio Gráfica