La Cámara de Casación ordenó que 21 imputados del sindicato Camioneros enfrenten juicio oral por el desvío de vacunas Sputnik durante la pandemia.
Revocaron la suspensión de juicio a prueba que beneficiaba a los acusados.
El fallo que cambia el rumbo de la causa
Según consta en los autos de la causa, los jueces Mahiques, Gemignani y Borinsky revocaron la probation que regía para los 21 imputados, entre los que se encuentra el dirigente Taboada. El tribunal consideró «manifiestamente improcedente» la suspensión de juicio a prueba en un caso que involucra corrupción, bienes del Estado y funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones durante la emergencia sanitaria.
El escándalo de las 30 dosis desviadas
La investigación se centra en el robo de 30 dosis de Sputnik V en enero de 2021, destinadas originalmente al personal de salud y pacientes de riesgo. La acusación sostiene que las vacunas se desviaron ilegalmente hacia dirigentes y afiliados del sindicato Camioneros, quienes habrían recibido las dosis a cambio de pagos irregulares, vulnerando el plan oficial de vacunación en plena pandemia.
Antecedentes y condenas en la causa
La causa ya había generado condenas previas. La enfermera Analía Muñoz recibió tres años de prisión en suspenso por hurto y cohecho pasivo, mientras que Marcos Paura, empleado del gremio, admitió haber pagado para vacunar a afiliados fuera de los listados oficiales. Sin embargo, la nueva sentencia apunta directamente contra quienes recibieron las dosis robadas.
La postura fiscal que prevaleció
El fiscal general Teodoro Nürnberg se había opuesto al beneficio de la probation desde el inicio de la investigación. Su dictamen sostuvo que se trataba de un claro caso de corrupción que afectó gravemente la salud pública durante la emergencia sanitaria. Los camaristas coincidieron en que la oposición fiscal estaba «debidamente fundamentada» y resultaba vinculante para impedir la suspensión del juicio.
Próximos pasos judiciales
La causa regresa ahora al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá establecer la fecha de inicio del debate oral y público. Los imputados enfrentan cargos por encubrimiento y, de ser condenados, podrían recibir hasta dos años de prisión en suspenso. El fallo cita convenios internacionales que obligan al país a garantizar juicios públicos en casos de corrupción, señalando que «debe propenderse a que estos hechos se ventilen en audiencia oral y de cara a la sociedad».
Impacto político y social del caso
El escándalo de las vacunas robadas se convirtió en un símbolo de los privilegios y maniobras clandestinas durante la pandemia. La decisión judicial cierra la puerta a acuerdos económicos y trabajos comunitarios, abriendo una etapa de mayor exposición pública para los acusados. El caso recupera protagonismo en la agenda judicial y política a cuatro años de su inicio, marcando un precedente en el tratamiento de delitos de corrupción durante emergencias sanitarias. Información extraída del medio La17.