“Mi hermano era una persona que no mataba ni a una mosca”, dijo ante una cámara de televisión este miércoles por la mañana Loana, una de las dos hermanas menores del oficial de policía Matías Ezequiel Martínez, el único detenido y principal acusado por el brutal crimen de Úrsula Bahillo, su ex pareja.
La joven de 18 años asesinada por el oficial no opinaba lo mismo. Varios días antes de su muerte expuso en sus redes sociales el trato violento al que la sometía Martínez, se lo dijo a su familia, lo habló con sus amigas. Les contó que estaba angustiada, que no soportaba más sus amenazas, que tenía miedo de que la asesinara. “Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos”, dijo en un mensaje de voz que envió en noviembre pasado a una amiga sobre las golpizas que eran cada vez peores: “Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más”.
Úrsula también había recurrido a la Justicia en la ciudad bonaerense de Rojas, donde vivió toda la vida junto a su familia, y había obtenido una restricción de acercamiento que Martínez violaba sistemáticamente. Hizo al menos tres denuncias en su contra, ella misma y su madre, Patricia.
DENUNCIAS SIN RESPUESTAS
El 9 de enero, el 28 de enero y el 5 de febrero de este año Úrsula lo denunció por los delitos de amenazas y desobediencia en tres expedientes distintos que quedaron en manos del magistrado Luciano Callegari del Juzgado de Paz local, del fiscal Sergio Terrón de la UFI Nº 5 –que 10 días más tarde quedó a cargo de la investigación de su femicidio– y de la UFI Nº 3, respectivamente.
En la mañana de su muerte, el juez de paz Luciano Callegari había solicitado una restricción de acercamiento con un radio de exclusión de 200 metros, “rondas periódicas y frecuentes de vigilancia por 15 días” y la entrega de un botón antipánico para Úrsula. No fue suficiente.
Ese mismo lunes por la tarde, Martínez –separado de la Policía Bonaerense desde el año 2020 con una carpeta psiquiátrica, cuyo contenido se desconoce, y despojado de su arma reglamentaria– subió a la joven en su Peugeot 307 gris y manejó 20 minutos desde el centro de Rojas por la Ruta Provincial 31 hasta Guido Spano, un paraje rural silencioso y prácticamente deshabitado de caminos de tierra, rodeado de pastizales crecidos y montones de basura, donde más tarde fue descubierto su cuerpo sobre un charco de sangre: Úrsula había sido degollada y apuñalada varias veces en su abdomen y su espalda.
El arma con que Martínez mató a Úrsula, según la imputación en su contra, fue un cuchillo de carnicero.
Minutos antes, Martínez, de 25 años, había llamado a su tío materno y lo había alertado del crimen: “Me mandé una macana”, le dijo, una frase que se repite como confesión en muchos casos de violencia machista. El hombre llamó a otro tío del agente, un policía retirado de la fuerza en 2019, que le aconsejó que diera aviso al 911.
Cuando llegaron al lugar, Martínez, que se había tajeado con el mismo cuchillo con el que asesinó a Úrsula, intentó escapar a pie, pero los efectivos de su misma fuerza lograron retenerlo. Ahora está internado con custodia policial en el Hospital San José de Pergamino, aún sin fecha para ser indagado por el fiscal Sergio Terrón, que a pesar de repetidos intentos de contacto por parte de este medio no brindó ninguna respuesta.
LAS HERMANAS GEMELAS
Mientras la ciudad de Rojas despide a Úrsula y la indignación por el crimen crece a nivel nacional, la familia más cercana del agente abandonó la casa donde vivían en el barrio La Loma, una zona de calle de tierra y casas bajas al noreste de la ciudad. Las dos hermanas gemelas de 19 años del agente aseguran haber recibido amenazas y temen que los vecinos tomen represalias contra ellos. “La familia está mal porque lo que pasó fue algo muy feo con Úrsula”, dijo Loana en un testimonio contradictorio al canal C5N, en el que dijo tener “buena relación” con su ex cuñada pero aseguró que ella era quien lo iba a visitar a pesar de la perimetral: “Somos víctimas y lo sentimos. Lo que hizo mi hermano nadie lo defiende y lo va tener que pagar”.
Unos metros más allá de la calle Blas Parera, donde vivía Matías Ezequiel, un patrullero de la Policía Bonaerense llegó desde Pergamino hace varias horas para custodiar la casa vacía de ladrillo hueco a la vista y evitar que alguien se acerque. Su familia ya no está allí. El barrio, sin embargo, está en silencio, los vecinos se esconden tras puertas y persianas cerradas y prefieren no opinar sobre lo que pasó. Matías se había mudado allí hace años, tras vivir en otra zona de Rojas de chico. Entró a la Policía Bonaerense en 2015, era poco más que un menor: antes, el hijo de un ama de casa y un trabajador de un matadero, había trabajado para una fábrica de tejidos de la zona.
La casa del asesino y su familia sigue ahí, con pastos crecidos, perros que duermen la siesta sobre la basura, el ladrillo expuesto, los materiales de construcción al costado, pedazos de escombros, quizás la más desprolija en una cuadra de casas humildes. Los carteles de repudio y de pedido de justicia que cubren la plaza, las casas y los comercios del centro de Rojas todavía no llegaron a La Loma.
LOS VECINOS SABIAN
Un vecino de la zona desde hace más de 20 años hace un gesto de disgusto cuando escucha el nombre del detenido. “Ya todos sabíamos acá cómo era”, dice el hombre, que reproduce una historia grotesca de violencia doméstica y abusos por parte de Martínez que se viralizó en las horas tras el crimen y se repite en las calles de Rojas, pero no consta en la Justicia. Las amigas de Úrsula también refieren que el hombre la golpeaba frente a su familia.
“Lo que está diciendo sobre mi hermano es todo falso y los voy a denunciar por falso testimonio”, sostuvo esta mañana su hermana, que al pasar a bordo de una moto por el centro de Rojas recibe gritos e insultos. “Yo en mi casa nunca vi algo violento, verbal o físico. Nunca vi nada”.
Belén Miranda, una ex pareja de Martínez, escribió en sus redes sociales su experiencia durante el año que estuvo en pareja con él, hace tres años. En una oportunidad, de acuerdo al relato de la joven, Martínez se enfureció con ella porque su hijo de cuatro años se había hecho pis en la cama que compartían y le apuntó con su arma cargada. También se metió el arma en la boca y amenazó con suicidarse.
“Tengo mi corazón hecho pedazos, yo lo dije y se lo dije a ella cuando me vino a pedir ayuda. Yo le di ese empujón para que lo denunciara y ella me decía ‘gracias, Belén, te quiero’. Me quedo con eso. ¿Ahora qué mierda van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a esperar? ¿Otra muerta más?”.
Ella también lo denunció. El 18 de este mes, Martínez tiene una citación a debate en el Juzgado Correcional Nº 1 por el delito de amenazas calificadas. Tras el crimen de Úrsula, Belén compartió en su cuenta de Twitter las capturas de los chats que mantuvo con ella.
“Gracias por tus consejos”, le escribió en una oportunidad la víctima, que se ofreció a ayudarla y acompañarla en su denuncia. “Quedate tranquila que me tenés”, le puso después, y la invitó a encontrarse para charlar. “Deciles que necesitás custodia y cambiá el número. Vas a salir de esta”, le respondió Belén. La única compañía de Úrsula por entonces era su familia, sus amigas y la ex novia de su agresor.
EL TIO POLICIA
Muchos en Rojas hablan de un presunto encubrimiento de policías ante las denuncias de la familia. Se menciona a un supuesto tío policía que desechó denuncias en la Comisaría de la Mujer para cubrirlo. El hombre, retirado desde hace dos años, negó haber trabajado en la dependencia. Fue ese mismo policía retirado quien recibió el llamado del tío materno del femicida y le aconsejó que llamara al 911.
En ese operativo fueron secuestrados los celulares de imputado y la víctima –ambos aparatos serán analizados por personal de la Oficina de Tecnología y Gestión para la Investigación (TGI) de la Fiscalía General departamental–, el rodado Peugeot en que se movilizaba el primero y un cuchillo tipo carnicero, de mango blanco, que sería el arma homicida.
Por lo pronto, una alta fuente en la Justicia penal de la provincia con conocimiento directo de la causa que instruye el fiscal Terrón aseguró a Infobae que la presunta complicidad policial, al menos para los investigadores, “no es una hipótesis en el expediente”.
Las fuentes consultadas en todo el espectro alrededor del expediente no pueden precisar qué diagnóstico consta en la carpeta psiquiátrica del femicida.
Fuente: El Patagónico