Este lunes por la mañana se reinició en la Oficina Judicial de Rawson el juicio de la denominada causa Revelación, el cual se encuentra en la etapa de producción de prueba. En ese marco se escucharon durante las primeras horas del día los testimonios de al menos cuatro empresarios del ámbito de la construcción.
La causa investiga supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están vinculados exfuncionarios provinciales y empresarios.
El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales, siendo el primero de ellos quien presida las audiencias que se realizan en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.
La causa cuenta con ocho personas imputadas, entre quienes se encuentran los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.
Cabe recordar que la causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.
Siguen los testigos
En la continuidad de la declaración de testigos, depusieron hoy ante el tribunal los empresarios Carlos Almeida, Adrián Ledesma, Eduardo Loza, Carlos Marcelo Pagasartundua y Carlos Laborda -este último declaró por videoconferencia- todos vinculados a empresas constructoras que tenían contrato con el Estado Provincial al año 2015 y a las cuales se les adeudaban certificados de obra.
Los testigos informaron al tribunal sobre la situación financiera que padecían debido al importante atraso en la percepción de los fondos por las obras que se encontraban en construcción, como así también al sistema de crédito mediante descuento de certificados que operaba a través del Banco del Chubut durante la gestión del exgobernador Martín Buzzi.
También explicaron las gestiones que se realizaron con los funcionarios tras la asunción de Mario Das Neves en el gobierno a fines de 2015. “En ese momento la situación era muy crítica porque veníamos de cuatro años en los cuales la prioridad del gobierno no fue la obra pública, teníamos varias obras adjudicadas y en construcción, pero el problema fue la falta de fondos” dijo Almeida, de la constructora Ledesma y Cía., situación que también certificó quien fuera su socio, Adrián Ledesma.
Los testimonios se refirieron al presunto pedido de pagos extra para compensar gastos de campaña, los cuales habrían consistido en un porcentaje del monto de los certificados que se adeudaban del periodo anterior y todos los testigos fueron consultados por la fiscalía, la querella y algunos de los defensores respecto a la mecánica de los pagos efectuados por parte del gobierno provincial en diferentes etapas del período 2015-2017, como así también sobre este presunto mecanismo de retornos.
“Aportábamos por todas las obras” indicó uno de los testigos, aunque explicaron que la operatoria era diferente en las obras públicas en general respecto a los planes de vivienda que licitaba el Instituto Provincial de la Vivienda en cuanto el circuito de pago de las obras que se encontraban en ejecución.
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