El Sindicato de Trabajadoras/es Judiciales del Chubut, SITRAJUCH, repudia la aprobación de la Ley de congelamiento salarial promovida por Arcioni.
Desde hace más de 2 años venimos denunciando que el Gobierno de Arcioni ha puesto en crisis la provincia con el fin de imponer políticas de ajuste sobre las/os trabajadores y jubilados de Chubut, afectando nuestros ingresos; incrementando el perjuicio a la caja de jubilaciones de distintas maneras, no sólo por el no pago de la deuda con el instituto, sino también por congelamiento salarial, por reducción de cargos y promoción del aumento de jubiladas/os -todas medidas que reducen el monto de los aportes, aumentan las erogaciones del ISSyS y lo desequilibran económicamente-; al mismo tiempo que promueven el avance de la mega minería, desoyendo el NO mayoritario de nuestro pueblo.
Otra consideración, tal vez la más importante, es que el trabajo de todas/os las/os trabajadores estatales esta directamente vinculado a la posibilidad de materializar los derechos humanos de toda la sociedad, por lo tanto Arcioni está violando esos derechos; lo ha hecho sistemáticamente desde que está en el gobierno y hoy 10 de diciembre es oportuno volver a denunciarlo.
Como resultado de semejante desgobierno padecemos el atraso en el pago de salarios y jubilaciones, nos adeudan entre 2 y 3 meses de sueldos y el aguinaldo correspondiente al primer semestre y la puesta en crisis de todas las estructuras del Estado, afectando la obra pública y a proveedores.
Este año aún no hemos percibido aumento salarial -desmentimos al diputado País al respecto- y está dispuesta una recomposición de 10% a partir del 01/10/20 que se abonará con el salario de Diciembre/20; mientras la inflación podría llegar al 40%.
Desde las/os trabajadores hicimos propuestas.
Promovimos la suspensión del pago e investigación de la deuda en Chubut. Nadie explica que se hizo con ese dinero.
Promovimos el debate por una nueva ley tributaria para lograr que los grandes capitales que obtienen inmensas ganancias en la provincia empiecen a hacer aportes más cercanos a los que hacemos las y los trabajadores. Mientras un trabajador/a -activo/a o jubilado/a- aporta hasta el 60 % de sus ingresos para el pago de impuestos, esos capitales no aportan ni el 35% y ostentan una alta capacidad de evasión, elusión y fuga de sus ganancias hacia paraísos fiscales o casas matrices -según demuestra la CEPAL-; incluso advertimos que el Gobierno no estaba cobrando impuestos ya regulados.
Pero Arcioni siempre quiso culpar a las/os trabajadores por la situación provincial y -entre gallos y medianoche- sin debate ni consulta previa, remitió a la Legislatura un Proyecto -ahora ley- “mediante el cual se establecerá una herramienta primordial que resultará imprescindible para transitar el camino de la austeridad, guiados por principios básicos de equidad, solidaridad y justicia social. Estos principios exigen que los sacrificios implícitos en las medidas que se adoptan alcancen y sean compartidos adecuadamente por todos los sectores, promoviendo políticas acordes a la realidad “
Y así legisla: “Suspender por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos …,todas aquellas normas contempladas en Decretos, Acordadas, Resoluciones, Disposiciones, Circulares, Actas o cualquier otro instrumento dictado para aplicarse en la Provincia del Chubut, o interpretaciones jurisprudenciales que permitan su aplicación extensiva en el territorio provincial, mediante el cual se adhiera a pautas y/o políticas salariales de Organismos, Poderes, Sociedades y cualquier otro Ente cuya jurisdicción o competencia exceda el territorio provincial.”
En primer lugar, esto no es austeridad, como dice en los fundamentos, sino AJUSTE, es decir rebaja de los salarios vía licuación del poder adquisitivo de las/os trabajadores activos y jubilados; frente a un proceso inflacionario que este año puede superar el 40 % y afectaría no sólo a judiciales, ya que -según como se interprete- podría “suspender” incrementos de los salarios que se discuten en la paritaria nacional docente y de bancarios, por ejemplo.
En segundo lugar, y en relación al mismo punto, hay una grave afectación a derechos adquiridos por las/os trabajadores, lesionando el principio de progresividad de los derechos, en instaurando la regresividad.
En tercer lugar hay afectación del derecho constitucional a la propiedad, ya que para un trabajador-activo o jubilado- su propiedad más importante y muchas veces única es el salario.
En cuarto lugar, hay violación del derecho a la negociación colectiva: la fijación del salario no es una potestad unilateral de la patronal -como lo seria si se decide por ley- sino un derecho sujeto a la negociación con los trabajadores, y debe ser decidido bilateralmente por medio de una negociación paritaria.
La constante es el autoritarismo y la falta de diálogo.
De negociaciones con el STJ había surgido la Acordada que establece la forma de considerar los aumentos y resultó de acuerdos con la Asociación de Magistradas/os y Funcionarias/os, el SITRAJUCH y el STJ.
Hoy el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de manera absolutamente inconsulta, dinamitan ese acuerdo vigente en el Poder Judicial y no se detuvieron a evaluar las consecuencias, que pueden resultar opuestas a los fundamentos que pregonan; amén de violentar principios constitucionales y republicanos.
Al destruir los acuerdos, las previsiones y certezas que operaban en el Poder Judicial, acaso nos invitan a solicitar una recomposición de los salarios y jubilaciones acorde a la inflación registrada localmente -¿cuál sería, 40%?- ya que según el absurdo texto convertido en ley, los datos del INDEC no serían aplicables en la provincia!
¡Todo es tan burdo e ilegal que lo vamos a rechazar en la calle y en los tribunales!
RECHAZAMOS EL AJUSTE SOBRE TRABAJADORAS/ES Y JUBILADAS/OS
Comisión Directiva SITRAJUCH 10/12/20
