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Gonzalo Carpintero volvió a ser noticia esta semana en Trelew, cuando en la madrugada del viernes cruzó en rojo un semáforo y embistió a otro auto. El exfuncionario se hallaba en estado de ebriedad. Una mujer está grave por su imprudencia.

Durante el último gobierno de Mario Das Neves, Carpintero concedía una entrevista a El Extremo Sur, donde afirmaba: «mi mayor defecto es la culpa». ¿Un presagio?

El gobernador lo ubicaba en la cúspide de su confianza personal por su implacable lealtad y el aguante absoluto que le prodigó en tiempos difíciles, pero también por su perspicacia política y su vocación por el diálogo y la negociación. De hecho Carpintero aseguraba que «mi ocupación preferida es la ‘rosca'».

El entonces secretario privado manejaba, con Diego Correa muy cerca, una suerte de dispositivo de «control» del Gabinete, blindando el acceso al jefe y filtrando demandas o presiones.

Carpintero (46 años) es abogado y fue uno de los «jóvenes brillantes» que Das Neves proyectó a la gestión pública entre 2003 y 2011. Pero terminaría vilipendiado por el sistema y admitiendo que se enriqueció ilegalmente durante su paso por la función pública.

Aquel escándalo con el Fiscal Napoli 

Carpintero fue detenido el 23 de mayo de 2018, siete meses después del fallecimiento de Das Neves. Fue en el marco de la causa Revelación y no tardaría mucho en acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

En agosto de 2020 -plena pandemia-, trascendió que el entonces fiscal Marcos Nápoli solicitaba al juez de la causa un juicio abreviado para el acusado ya que no contaba con ningún antecedente penal, ni condena, acentuando que no hubo nadie que dijera que fuera el propio Carpintero quien solicitaba coimas para acelerar certificaciones de obra.

Su imputación final fue la de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 268 del código penal y según el investigador, esto quedaba evidenciado por la cantidad de bienes que adquirió sin tener otro ingreso que no fuera el de su salario en la administración pública.

La calificación jurídica definitiva por este delito es de tres años de efectivo cumplimiento, aunque alcanza la de ejecución condicional por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, más una serie de pautas de conducta, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa que consistía en el decomiso de una vivienda de 362 mts2 en el barrio Bonorino de Trelew, valuada hace dos años en 420.000 dólares; otro inmueble de 338 mts2 (terreno), que se cotizaba en 50.000 dólares y una camioneta Toyota sw4 2017, valuada en $ 260.0000.

La traslación de dominio de dichos bienes en favor del Estado provincial los debía hacer en un plazo máximo de seis meses; de lo contrario la ejecución penal sería de efectivo cumplimiento. Pero el escándalo que motivó que intentara evitar el juicio oral y público junto a otros exfuncionarios como Víctor Cisterna y Alejandro Pagani, hizo que finalmente se truncara el acuerdo.

El Juicio

El viernes 23 de abril de 2021 se conocieron las penas pedidas por los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez para los imputados en la causa Revelación. Gonzalo Carpintero solo fue condenado a tres años de prisión ya que no se le probó ser parte de la asociación ilícita, sino que lo suyo fue enriquecerse ilegalmente. Su condena, además de ser excarcelable, ya la había cumplido, aunque la mayor parte en prisión domiciliaria.

Claro que también debería devolver patrimonio privado al Estado provincial, pero menos de lo que en su momento había propuesto la Fiscalía al pedirle un juicio abreviado que tanta polémica generó en agosto de 2020.

Carpintero fue hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en calidad de autor, por los hechos investigados y ocurridos entre los meses de diciembre de 2004 y noviembre de 2017, en perjuicio de las Administraciones Públicas de la Provincia de Chubut y de la Municipalidad de Trelew. Los investigadores pidieron la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Además, el Ministerio Público solicitó que se le impusiera una multa de $12.468.592 y se decomisara el bien ubicado en calle Pablo Neruda 3795 del barrio Bonorino de Trelew, cotizado en casi 50 millones de pesos, que pasaría a dominio del Estado ni bien la sentencia adquiriera autoridad de cosa juzgada.

No se pudo dilucidar si en este tiempo Carpintero permaneció en Trelew o cumplió con su deseo expresado en la citada entrevista acerca de que le gustaría vivir «en Treorky, rodeado de sauces llorones».

El ex encargado de la Unidad Gobernador fue condenado a diez años de prisión por «fraude a la administración pública». Fue considerado el jefe de una asociación ilícita durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.

La jueza de ejecución penal de Rawson, Karina Breckle, resolvió este martes otorgarle salidas transitarias durante dos domingo al mes, por ocho horas, a uno de los condenados de la denominada «Causa Embrujo».

Se trata de Diego Correa, quien fue condenado a diez años de prisión efectiva por el delito de «fraude a la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos».

Concretamente, Correa fue considerado el jefe de la asociación ilícita desde su cargo al frente de la Unidad Gobernador durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.

El beneficio para el ex funcionario fue solicitado por su defensor, Fabián Gabalachis, quien adelantó que el próximo mes pedirá la ampliación de las salidas de su asistido en forma progresiva conforme lo prevé la ley.

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Omar Rodríguez, estuvo de acuerdo con las dos salidas durante 8 horas, como asimismo con el garante propuesto, quien además será responsable ante la ley de alojar a Correa, quien saldrá de la Alcaidía de Trelew hasta la ciudad de Rawson y deberá regresar posteriormente.

Rodríguez, durante su argumentación, aclaro que aún restan resolver varias causas en su contra, que al quedar firmes la situación de Correa cambiará

La parte querellante, Fiscalía de Estado, adhirió a la postura del MPF.

Finalmente, la jueza Breckle dispuso que en treinta días se realice una nueva audiencia en la Oficina Judicial de Rawson para debatir sobre la ampliación de las salidas transitorias de Correa.

Los primeros en declarar fueron más testigos respecto de la construcción de una vivienda que dos de los imputados –Carlos Barbato y su esposa Erica Perrone- construyeron en Playa Unión entre los años 2017 y 2019.

Los primeros en declarar fueron más testigos respecto de la construcción de una vivienda que dos de los imputados -Carlos Barbato y su esposa Erica Perrone- construyeron en Playa Unión entre los años 2017 y 2019.

También lo hizo Juan Carlos Bazán, empleado del Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut- cuando Carlos Barbato era su titular y Quinteros su chofer. Bazán realizó un informe a requerimiento de los investigadores respecto del historial laboral y remunerativo del imputado Quinteros.

Las preguntas de los fiscales y defensores, estuvieron relacionadas con la actividad que desempeñaban, sueldos y remuneraciones que percibían, además de la relación formal y laboral entre ambos, además de los gastos operativos y viáticos por las tareas que desempeñaban.

También declararon empleados administrativos de ferreterías de la zona en función de conocer y constatar compras y pagos de materiales para la construcción de la vivienda en Playa Unión, objeto de uno de los presuntos ilícitos que se investigan.

Otro de los testimonios que se escuchó fue el de Lisandro Prado Toledo, con trabajo en una inmobiliaria de Rawson desde hace 20 años. Es corredor inmobiliario matriculado. Tasó la vivienda construida por Carlos Barbato y su esposa en Playa Unión. Contó el mecanismo utilizado para la realización de esa tarea destacando que se encuentra en el centro de Playa Unión, a unas 8 cuadras del mar.

«Playa Unión tiene la característica de que los lotes son caros, comparativamente con otros lugares de la zona», indicó al dar cuenta de los aspectos que tuvo en cuenta para realizar la tasación. Manifestó que la vivienda tiene un tipo de construcción «tradicional, de buena calidad y alta gama».

Se cree que en esta semana se concluirá con la ronda de testimonios habida cuenta de acuerdos entre fiscales y defensores para pulir y acotar la cantidad de testigos, a fin de agilizar el debate.

Las Penas Previstas

El enriquecimiento ilícito tiene previstas penas de dos a seis años de prisión, además de multas. Estas son de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento. La pena es la misma para el autor y las interpósitas personas.

En diálogo con FM EL CHUBUT, el fiscal Omar Rodríguez expresó que «además de una condena que va hasta los 6 años de prisión, vamos a solicitar el decomiso de los bienes adquiridos por Barbato. Son una casa en Playa Unión y un departamento en Puerto Madryn».

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Rodríguez y Williams, además del equipo de trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal del Chubut y del Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General.

Barbato fue funcionario público en el Chubut desde el año 2003, cumpliendo una gran variedad de funciones en importantes cargos en la administración pública del Chubut. Fue Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 2015 estuvo en el IAS hasta 2019, año en que renunció. Además, cumplió funciones en el Banco del Chubut.

La diputada provincial, Graciela Palmira Cigudosa, próxima a enfrentar un juicio oral y publico por una causa de corrupción logro hacer ingresar a su hija en la planta de la legislatura provincial.

La diputada provincial ya lo tiene como asesor a su compadre Care que también la acompañara al «Juicio.» Esta su marido Juan Carlos Gonzalez como asistente que cuando finalice la gestión estará próximo a jubilarse.

La hija de la diputada empezara a cumplir funciones después del receso invernal con una suculenta suma y ya nunca mas tendrá que preocuparse por la inflación.

El procurador y jefe de todos los fiscales de la provincia tiembla ante la inminente aparición de nuevos denunciantes, de gente a la que en el marco de alguna investigación penal le han secuestrado bienes de los que tampoco se sabría dónde están. Lo que ha pasado en Comodoro Rivadavia con la desaparición de nueve millones de pesos en cosas incautadas, se repetiría en otras ciudades y algunos observadores judiciales ya sugieren que debería empezarse a investigar quién o quiénes estarían “robándose” los secuestros y qué responsabilidad tendrían los fiscales de Miquelarena: y él mismo.

Es indudable que es cada vez mayor el desprestigio del Ministerio Público que intenta dirigir “Yoli” (puesto ahí por el extinto Mario Das Neves, su padrino político). Tiene a varios fiscales denunciados, por ejemplo. Se sospecha que en la fiscalía “pisan” denuncias para proteger a políticos, funcionarios o incluso policías corruptos. O que arman, direccionan y promueven causas penales –a veces sin ninguna prueba—contra opositores o en perjuicio de aquellos que ponen en evidencia sus oscuras maniobras. Hay muchos ejemplos de ello y hay denuncias que no han avanzado en el Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, basta con ver los comentarios que hace la gente en los portales de noticias o en las redes sociales para llegar a la conclusión de que nadie les cree.

La próxima semana Miquelarena, los fiscales que tiene en Comodoro y la policía deberán informarle a un juez, que les dio un plazo de “24 horas hábiles”, dónde están los nueve millones de pesos en bienes y dinero que se secuestraron en dos causas penales cuyos imputados terminaron absueltos; y si no hay una respuesta, si no aparecen, eso habilitaría a los dueños de esas cosas a hacer una denuncia penal y a llevar ante la Justicia a los responsables del “no cuidado” de esos secuestros. Pero ante quién tendrían que hacer la denuncia, ¿ante Miquelarena? ¿Y sin son sus fiscales los que están involucrados en posibles delitos?

Todo hace presumir que de a poco se le está viniendo encima la noche a Miquelarena y que ni haciendo sus ya conocidas operaciones va a lograr zafar. No son pocos los que quieren verlo en “el banquillo” dándole explicaciones a algún tribunal y ese momento parece que está cada vez más cerca. Ya no tiene tanto poder y lo sabe. Se da cuenta.

Un erudito en la materia como Fernando Rivarola, en representación de la procuración general de Jorge Miquelarena, dio disertaciones en una suerte de taller sobre delitos informáticos dirigido a empleados policiales, cuya primera edición tuvo lugar en Rawson el martes pasado. El próximo encuentro será en Puerto Madryn.

Supuestamente la idea del taller es capacitar a oficiales y suboficiales de Policía para hacer más eficiente el combate contra los delitos informáticos “…desde el mismo momento en que se realiza la denuncia”.

¿Habrá enseñado Rivarola a los efectivos a actuar con rapidez ante alertas internacionales para capturar pedófilos?

Porque eso es justamente lo que NO hizo cuando la oficina que él encabeza: la UFECED (Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital); habría ignorado en un principio un informe que recibió de organizaciones norteamericanas como la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) donde se declaraba que las fuerzas de seguridad de EE.UU habían descubierto que el Dr. Juan Orlando Juárez, perteneciente al cuerpo médico forense del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, navegaba por la “Deep Web” (internet profunda) descargando material de pornografía infantil.

Lic. Viviana Caminos, presidenta de la RATT (Red Alto al Tráfico y a la Trata de personas):

• “… el Dr. Rivarola es fiscal desde hace años y sabe perfectamente las funciones que cumplen los médicos forenses e incluso él mismo ha trabajado en casos de abuso infantil, por lo que sabe el tipo de peritajes que les deben realizar. En consecuencia, ¿por qué no dio aviso inmediato al Dr. Mario Vivas?, quien es el presidente de Superior Tribunal de Justicia. Para esto no era necesario una condena ni nada por el estilo, él debió avisar en forma urgente al Superior Tribunal para que también en forma inmediata lo aparte de esas funciones…”

• “…no solo Rivarola no avisó de la situación (del médico) al Superior Tribunal de Justicia y permitió que revise ginecológicamente a menores, sino que intentó acallar el caso y solucionarlo en forma silenciosa, a lo que se suma que incluso no había siquiera peritado los dispositivos, lo cual era fundamental. Esto, es un actuar gravísimo, ya que al no cumplir con su deber de investigar, estaba incluso evitando poder analizar si el delito no es aún más grave…”

El alerta internacional fue recibido por la oficina de Rivarola en mayo del 2021. Desde ese momento habría servido para apoyar la pava del mate hasta el 8 de julio (2 meses después), que fue cuando a Rivarola se dignó a actuar. Lo indignante es que en esos 2 meses, el Dr. Juárez revisó a centenares de niños por mandamiento judicial, sin que el máximo tribunal esté enterado de quién era realmente el que estaba llevando a cabo esas tareas.
Esto valió que tanto Viviana Caminos, la máxima autoridad del RATT y Miriam Vásquez, como delegada provincial de ese organismo, presenten denuncia al Consejo de la Magistratura de Chubut, a los efectos de considerar la destitución de Rivarola.
Este sujeto de dudosa integridad moral debería estar hace tiempo fuera de su cargo, lleva a sus espaldas la nefasta investigación que hizo del caso La Manada, que tuvo como consecuencia la libertad de los imputados.

Sin embargo, allí está…, protegido por Jorge Miquelarena, dando capacitaciones e interviniendo en causas delicadas.

La “integrante de oro” de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital es Agostina Miquelarena, nada menos que la hija del procurador.

Agostina Miquelarena y su padre, el procurador general Jorge Miquelarena.

La UFECED fue creada hace pocos años y las malas lenguas dicen que habría sido creada exclusivamente para que Miquelarena meta a su hija. Puesto a que si nos ponemos a contar los casos en los que intervino esta oficina exitosamente, equivale a la cantidad de detenidos que se conocen por delitos cibernéticos en Chubut, una suma que necesitaríamos solo los dedos de una mano para cuantificarlos.

Agostina Miquelarena sería licenciada en Ciencias Forenses e Informática, pero habría que ver hasta donde sabe. Porque si tenemos en cuenta que cuando la entrevistaron por precisiones sobre una serie de estafas virtuales que llevaron a cabo en el 2020 unos individuos que se hacían pasar por nada menos que el jefe de policía de la provincia de ese momento (Miguel Gómez), mediante perfiles de Facebook truchos, ella prácticamente se limitó a responder para encandilarnos con su saber: “no hay que pasarle las contraseñas a desconocidos” o “el objetivo de los estafadores son las claves de homebanking”… no hace falta que seamos acabados conocedores del tema para por lo menos sospechar de su formación en la materia. Ella también disertaría en las capacitaciones a los policías en los próximos encuentros.

Y si se lo preguntaban, no, nunca pudieron identificar a las personas que cometieron estafas haciéndose pasar por el ex-jefe de Policía; algo que un “nerd” de computadoras adolescente lograría tan solo en un fin de semana.

Lo que no cabe duda es la diferencia de posibilidades laborales que habría entre Agostina y el resto de la sociedad. Mientras muchos profesionales en la misma disciplina han empapelado sin éxito con curriculums vitae en búsqueda de trabajo los edificios de Jefatura de Policía, Superior Tribunal de Justicia, Fiscalía y demás entidades, viéndose obligados a probar suerte en la provincia de Buenos Aires; Agostina Miquelarena ingresó a la UFECED apenas fue creada.

Estaría bueno ahondar más en cómo fueron las condiciones que tuvo que superar la hija del procurador para ingresar al organismo (examen concursal).

Notas relacionadas:

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Se trata de Jorge “El Turco” Aidar Bestene integrante del Grupo Jornada junto a Hector González y el “Toco Garcìa Moreno” con quienes lidera este grupo económico desde hace unos años.

Bestene se enriqueció a las sombras del extinto Mario Das Neves Jefe de la Asociaciòn Ilícita que se robo está provincia sin que el Procurador General Jorge Miquelarena haga nada ya que es parte de la banda siendo nombrado a dedo por Das Neves quièn dejò a Mariano Arcioni escribano de Lazaro Baez para que con el Grupo Comodoro siga vaciàndola a las òrdenes del verdadero Gobernador de està provincia que ya lo vas a conocer.

Como si no le alcanzará al turco con la que hizo con la obra pública con diferentes empresas ahora el Grupo Jornada ahora va por el agua de Chubut. ¿Adivinen cómo van a dejar Chubut ahora? Vaciaron la obra pública y ahora están dejando sin agua a Chubut.

El Turquito un exitoso lugarteniente de Das Neves pero fracasado como empresario pasarìa sus dìas con su familia en Portugal donde dicen que con el dinero que hizo con las arcas del estado habrìa comprado un castillo en Portugal tierra de acceso de la droga a España y de ahì a toda Europa. De conseguir colaboraciòn Cholila Online viajarà hasta Portugal para mostrarte con un drone este majestuoso palacio que tendrìa el “turquito” donde estarìa pensando construir otra cancha de hockey.

El Turco en una de sus venidas a Chubut para buscar sus dividendos en el Grupo Jornada, del Sindicato Luz y Fuerza, y disfrutar de las carreras de autitos con el autódromo que le sacò mucho dinero al IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) dejando sin casas a cientos de vecinos no tuvo la mejor idea que tratar de ingresar al rubro pesquero.

Es así que visitó la Legislatura para negociar permisos de pesca a su favor. ¿Será que como no pudo ser buen empresario con Sudelco y Patricio “El Delator” Musante ahora intenta ser empresario pesquero para ingresar pescado a Portugal de ahì a España y de ahì a todo Europa?.

En fin como empresario es un fracaso pero como bandido irìa muy bien ya que habrìa logrado que nunca se lo investigue gracias a su amiguito el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena el bandido judicial que puso Das Neves, principal sospechoso de los incendios que destruyeron los expedientes que involucran a integrantes de està célebre banda que robó la provincia.

De esta manera el Grupo Jornada va por el agua de Chubut y quièn serìa su socio Jorge Miquelarena viene detràs al parecer trayendo fuego para que la familia Das Neves y el Grupo pasen entre el humo sin que nadie los vea. Continuarà-

El lago Muster, ubicado en el departamento de Sarmiento, está pasando por una estrepitosa e histórica reducción de agua, a causa del abuso de parte de petroleras que estuvieron utilizando enormes caudales para operar en los pozos petroleros de la región y por la irresponsabilidad patológica de estancieros que extraen grandes cantidades para uso personal en sus fundos.

El resultado de este “saqueo” desmedido y sin controles estatales, es el que ve a continuación, un paradisíaco lago con contingencias desesperantes; hay retracciones de aproximadamente 200 metros hacia adentro del lago.

En virtud de la situación descrita y de la sanción de la ley de emergencia hídrica resuelta el 26 de agosto del 2021, la diputada provincial Leyla Lloyd Jones exigió al poder ejecutivo a que brinde detalles sobre las medidas que fueron tomadas hasta el momento con respecto a estas circunstancias.

La ley hídrica, ordena al estado a aplicar $ 500.000.000 para el financiamiento de operaciones especificadas en los artículos de la ley con el objeto de menguar el colosal impacto de la reducción del lago, y unos $ 76.000.000 para instalar bombas electro sumergibles en la toma del sistema de acueducto. Así que, la gente de Arcioni deberá describir por medio de informe a la legislatura si la inversión de esos montos a estas alturas ya se llevó a cabo y cómo.

Imaginamos que no van a alcanzar escritorios para sostener inmensas torres de informes de parte del gabinete de Arcioni, sobre todo porque fue el mismo gobernador el que envió el proyecto de ley hídrica al recinto para que se autorizara, pero francamente si uno va al lugar, a prima facie no se ve que hayan tomado medidas al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que los vecinos de Sarmiento se autoconvocaron por tercera vez el domingo 13 de marzo en un abrazo simbólico para visibilizar la situación, que es de pleno, desesperante.

El mismo intendente de la ciudad de Sarmiento, Sebastián Balochi, muy enojado, dijo hace unos días que el lago Musters “se parece al desierto del Sahara”, en alusión al vasto y árido territorio africano conocido popularmente.

Asi que Arcioni y su equipo tienen una semana para explicar a legislatura sin han movido un pelo o no para afrontar esta problemática.

Esperemos que no nos topemos con otro caso grave de corrupción como el antecedente de la causa “Emergencia Climática”, donde bajo el mandato del extinto Mario Das Neves, varios funcionarios se vieron involucrados en delitos de defraudación al estado aprovechando los desastres naturales ocurridos en Comodoro Rivadavia en esa época, para pagar sobreprecios a los insumos que iban destinados a los damnificados de la ciudad petrolera.

 

El Fiscal presentó el escrito argumentando que se perdieron las pruebas en el ataque incendiario de Rawson. Ex funcionarios e intendentes, salvados.

La Fiscalía presentó el escrito donde solicita el sobreseimiento de los imputados en la denominada Causa Lotería por la «perdida Irreparable» de pruebas en los incendios que se produjeron adrede en diciembre en Rawson

Por esta medida resultarán beneficiados Diego Correa (detenido en el caso), Diego Lüters (detenido), Jordan Salinas, Martín Villegas, Federico Verdeau (ex integrante de la conducción), David Dahhur (quien fuera secretario de la privada del exmandatario), Oscar Alarcón, Carlos Barbato, Walter Ñonquepan, Silvio Bourdargham (intendente de Cholila), y Daniel Cárdenas.

De esta manera el sobreseimiento alcanza a los 11 imputados en la causa que investiga contrataciones irregulares por parte de funcionarios del Instituto Asistencia Social (IAS) y de figuras vinculadas a ellos, como así también de dos intendentes de Chubut.

Lo que sigue es la audiencia en la que se pedirá formalmente que todos los imputados sean beneficiados con el sobreseimiento.

Franco había elevado su acusación contra el grupo por presuntos delitos tales como asociación ilícita, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado de servicio y falsificación de instrumento privado. Inclusive mencionó que la presunción es que estaba frente a una «Banda organizada».

La maniobra descripta por fiscalía
Según describía en su acusación, en diciembre de 2015, tras el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, Correa, Lüters y Dahhur usaron sus cargos en puestos claves de la Unidad Gobernador y el Instituto de Asistencia Social para beneficiarse con autocontratos mediante dos empresas: “Sepat SRL”, propiedad de Correa, y “Sono Empresa Integral de Eventos”, de la familia de Dahhur. A valores actualizados, “Sono Eventos” facturó $ 12.622.071, según las pericias.

Sumaron al grupo a Jordan Emanuel Salinas y Martín Ariel Villegas, primo de Dahhur. Los usaron de “prestanombres”: Salinas se presentaba como falso dueño de “Sono Eventos” y Villegas como apoderado. Presupuestaban, facturaban y cobraban contrataciones. Según el fiscal, operaron sin ningún conocimiento de los temas para los que los “contrataban”.

En otra parte de la acusación, a Dahhur y a Verdeau, entonces coordinador y gerente general del IAS –y yerno de Das Neves-, el fiscal les imputó pedir y autorizar 89 contrataciones de “Sono Eventos” para sonido, iluminación y pantallas led en el Bingo Trelew.

Franco consideraba por su parte que hubo un “desdoblamiento artificial” ya que debió ser un solo contrato para brindar los mismos servicios en el mismo lugar todos los fines de semana.

Pero según su hipótesis, dividiéndolos en 89 evitaron llamar a una licitación pública para lograr mejores precios con una competencia transparente y verdadera.

Ahora, el fiscal prescindirá de todas las pruebas que había colectado y pedirá sobreseer a todos los imputados.

La provincia cada vez mas sumida en la corrupción nos vuelve a desayunar con otro suceso que nos deja más en claro el tipo de gente que se encuentra desempeñándose en el poder público.

Entre el 2011 y 2014 existieron maniobras ilegales en el Instituto Provincial de la Vivienda que consistieron en la entrega de 81 viviendas del barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a particulares a cambio de dinero, lo que configura delitos gravísimos de corrupción.

Para esto, los involucrados consignaron falsamente datos personales de los beneficiados, omitieron clasificación de documentación respaldatoria, entre otros artificios; todo a los efectos de facilitar la obtención de viviendas a los seleccionados mientras los otros postulados debían superar un mar de trámites burocráticos para recibir el mismo beneficio.

Los condenados por esta causa fueron Abel Reyna, Darío Acosta, Fabiana Onieva, Ana Caro y Vanesa Medina Consoli.

Aunque parezca un chiste mal improvisado, parte de los condenados (Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli) volvieron a trabajar este miércoles al mismo organismo donde cometieron sus delitos, en el IPV.

Lo que antes considerábamos una exageración hoy es un hecho real, somos testigos de la designación de funcionarios corruptos en cargos públicos donde cometieron delitos, ¿sucederá lo mismo si de pronto se ventilan hechos de robo de dinero en el Banco Del Chubut? ¿Volverían a emplear para trabajar con dinero a funcionarios que robaron dinero en el mismo lugar en el que lo hicieron?

Sospechábamos que en esta provincia el gobierno no respetaba las leyes, pero no nos imaginábamos que sería para tanto.

Debería ser de manual la aplicación del artículo 49 de la ley provincial I-74, que establece la cesantía, entre otros supuestos, por “negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones”.

Pero la actual titular del IPV, Ivana Papaiani se ve que desconoce las leyes sobre las cuales se asienta el funcionamiento íntegro de la administración pública, o bien sería una persona que sin una pisca de pudor protegería abiertamente a los funcionarios corruptos ¿Se sentirá identificada con ellos en alguna particularidad?

Estaría bueno que nos conteste respondiéndonos la razón de volver a incorporar a esta gente al organismo, puesto a que como estamos informados, Papaiani es un fiel lectora de nuestro portal.

Puede dar fe de eso uno de nuestros seguidores que por el hecho de vincularla en hechos de corrupción en los comentarios de uno de nuestros artículos periodísticos recibió una carta documento de ella.

Los “condenados” nunca habrían dejado de percibir sus sueldos y los tenemos nuevamente en la función pública.

“Acá no ha pasado nada”, deben bromear entre ellos, ahogados de risa y jolgorio en las oficinas del IPV.