Este año el gobierno provincial no logró que se discuta en la Legislatura el proyecto para habilitar la megaminería, prohibida por ley desde 2003. La disputa se dio en medio de casos de corrupción; y el freno al avance minero lo protagonizó el pueblo movilizado, que en medio de la pandemia fue empujado a la calle en defensa del agua. Como desde hace 18 años, se reafirmó el no a la megaminería en chubut.
Chubut se encuentra paralizada hace más de tres años, inmersa en una crisis extendida que no ve luz al final del túnel. Una explicación del conflicto tiene como origen el desamadre político desatado con la muerte de Das Neves a finales de 2017, profundizado por la crisis de deuda que expande la problemática al área económica. Pero la situación no se explica sin contemplar el componente socioambiental, que expone la pugna entre dos modelos opuestos de provincia. La clase dirigente y las corporaciones que la impulsan proponen como salida la megaminería, e insistir así con profundizar la matriz extractivista de la primera provincia petrolera del país, que no puede cumplir siquiera con el pago a estatales. Como contracara, las comunidades movilizadas resisten, con el plebiscito de Esquel de 2003 como bandera expandida a cada región y con la experiencia de otras provincias mineras como casos testigo. El colectivo popular no sólo dice No, sino que propone alternativas productivas acorde a las demandas del momento, incompatibles con la minería a gran escala, a cielo abierto, que utiliza tóxicos y millones de litros de agua en su proceso.
La periodista canadiense Naomi Klein demostró, en su investigación global “La Teoría del Shock, el capitalismo del desastre”, que las multinacionales y corporaciones locales se valen o provocan las condiciones de crisis en gobiernos democráticos para imponer modelos de económicos de supuesto desarrollo que benefician sólo a una porción de la comunidad. La analogía de la crisis de Chubut con la teoría de Klein está presente en el discurso de asambleas, en las bases de casi todos los gremios (también en algunas de sus cúpulas) y en vecinxs autoconvocadxs, empujadxs a buscar respuestas a la crisis por la incertidumbre y la desidia.
“Hoy hay una crisis política que perjudica a los trabajadores. Detrás de esto hay una puesta en crisis deliberada (menciona la teoría del Shock de Naomi Klein), un experimento previo a la pandemia muy concreto de poner en crisis a Chubut con esta crisis de deuda, y generar condiciones para que sea la megaminería la que venga a resolver la cuestión económica y así la sociedad que la rechaza, puesta en crisis, termine aceptándola. Y ahí se nos va la vida”, analizó Luis Ronconi, secretario de prensa del gremio de Judiciales SITRAJUCH, en entrevista con la radio comunitaria La Namunkurá.
La consecuencia del abandono estatal de la cosa pública se resume en la situación de los estatales de la provincia, sin aumentos en 2020 y con salarios congelados para 2021, postergados por el pago de la deuda como excusa. Este fue el cuarto año que trabajadorxs de salud perciben atrasos en salarios de hasta tres meses -en medio de la pandemia-, en los hospitales se resiste sin insumos; docentes también sin cobrar, pibxs que no tienen clases regulares -que en 2019 ocuparon escuelas por las fallas edilicias irresueltas-; jubilados desesperados que no perciben sus haberes, con tristes episodios como los que se encadenaron a la obra social estatal para que lo anormal no se normalice, entre otros sectores afectados.
Las irregularidades en salarios y aguinaldo se traslada a los tres poderes del Estado: la Justicia, paralizada, y la Legislatura, que apenas sesionó en 2020, es ahora el escenario de disputa en clave minera. En tres diferentes oportunidades el gobernador Mariano Arcioni le puso fecha a la resolución de atrasos en salarios, pero en los hechos no pudo cumplir su promesa: debe hasta tres meses de salarios y recién días antes de las fiestas pudo pagar el aguinaldo de junio; del de diciembre, ni hablar.
Un proyecto a medida de las mineras
La decisión política del gobernador Arcioni de avanzar con la megaminería, que se concretó en noviembre pasado con la presentación de un proyecto de ley, parece confirmar la relación entre la crisis y la minería de la que habla el colectivo movilizado en Chubut, presente en todas las protestas de trabajadorxs. Esta promesa -como con en el fin de atraso en pago de salarios- el gobernador tampoco la cumplió. En campañas de 2017 y 2019, Mariano Arcioni protagonizó un spot con la consigna “no a la megaminería que nos quieren imponer desde Buenos Aires” y también rechazó de manera contundente la actividad en una entrevista televisiva: “no a la minería rotundo por sobre todas las cosas para proteger nuestros recursos naturales (…) y eso no se logra por tener el agua contaminada, el aire contaminado por estar explotando minería”. El mandatario, como la mayoría de los candidatos que ocupan cargos en la provincia como por ejemplo el vicegobernador madrynense Ricardo Sastre, se expresaba en la misma línea que el electorado al que aspiraron convencer. Ahora, con la decisión de avanzar en esta “cruzada” (definición que usó al presentar el proyecto de ley) además de romper con su palabra, el gobernador terminó de quebrar el contrato social con lxs chubutenses. Arcioni “le puso el cascabel al gato”, como le reclamaban los lobistas mineros, y accionó acorde a los poderes locales y nacionales que lo respaldan.
La decisión política de de avanzar con la megaminería parece confirmar la relación entre la crisis y la minería de la que habla el colectivo movilizado en Chubut
#ChubutAGUAzo como rechazo a la megaminería y la (segunda) Iniciativa Popular
Niñxs con carteles en defensa del agua, estudiantes de secundaria, terciarios y universitarios, comunidades originarias, docentes, trabajadores de salud y de la ciencia, comerciantes y emprendedores, abuelas y abuelos que acompañan tomando mate en sus reposeras, algún audaz representante gremial empujado por las bases, colectivas de mujeres, trabajadorxs independientes, autoconvocadxs. La composición de las marchas en defensa de la ley que prohíbe la megaminería en Chubut es transversal, también a partidos políticos. Empujados a la calle en medio de la pandemia y con la acertada consigna en defensa del agua –#ChubutAGUAzo-, el pueblo movilizado de Chubut demostró que no hay licencia social para aprobar la megaminería. El contundente pronunciamiento en la calle se cristalizó en una acción política concreta: la presentación un proyecto de ley en Legislatura para prohibir la megaminería en todas sus etapas que consiguió juntar más de 30 mil firmas en 48 localidades de la provincia y en contexto de aislamiento por la pandemia. La popular iniciativa, a diferencia del proyecto del gobierno es una herramienta impulsada por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubut (UACCh) por segunda vez: la Iniciativa Popular de 2014 terminó en un mamarracho legislativo para la historia, antecedente que les vale para decir: “nos deben una ley”.
El agua vale más que el oro
Arcioni, al presentar el proyecto de zonificación, afirmó que el río Chubut no se toca. Pablo Lada, uno de los históricos representantes de la Unión de Asambleas de Comunidades, lo desmintió en una columna que firmó para Revista Cítrica : “A pesar de que dijo que el Río Chubut no se toca, este proyecto afecta al Río Chubut. Para que lo entiendan todos. Hay una trampa que tiene la ley 5001, que ya lleva 17 años, y es el término zonificación, que significa entregar partes de la provincia para convertirlos en territorios sacrificables. Todos los proyectos de zonificación que están escritos por las mineras representan el 70% del territorio. Si uno mira el catastro de Chubut dan ganas de llorar. No entran en el mapa la cantidad de pedidos de mina o de declaraciones. En el medio de ese mapa pasa el Río Chubut”.
La defensa del agua es una de las consignas que aparece en todas las marchas ambientales en Chubut: “el agua vale más que el oro” se lee en carteles, remeras, calcos, banderas, pintadas. En las últimas semanas se conoció que este preciado bien común comenzó a cotizar en el mercado de valores por su escasez, problemática que no excede a la provincia patagónica en cuestión. Según un estudio de la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad de la Patagonia, en el que advirtieron que los recursos hídricos serán fuertemente afectados por el cambio climático, “de habilitarse la zonificación las mineras dispondrán del 75% de la cuenca del río Chubut (…) cualquier contaminación o afectación podrá repercutir en el resto de la misma”. El mismo estudio advierte la presencia de decenas de proyectos mineros a la espera de ser aprobados además del ya conocido Navidad de la canadiense Pan American Silver.
Según los valores de cotización del agua en Wall Street, los economistas Facundo Jones y Federico Michi calcularon el valor millonario de las reservas de agua de Chubut, en una publicación para El Extremo Sur. “Partiendo del precio del NQH2O promedio de diciembre 2020 (aproximadamente 490 dólares por acre pie de agua), podemos sostener que el valor de la cuenca de Sacanana alcanza los U$S 1.191.750.170 y el de la cuenca Alta del Río Chubut, los U$S 397.250.057 por año. Si calculamos el valor de las reservas mencionadas de agua para los próximos 10 años, el valor total ascendería a USD 5.164.250.738, aumentando a razón de USD 397.250.057 por año. Según el Estado nacional el proyecto Navidad exportaría en total 4.857.827.920, de lo cual una ínfima parte quedaría en la provincia”, relacionaron los economistas. El Proyecto Navidad de PAS, que según los promineros es comparable en escala con Veladero (Jachal, San Juan), utilizaría para el proceso más de 9 millones de litros de agua por día, según calculó Greenpeace.
Qué dicen desde la “zona de sacrificio”
En medio de sesiones de Legislatura con la aprobación de la megaminería latente se produjeron episodios de violencia y arbitrariedad contra vecinxs ambientalistas por parte de la fuerzas de seguridad de la provincia. El propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, encabezó uno de los cuatro allanamientos producidos en domicilios de una vecinxs que impulsaron la Iniciativa Popular con junta de firmas (el gobierno justificó que tenían relación con destrozos en el edificio de Legislatura días atrás). El otro episodio violento se vivió en la ruta provincial 7 entre Rawson y Trelew, en el que fueron golpeados y detenidos en una persecución Guadalupe Harris y Lionel Delgado, “marcados” por policías infiltrados en la marcha a la que habían acudido minutos antes, según documentó la colectiva de fotógrafxs independientes LUAN. Uno de los testigos, que viajaba junto a lxs detenidxs, es Iván Pailallaf, vecino de la comunidad originaria Chacay Oeste – Laguna Fría, quien afirmó haber visto en la movilización de aquella mañana muchos policías infiltrados y de civil. Pailallaf declaró que los uniformados que protagonizaron las detenciones, luego de cruzarles el auto en la ruta, no portaban identificaciones. “Nos detuvieron por defender el territorio”, expresó.
El territorio al que refiere es la meseta central de Chubut, estepa patagónica comprendida entre la cordillera y el mar que es la región de explotación en busca de minerales, de habilitarse la megaminería. La región sufre tanto el olvido histórico como la codicia: yace allí una de las reservas de plata más grandes del mundo, entre otros metales. Comunidades originarias habitantes se organizaron para emitir un documento firmado para la Legislatura donde rechazan la aprobación del proyecto que los convierte en la “zona de sacrificio”, como la definió alguna vez un funcionario chubutense. En la nota, presentada en la Legislatura, denuncian el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de jerarquía constitucional, advertencia que hizo propia el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut.
Empujados a la calle en medio de la pandemia, el pueblo movilizado de Chubut demostró que no hay licencia social para aprobar la megaminería.
En vez de minería, vecinas y vecinos de la meseta piden agua, para reactivar la ganadería y diferentes producciones, como la de alimentos frescos. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra proponen que desde la meseta se pueden producir alimentos sanos para toda la provincia. “La tierra de la meseta es abundante para producción de alimentos sanos. Es más necesario que la explotación minera”, desarrolló Mariana Chavez, representante de la UTT Patagonia para desmitificar que la meseta sea tierra improductiva. “Si apostamos al desarrollo, a la producción de alimentos en una zona central que tiene alcance a la costa y cordillera, tenemos el poder de sustentabilidad”, explicó.
Quiénes dicen Sí a la megaminería
El gobernador Arcioni denominó al proyecto megaminero Plan productivo para la meseta, presentado como la alternativa para los habitantes del lugar de tener “un futuro digno”, y que se debía hacer “con sustentabilidad, el cuidado del ambiente y teniendo en cuenta lo social” para “lograr desarrollo productivo con sostenibilidad”. El lobby minero, que antes lo presionaba y ahora lo acompaña, se arrogó en campañas promineras la opinión de los vecinos de la meseta para zonificar así también el debate y generar la idea de que sólo los que allí habitan deben decidir. En este informe publicado por Cítrica se desnuda esta operación, en la que está detrás Pan American Silver, la multinacional canadiense dueña del Proyecto para la extracción de Plata denominado Navidad.
“La empresa”, como se la conoce en el territorio, ha gastado unos 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019 de los que no puede detallar su destino, con el agravante de que no opera, ya que la ley se lo prohíbe, según informó el observatorio minero Mining Watch. Alineados con Arcioni (y PAS) está Alberto Hensel, secretario de minería de Nación con quien se trabajó en el proyecto durante meses, varias corporaciones que comparten negocios con grupos de poder locales, las cúpulas de gremios pesados como Petroleros, la UOCRA, y Camioneros (que primero criticó la megaminería pero ahora la acompaña), actores de presión para que la Legislatura ceda de una vez.
Lobby vs democracia: coimas en Legislatura y freno en 2020
La fotógrafa independiente Eve Sureña corporizó el lobby minero en Chubut con una foto de 2014 en la que se veía cómo un representante de las mineras le daba órdenes al diputado Gustavo Muñiz (FPV) a través de su celular en plena sesión legislativa. La relación lobby, coimas y funcionarios sólo se profundizaría con el paso del tiempo a través de sus espasmódicos embistes.
En este 2020, la primera que lo advirtió fue la diputada del oficialismo Zulema Andén, quien afirmó que la empresa tenía “plata para comprar voluntades”. Un par de semanas después, se filtró un audio de la diputada Leila Lloyd Jones en el que decía que había diputados que vendieron su voto a las mineras por 10 millones de pesos, afirmación que profundizó con detalles a la Justicia, que abrió una causa de oficio para investigar el hecho. Entre los mencionados aparece Guillermo Corneo, que se presenta como el abogado del gobernador.
Entre el audio filtrado de Lloyd Jones y el avance en la Justicia de la causa, una cámara oculta que publicó el diario Perfil hizo estallar el escándalo de coimas y minería en Chubut con repercusión nacional. En el video de 2018, el ahora diputado Sebastián López (Pro / Juntos por el Cambio) que durante el gobierno de Macri ocupaba un cargo en el Anses de Puerto Madryn, pide “cien lucas” para hacer lobby a favor de la actividad. Más allá del impacto del registro, que fue la estocada final al intento prominero de avanzar en 2020, quedan dudas sobre el momento y los por qué de la filtración. ¿A quiénes les pedía López este dinero? ¿Es un intento de Pan American Silver de despegarse de estos episodios ubicándose como parte afectada, o también un mensaje de apriete para el resto de la Legislatura?
“La tierra de la meseta es abundante para producción de alimentos sanos. Es más necesario que la explotación minera”
La abogada ambientalista Silvia de los Santos nos explicó que estos episodios exceden a la megaminería y que se observan en las prácticas de muchas empresas extractivas. “Lo empezamos a denominar de forma sutil ‘exceso de lobby’. Tiene que ver con corrupción no solamente en el sentido económico sino en el de la destrucción y saqueo de todos los bienes comunes”, explicó. De los Santos relacionó el mal desarrollo con la pandemia: “es consecuencia de los extractivismos, lo dicen pero no lo quieren admitir como causal directa del daño que estamos sufriendo. La globalización hace que empresas transnacionales vienen a países como el nuestro -del ‘Tercer Mundo’- y tienen mayor poder económico que los propios Estados. Los dictadores ya no vienen de la política sino justamente del sistema extractivista- capitalista y personificado en este tipo de empresas trasnacionales que no responden a ningún tratado de Derechos Humanos porque pretenden su propia seguridad jurídica y sus propios acuerdos. Se instala esta noción de a más extractivismo menos democracia”.
Más rechazos al proyecto prominero de Arcioni
Además de la postura de las asambleas vecinales de toda la provincia, el proyecto para habilitar la megaminería en Chubut sumó rechazos de organismos de derechos humanos, críticas partidarias, una denuncia por falsificación de un informe científico, desmentidas de organismos técnicos y hasta cosechó reveses de la ciencia y la iglesia. A través de diversos canales institucionales o en posiciones desde las instituciones que representan se pronunciaron en contra del proyecto presentado por Arcioni: la Universidad de la Patagonia, El Conicet- Cenpat, la UTN, el INTA, la Agencia de Promoción Científica, la Secretaría de Ciencia de Chubut, el Instituto Futaleufú, desde el Ministerio de Turismo y Áreas protegidas, la Asociación de Guías de Balleneros, Grupas Socorristas Provinciales; Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Adolfo Pérez Esquivel, la APDH; el PJ Chubutense, el FIT, la UCR Chubut, Unidos y Organizados, varios Concejos Deliberantes (Esquel, Trevelin, Lago Puelo, Cholila, 28 de Julio, Corcovado, Rawson, Trelew, Puerto Madryn); gremios y sindicatos (de Educación Pública y Privada, Judiciales, las CTA, ATE, Viales, de Salud, Portuarios, Comercio, Legislativos, de Prensa); el Movimiento de Trabajadores Excluidos y ; la Sociedad Argentina de Pediatría; representantes de la Iglesia (Obispos Chubutenses de la Iglesia Católica, la Diósesis de Comodoro, el Padre Tono de Gan Gan, entre otros); diferentes artistas y personalidades mediáticas. Y sobre manera las comunidades originarias de la meseta, la región “zonificada” para la minería.
2020 se ganó en la calle (pero la lucha sigue)
Ya no hay tiempo en este año para aprobar la megaminería como pretendían los sectores representados por el gobernador. Antes de que estalle el escándalo de las coimas, las masivas movilizaciones populares parecían ya haber frenado el embiste en este turbulento 2020. Desde los medios tradicionales de la provincia, que jugaron un rol central para legitimar las bondades de la megminería en sus casi diarias publinotas, especulan que podría tratarse en sesiones extraordinarias de febrero. Mientras, ¿avanzarán en la Justicia en las causas que relacionan megaminería con corrupción?
Los votos en la Legislatura se podrán obtener (o comprar) a favor de la actividad que no tiene licencia social (¿existe algún ejemplo en que la hayan tenido?). Los votos que los llevaron a ganar sus bancas prometiendo el No, ahora pueden darse vuelta y votar que sí. Pero el pueblo chubutense no cambia de opinión.