El Gobierno nacional solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una ampliación de US$ 100 millones del financiamiento para el proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca, ramal Plaza Constitución – La Plata, iniciado en 2013, y que ya registra un alto grado de avance.
A esos recursos adicionales se sumarán otros US$ 50 millones, que aportará el Tesoro Nacional, a fin de cubrir sobrecostos de la obra.
Los principales trabajos a concretar con el financiamiento suplementario serán: el señalamiento y control de trenes; renovación de vías; adecuación de la estación Kosteki y Santillán (en Avellaneda) y su entorno urbano; y cercos perimetrales del ramal, ya que las obras de electrificación están finalizadas.
La documentación del BID, a la que Télam tuvo acceso, explica que las obras de electrificación “fueron más complejas que lo previsto inicialmente, por su emplazamiento en zonas urbanas densas, con restricciones de espacio para la franja de vía e interferencias con servicios públicos”, lo cual determinó “modificaciones de alcance en la obra de tendido de catenaria”.
Impactaron además las modificaciones en los talleres para adecuarse a los requerimientos de la creciente flota de material rodante eléctrico; y el reajuste de precios previsto en los contratos.
Todo esos aspectos explicaron los mayores costos en trabajos ya ejecutados y evidenciaron “la imposibilidad de financiar otras obras y actividades ya previstas bajo el proyecto”.
El préstamo original del BID fue de US$ 300 millones, mientras la contrapartida local ascendió a US$ 200 millones.
El organismo consignó que el servicio de trenes eléctricos opera entre las estaciones Plaza Constitución y La Plata desde octubre de 2017 y entre Plaza Constitución y Bosques desde octubre de 2018.
Se completaron además otras obras importantes, como la construcción de un viaducto ferroviario, un depósito para mantenimiento liviano de trenes y mejoras en 21 estaciones.
Tras constatar que “los mayores costos resultaron de circunstancias excepcionales, fuera del control del prestatario”, el BID consideró que “reducir el alcance del proyecto o sus metas físicas al financiamiento disponible afectaría seriamente el logro de los objetivos propuestos, dada la imposibilidad de ejecutar la totalidad de obras previstas”.
La viabilidad del nuevo préstamo fue justificada, ya que “dada la crisis financiera global actual, el Gobierno posee restricciones para aportar recursos propios y para acceder a fuentes de financiamiento alternativas a costos comparables a los del Banco”.
Según el BID, el aumento del financiamiento “permitirá cumplir los objetivos planteados”, mientras los resultados preliminares de la evaluación económica (aún en proceso de actualización) muestran que “el proyecto continúa siendo rentable”.
El análisis del nuevo préstamo en la sede del banco en Washington tendrá lugar en la primera semana de marzo y se prevé que la operación sea presentada al directorio ejecutivo para su aprobación en la segunda semana de mayo próximo.