La deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno macrista con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se asumió sin determinarse previamente «su impacto en la balanza de pagos» y la «sustentabilidad del endeudamiento», al tiempo que se «omitió deliberadamente cumplir con los mecanismos normativos exigidos para este tipo de operaciones».
Así lo señaló la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en un informe sobre los resultados de la investigación que realizó del acuerdo con el FMI que la Argentina suscribió en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, para el otorgamiento del préstamo por más de 44 mil millones de dólares.
En el informe de la Sigen se analizan las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en la materialización del acuerdo y la posible existencia de perjuicio para el patrimonio público.
El documento de la Sindicatura fue remitido por su titular, Carlos Montero, al presidente Alberto Fernández y a Felix Crous, jefe de la Oficina Antincorrupción, organismo que ya formalizó una denuncia penal por «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos» por los procedimientos aplicados para el acuerdo
De las tareas de auditoría realizadas por la Sigen, se constataron «incumplimientos en los procedimientos esenciales aplicables a la suscripción del Acuerdo Stand By firmado entre la República Argentina y el FMI en el mes de junio de 2018 y su ampliación».
De acuerdo con el informe, «quedó demostrado que se asumieron compromisos con el FMI sin determinarse antes su impacto en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento, al tiempo que se omitió deliberadamente cumplir con los mecanismos normativos exigidos para este tipo de operaciones».
Esto cobra aun mayor relevancia en función de las consecuencias derivadas de la ejecución del acuerdo, que fueron señaladas por el Banco Central en su Informe de «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019», referidas a la fuga de capitales del sector privado, la formación de activos externos y deficiente controles cambiarios, agrega la auditoría de la Sigen.
De ese informe del Banco Central se desprende que prácticamente la totalidad del desembolso efectuado por el FMI (U$S 44.500 millones) fue utilizado en el mismo período para la formación de activos externos (fuga de capitales), sin que se hayan tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta octubre de 2019, concluyó la Sigen.
«La gravedad de los hechos y la enorme relevancia económica del préstamo analizado amerita la adopción de urgentes medidas con el objeto de determinar el perjuicio fiscal existente como consecuencia del uso inadecuado de los fondos», recomendó la Sigen.
En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el 1º de marzo , el Presidente aseguró que el préstamo que el FMI otorgó a la Argentina en 2018 «fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri» y calificó al acuerdo de la gestión anterior con el organismo como «una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado».
«He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia», anunció Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa.