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La diputada provincial, Graciela Palmira Cigudosa, próxima a enfrentar un juicio oral y publico por una causa de corrupción logro hacer ingresar a su hija en la planta de la legislatura provincial.

La diputada provincial ya lo tiene como asesor a su compadre Care que también la acompañara al «Juicio.» Esta su marido Juan Carlos Gonzalez como asistente que cuando finalice la gestión estará próximo a jubilarse.

La hija de la diputada empezara a cumplir funciones después del receso invernal con una suculenta suma y ya nunca mas tendrá que preocuparse por la inflación.

El procurador y jefe de todos los fiscales de la provincia tiembla ante la inminente aparición de nuevos denunciantes, de gente a la que en el marco de alguna investigación penal le han secuestrado bienes de los que tampoco se sabría dónde están. Lo que ha pasado en Comodoro Rivadavia con la desaparición de nueve millones de pesos en cosas incautadas, se repetiría en otras ciudades y algunos observadores judiciales ya sugieren que debería empezarse a investigar quién o quiénes estarían “robándose” los secuestros y qué responsabilidad tendrían los fiscales de Miquelarena: y él mismo.

Es indudable que es cada vez mayor el desprestigio del Ministerio Público que intenta dirigir “Yoli” (puesto ahí por el extinto Mario Das Neves, su padrino político). Tiene a varios fiscales denunciados, por ejemplo. Se sospecha que en la fiscalía “pisan” denuncias para proteger a políticos, funcionarios o incluso policías corruptos. O que arman, direccionan y promueven causas penales –a veces sin ninguna prueba—contra opositores o en perjuicio de aquellos que ponen en evidencia sus oscuras maniobras. Hay muchos ejemplos de ello y hay denuncias que no han avanzado en el Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, basta con ver los comentarios que hace la gente en los portales de noticias o en las redes sociales para llegar a la conclusión de que nadie les cree.

La próxima semana Miquelarena, los fiscales que tiene en Comodoro y la policía deberán informarle a un juez, que les dio un plazo de “24 horas hábiles”, dónde están los nueve millones de pesos en bienes y dinero que se secuestraron en dos causas penales cuyos imputados terminaron absueltos; y si no hay una respuesta, si no aparecen, eso habilitaría a los dueños de esas cosas a hacer una denuncia penal y a llevar ante la Justicia a los responsables del “no cuidado” de esos secuestros. Pero ante quién tendrían que hacer la denuncia, ¿ante Miquelarena? ¿Y sin son sus fiscales los que están involucrados en posibles delitos?

Todo hace presumir que de a poco se le está viniendo encima la noche a Miquelarena y que ni haciendo sus ya conocidas operaciones va a lograr zafar. No son pocos los que quieren verlo en “el banquillo” dándole explicaciones a algún tribunal y ese momento parece que está cada vez más cerca. Ya no tiene tanto poder y lo sabe. Se da cuenta.

Un erudito en la materia como Fernando Rivarola, en representación de la procuración general de Jorge Miquelarena, dio disertaciones en una suerte de taller sobre delitos informáticos dirigido a empleados policiales, cuya primera edición tuvo lugar en Rawson el martes pasado. El próximo encuentro será en Puerto Madryn.

Supuestamente la idea del taller es capacitar a oficiales y suboficiales de Policía para hacer más eficiente el combate contra los delitos informáticos “…desde el mismo momento en que se realiza la denuncia”.

¿Habrá enseñado Rivarola a los efectivos a actuar con rapidez ante alertas internacionales para capturar pedófilos?

Porque eso es justamente lo que NO hizo cuando la oficina que él encabeza: la UFECED (Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital); habría ignorado en un principio un informe que recibió de organizaciones norteamericanas como la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) donde se declaraba que las fuerzas de seguridad de EE.UU habían descubierto que el Dr. Juan Orlando Juárez, perteneciente al cuerpo médico forense del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, navegaba por la “Deep Web” (internet profunda) descargando material de pornografía infantil.

Lic. Viviana Caminos, presidenta de la RATT (Red Alto al Tráfico y a la Trata de personas):

• “… el Dr. Rivarola es fiscal desde hace años y sabe perfectamente las funciones que cumplen los médicos forenses e incluso él mismo ha trabajado en casos de abuso infantil, por lo que sabe el tipo de peritajes que les deben realizar. En consecuencia, ¿por qué no dio aviso inmediato al Dr. Mario Vivas?, quien es el presidente de Superior Tribunal de Justicia. Para esto no era necesario una condena ni nada por el estilo, él debió avisar en forma urgente al Superior Tribunal para que también en forma inmediata lo aparte de esas funciones…”

• “…no solo Rivarola no avisó de la situación (del médico) al Superior Tribunal de Justicia y permitió que revise ginecológicamente a menores, sino que intentó acallar el caso y solucionarlo en forma silenciosa, a lo que se suma que incluso no había siquiera peritado los dispositivos, lo cual era fundamental. Esto, es un actuar gravísimo, ya que al no cumplir con su deber de investigar, estaba incluso evitando poder analizar si el delito no es aún más grave…”

El alerta internacional fue recibido por la oficina de Rivarola en mayo del 2021. Desde ese momento habría servido para apoyar la pava del mate hasta el 8 de julio (2 meses después), que fue cuando a Rivarola se dignó a actuar. Lo indignante es que en esos 2 meses, el Dr. Juárez revisó a centenares de niños por mandamiento judicial, sin que el máximo tribunal esté enterado de quién era realmente el que estaba llevando a cabo esas tareas.
Esto valió que tanto Viviana Caminos, la máxima autoridad del RATT y Miriam Vásquez, como delegada provincial de ese organismo, presenten denuncia al Consejo de la Magistratura de Chubut, a los efectos de considerar la destitución de Rivarola.
Este sujeto de dudosa integridad moral debería estar hace tiempo fuera de su cargo, lleva a sus espaldas la nefasta investigación que hizo del caso La Manada, que tuvo como consecuencia la libertad de los imputados.

Sin embargo, allí está…, protegido por Jorge Miquelarena, dando capacitaciones e interviniendo en causas delicadas.

La “integrante de oro” de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital es Agostina Miquelarena, nada menos que la hija del procurador.

Agostina Miquelarena y su padre, el procurador general Jorge Miquelarena.

La UFECED fue creada hace pocos años y las malas lenguas dicen que habría sido creada exclusivamente para que Miquelarena meta a su hija. Puesto a que si nos ponemos a contar los casos en los que intervino esta oficina exitosamente, equivale a la cantidad de detenidos que se conocen por delitos cibernéticos en Chubut, una suma que necesitaríamos solo los dedos de una mano para cuantificarlos.

Agostina Miquelarena sería licenciada en Ciencias Forenses e Informática, pero habría que ver hasta donde sabe. Porque si tenemos en cuenta que cuando la entrevistaron por precisiones sobre una serie de estafas virtuales que llevaron a cabo en el 2020 unos individuos que se hacían pasar por nada menos que el jefe de policía de la provincia de ese momento (Miguel Gómez), mediante perfiles de Facebook truchos, ella prácticamente se limitó a responder para encandilarnos con su saber: “no hay que pasarle las contraseñas a desconocidos” o “el objetivo de los estafadores son las claves de homebanking”… no hace falta que seamos acabados conocedores del tema para por lo menos sospechar de su formación en la materia. Ella también disertaría en las capacitaciones a los policías en los próximos encuentros.

Y si se lo preguntaban, no, nunca pudieron identificar a las personas que cometieron estafas haciéndose pasar por el ex-jefe de Policía; algo que un “nerd” de computadoras adolescente lograría tan solo en un fin de semana.

Lo que no cabe duda es la diferencia de posibilidades laborales que habría entre Agostina y el resto de la sociedad. Mientras muchos profesionales en la misma disciplina han empapelado sin éxito con curriculums vitae en búsqueda de trabajo los edificios de Jefatura de Policía, Superior Tribunal de Justicia, Fiscalía y demás entidades, viéndose obligados a probar suerte en la provincia de Buenos Aires; Agostina Miquelarena ingresó a la UFECED apenas fue creada.

Estaría bueno ahondar más en cómo fueron las condiciones que tuvo que superar la hija del procurador para ingresar al organismo (examen concursal).

Notas relacionadas:

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¿Se le viene la noche al fiscal Rivarola?: hay dos denuncias en el Consejo de la Magistratura que podrían costarle el cargo

Se trata de Jorge “El Turco” Aidar Bestene integrante del Grupo Jornada junto a Hector González y el “Toco Garcìa Moreno” con quienes lidera este grupo económico desde hace unos años.

Bestene se enriqueció a las sombras del extinto Mario Das Neves Jefe de la Asociaciòn Ilícita que se robo está provincia sin que el Procurador General Jorge Miquelarena haga nada ya que es parte de la banda siendo nombrado a dedo por Das Neves quièn dejò a Mariano Arcioni escribano de Lazaro Baez para que con el Grupo Comodoro siga vaciàndola a las òrdenes del verdadero Gobernador de està provincia que ya lo vas a conocer.

Como si no le alcanzará al turco con la que hizo con la obra pública con diferentes empresas ahora el Grupo Jornada ahora va por el agua de Chubut. ¿Adivinen cómo van a dejar Chubut ahora? Vaciaron la obra pública y ahora están dejando sin agua a Chubut.

El Turquito un exitoso lugarteniente de Das Neves pero fracasado como empresario pasarìa sus dìas con su familia en Portugal donde dicen que con el dinero que hizo con las arcas del estado habrìa comprado un castillo en Portugal tierra de acceso de la droga a España y de ahì a toda Europa. De conseguir colaboraciòn Cholila Online viajarà hasta Portugal para mostrarte con un drone este majestuoso palacio que tendrìa el “turquito” donde estarìa pensando construir otra cancha de hockey.

El Turco en una de sus venidas a Chubut para buscar sus dividendos en el Grupo Jornada, del Sindicato Luz y Fuerza, y disfrutar de las carreras de autitos con el autódromo que le sacò mucho dinero al IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) dejando sin casas a cientos de vecinos no tuvo la mejor idea que tratar de ingresar al rubro pesquero.

Es así que visitó la Legislatura para negociar permisos de pesca a su favor. ¿Será que como no pudo ser buen empresario con Sudelco y Patricio “El Delator” Musante ahora intenta ser empresario pesquero para ingresar pescado a Portugal de ahì a España y de ahì a todo Europa?.

En fin como empresario es un fracaso pero como bandido irìa muy bien ya que habrìa logrado que nunca se lo investigue gracias a su amiguito el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena el bandido judicial que puso Das Neves, principal sospechoso de los incendios que destruyeron los expedientes que involucran a integrantes de està célebre banda que robó la provincia.

De esta manera el Grupo Jornada va por el agua de Chubut y quièn serìa su socio Jorge Miquelarena viene detràs al parecer trayendo fuego para que la familia Das Neves y el Grupo pasen entre el humo sin que nadie los vea. Continuarà-

El lago Muster, ubicado en el departamento de Sarmiento, está pasando por una estrepitosa e histórica reducción de agua, a causa del abuso de parte de petroleras que estuvieron utilizando enormes caudales para operar en los pozos petroleros de la región y por la irresponsabilidad patológica de estancieros que extraen grandes cantidades para uso personal en sus fundos.

El resultado de este “saqueo” desmedido y sin controles estatales, es el que ve a continuación, un paradisíaco lago con contingencias desesperantes; hay retracciones de aproximadamente 200 metros hacia adentro del lago.

En virtud de la situación descrita y de la sanción de la ley de emergencia hídrica resuelta el 26 de agosto del 2021, la diputada provincial Leyla Lloyd Jones exigió al poder ejecutivo a que brinde detalles sobre las medidas que fueron tomadas hasta el momento con respecto a estas circunstancias.

La ley hídrica, ordena al estado a aplicar $ 500.000.000 para el financiamiento de operaciones especificadas en los artículos de la ley con el objeto de menguar el colosal impacto de la reducción del lago, y unos $ 76.000.000 para instalar bombas electro sumergibles en la toma del sistema de acueducto. Así que, la gente de Arcioni deberá describir por medio de informe a la legislatura si la inversión de esos montos a estas alturas ya se llevó a cabo y cómo.

Imaginamos que no van a alcanzar escritorios para sostener inmensas torres de informes de parte del gabinete de Arcioni, sobre todo porque fue el mismo gobernador el que envió el proyecto de ley hídrica al recinto para que se autorizara, pero francamente si uno va al lugar, a prima facie no se ve que hayan tomado medidas al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que los vecinos de Sarmiento se autoconvocaron por tercera vez el domingo 13 de marzo en un abrazo simbólico para visibilizar la situación, que es de pleno, desesperante.

El mismo intendente de la ciudad de Sarmiento, Sebastián Balochi, muy enojado, dijo hace unos días que el lago Musters “se parece al desierto del Sahara”, en alusión al vasto y árido territorio africano conocido popularmente.

Asi que Arcioni y su equipo tienen una semana para explicar a legislatura sin han movido un pelo o no para afrontar esta problemática.

Esperemos que no nos topemos con otro caso grave de corrupción como el antecedente de la causa “Emergencia Climática”, donde bajo el mandato del extinto Mario Das Neves, varios funcionarios se vieron involucrados en delitos de defraudación al estado aprovechando los desastres naturales ocurridos en Comodoro Rivadavia en esa época, para pagar sobreprecios a los insumos que iban destinados a los damnificados de la ciudad petrolera.

 

El Fiscal presentó el escrito argumentando que se perdieron las pruebas en el ataque incendiario de Rawson. Ex funcionarios e intendentes, salvados.

La Fiscalía presentó el escrito donde solicita el sobreseimiento de los imputados en la denominada Causa Lotería por la «perdida Irreparable» de pruebas en los incendios que se produjeron adrede en diciembre en Rawson

Por esta medida resultarán beneficiados Diego Correa (detenido en el caso), Diego Lüters (detenido), Jordan Salinas, Martín Villegas, Federico Verdeau (ex integrante de la conducción), David Dahhur (quien fuera secretario de la privada del exmandatario), Oscar Alarcón, Carlos Barbato, Walter Ñonquepan, Silvio Bourdargham (intendente de Cholila), y Daniel Cárdenas.

De esta manera el sobreseimiento alcanza a los 11 imputados en la causa que investiga contrataciones irregulares por parte de funcionarios del Instituto Asistencia Social (IAS) y de figuras vinculadas a ellos, como así también de dos intendentes de Chubut.

Lo que sigue es la audiencia en la que se pedirá formalmente que todos los imputados sean beneficiados con el sobreseimiento.

Franco había elevado su acusación contra el grupo por presuntos delitos tales como asociación ilícita, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado de servicio y falsificación de instrumento privado. Inclusive mencionó que la presunción es que estaba frente a una «Banda organizada».

La maniobra descripta por fiscalía
Según describía en su acusación, en diciembre de 2015, tras el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, Correa, Lüters y Dahhur usaron sus cargos en puestos claves de la Unidad Gobernador y el Instituto de Asistencia Social para beneficiarse con autocontratos mediante dos empresas: “Sepat SRL”, propiedad de Correa, y “Sono Empresa Integral de Eventos”, de la familia de Dahhur. A valores actualizados, “Sono Eventos” facturó $ 12.622.071, según las pericias.

Sumaron al grupo a Jordan Emanuel Salinas y Martín Ariel Villegas, primo de Dahhur. Los usaron de “prestanombres”: Salinas se presentaba como falso dueño de “Sono Eventos” y Villegas como apoderado. Presupuestaban, facturaban y cobraban contrataciones. Según el fiscal, operaron sin ningún conocimiento de los temas para los que los “contrataban”.

En otra parte de la acusación, a Dahhur y a Verdeau, entonces coordinador y gerente general del IAS –y yerno de Das Neves-, el fiscal les imputó pedir y autorizar 89 contrataciones de “Sono Eventos” para sonido, iluminación y pantallas led en el Bingo Trelew.

Franco consideraba por su parte que hubo un “desdoblamiento artificial” ya que debió ser un solo contrato para brindar los mismos servicios en el mismo lugar todos los fines de semana.

Pero según su hipótesis, dividiéndolos en 89 evitaron llamar a una licitación pública para lograr mejores precios con una competencia transparente y verdadera.

Ahora, el fiscal prescindirá de todas las pruebas que había colectado y pedirá sobreseer a todos los imputados.

La provincia cada vez mas sumida en la corrupción nos vuelve a desayunar con otro suceso que nos deja más en claro el tipo de gente que se encuentra desempeñándose en el poder público.

Entre el 2011 y 2014 existieron maniobras ilegales en el Instituto Provincial de la Vivienda que consistieron en la entrega de 81 viviendas del barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a particulares a cambio de dinero, lo que configura delitos gravísimos de corrupción.

Para esto, los involucrados consignaron falsamente datos personales de los beneficiados, omitieron clasificación de documentación respaldatoria, entre otros artificios; todo a los efectos de facilitar la obtención de viviendas a los seleccionados mientras los otros postulados debían superar un mar de trámites burocráticos para recibir el mismo beneficio.

Los condenados por esta causa fueron Abel Reyna, Darío Acosta, Fabiana Onieva, Ana Caro y Vanesa Medina Consoli.

Aunque parezca un chiste mal improvisado, parte de los condenados (Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli) volvieron a trabajar este miércoles al mismo organismo donde cometieron sus delitos, en el IPV.

Lo que antes considerábamos una exageración hoy es un hecho real, somos testigos de la designación de funcionarios corruptos en cargos públicos donde cometieron delitos, ¿sucederá lo mismo si de pronto se ventilan hechos de robo de dinero en el Banco Del Chubut? ¿Volverían a emplear para trabajar con dinero a funcionarios que robaron dinero en el mismo lugar en el que lo hicieron?

Sospechábamos que en esta provincia el gobierno no respetaba las leyes, pero no nos imaginábamos que sería para tanto.

Debería ser de manual la aplicación del artículo 49 de la ley provincial I-74, que establece la cesantía, entre otros supuestos, por “negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones”.

Pero la actual titular del IPV, Ivana Papaiani se ve que desconoce las leyes sobre las cuales se asienta el funcionamiento íntegro de la administración pública, o bien sería una persona que sin una pisca de pudor protegería abiertamente a los funcionarios corruptos ¿Se sentirá identificada con ellos en alguna particularidad?

Estaría bueno que nos conteste respondiéndonos la razón de volver a incorporar a esta gente al organismo, puesto a que como estamos informados, Papaiani es un fiel lectora de nuestro portal.

Puede dar fe de eso uno de nuestros seguidores que por el hecho de vincularla en hechos de corrupción en los comentarios de uno de nuestros artículos periodísticos recibió una carta documento de ella.

Los “condenados” nunca habrían dejado de percibir sus sueldos y los tenemos nuevamente en la función pública.

“Acá no ha pasado nada”, deben bromear entre ellos, ahogados de risa y jolgorio en las oficinas del IPV.

Días pasados publicamos el malestar que existe en Canal 7 con una gran cantidad de trabajadores autoconvocados que no se sienten representados por el Sindicato Argentino de Televisión. 

Recordamos que la empleada de Canal 7, Adriana Gatica, quien a su vez es secretaría  adjunta del gremio de los empleados de televisión, habría sido totalmente rechazada por los trabajadores al tomar decisiones personales en contra de los mismos y arreglando favores personales con la subsecretaria Vanessa Abril, lo que significaría para los empleados un verdadero acto de «traición» hacia ellos.

Esto habría enfurecido al Ministro de Gobierno José Grazzini, quién le habría manifestado a la pseudo dirigente gremial Adriana Gatica, cómo la llaman los trabajadores, advirtiéndole: «los trabajadores ya no te aceptan y no te creen nada», «tu propia soberbia te llevo adonde hoy estás», «y desde el gobierno no vamos a permitir que nos  ensucies a nosotros», «Lo que tendrías que hacer es renunciar».

La pseudo dirigente gremial habría agachado la cabeza y retirado en silencio de Casa de Gobierno después de haber escuchado en un tono no muy cordial al Ministro de Gobierno José Grazzini.

Mientras tanto, los trabajadores autoconvocados de Canal 7 continúan reclamando como el resto de las organizaciones gremiales, que se regularice el pago salarial en tiempo y forma y se termine con las medidas que ha llevado adelante el gremio que teóricamente los tendría que defender, pues solamente se habría ocupado de realizar acuerdos personales con beneficios propios.

Por otro lado el Sindicato Argentino de Televisión, con sede en Buenos Aires, ya estarían enterados de lo que está sucediendo en la provincia del Chubut y estarían analizando no venir hasta que no se solucione la situación con los trabajadores, sacándole de este modo el apoyo a la dirigente gremial que estaría quedándose sola sin ningún tipo de respaldo gremial ni político.

Por otro lado, los trabajadores autoconvocados continúan recibiendo el apoyo de los gremios más importantes de la provincia del Chubut para continuar adelante con la lucha.

Notas Relacionadas:

 

Canal 7:  Autoconvocados repudian accionar de la dirigente Gremial Adriana Gatica 

Ahora bien, viéndolo al fiscal Marco Napoli como un héroe en la cobertura que le dieron en las últimas horas los medios de la zona, la pregunta surge casi de manera automática y debe ser la que se estará haciendo la mayoría de los ciudadanos chubutenses: si el finado Mario Das Neves hubiera estado vivo, ¿este o cualquier otro de los fiscales de Miquelarena lo habrían llevado a juicio?

¿Lo estarían acusando hoy de ser el jefe de una asociación ilícita? ¿Cuál hubiera sido el comportamiento de “Yoli” Miquelarena, el jefe de todos los fiscales de la provincia, colocado en ese cargo por el mismísimo Das Neves?

Marcos Napoli en su rol de acusador público en la causa a la que ellos bautizaron como “Revelación”, la de las coimas en la obra pública; hizo la fácil en el juicio que está a punto de culminar en la Oficina Judicial de Rawson: acusar a alguien que no está vivo y por ende que no puede defenderse.

Al extinto gobernador Das Neves le atribuyó el martes pasado en su alegato haber sido jefe de “una asociación ilícita”; de una organización que se dedicaba a cometer delitos, en una acusación que –ahora—no tiene ningún valor porque el acusado ya no está entre nosotros y si fuera condenado no podría ir a la cárcel a pagar lo que hizo.

Quizás Napoli busca cargar toda la culpabilidad en una persona fallecida para despegar a otros o alivianarles la responsabilidad. El común de la gente que sabe utilizar el sentido común sin entender nada de Leyes lo cree así.

Por ejemplo, la gente en las redes sociales se pregunta: ¿por qué los hijos y la mujer del extinto gobernador nunca fueron imputados de nada?

¿Y el jefe de Napoli? El hoy procurador General de la provincia, ¿nunca vio ni se enteró de nada, cuando formó parte del Gobierno de Das Neves?

Al momento en que él era fiscal de Estado tanto el caso “Revelación” como el otro, “El Embrujo”, estaban en su pleno apogeo; era el saqueo al Estado en su máxima expresión, y, ni siquiera sospechó del accionar de la asociación ilícita encabezada por Das Neves. ¿Nunca nadie le comentó nada? Raro ¿no?

Vale recordar entonces que los imputados en el caso de las coimas en la obra pública conocido como “Revelación”, que bien podría ser otra de las “puestas en escena” a las que nos han acostumbrado los fiscales de “Yoli” Miquelarena son; Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Castillo. Todos, según Napoli, formaban parte de una organización delictiva cuyo liderazgo ejercía el desaparecido Das Neves.

El cargo de “asociación ilícita” ha sido siempre muy difícil de probar en los estrados judiciales y este proceso es muy probable que no sea la excepción.

Este lunes por la mañana se reinició en la Oficina Judicial de Rawson el juicio de la denominada causa Revelación, el cual se encuentra en la etapa de producción de prueba. En ese marco se escucharon durante las primeras horas del día los testimonios de al menos cuatro empresarios del ámbito de la construcción.

La causa investiga supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están vinculados exfuncionarios provinciales y empresarios.

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales, siendo el primero de ellos quien presida las audiencias que se realizan en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.

La causa cuenta con ocho personas imputadas, entre quienes se encuentran los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.

Cabe recordar que la causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.


Siguen los testigos

En la continuidad de la declaración de testigos, depusieron hoy ante el tribunal los empresarios Carlos Almeida, Adrián Ledesma, Eduardo Loza, Carlos Marcelo Pagasartundua y Carlos Laborda -este último declaró por videoconferencia- todos vinculados a empresas constructoras que tenían contrato con el Estado Provincial al año 2015 y a las cuales se les adeudaban certificados de obra.

Los testigos informaron al tribunal sobre la situación financiera que padecían debido al importante atraso en la percepción de los fondos por las obras que se encontraban en construcción, como así también al sistema de crédito mediante descuento de certificados que operaba a través del Banco del Chubut durante la gestión del exgobernador Martín Buzzi.

También explicaron las gestiones que se realizaron con los funcionarios tras la asunción de Mario Das Neves en el gobierno a fines de 2015. “En ese momento la situación era muy crítica porque veníamos de cuatro años en los cuales la prioridad del gobierno no fue la obra pública, teníamos varias obras adjudicadas y en construcción, pero el problema fue la falta de fondos” dijo Almeida, de la constructora Ledesma y Cía., situación que también certificó quien fuera su socio, Adrián Ledesma.

Los testimonios se refirieron al presunto pedido de pagos extra para compensar gastos de campaña, los cuales habrían consistido en un porcentaje del monto de los certificados que se adeudaban del periodo anterior y todos los testigos fueron consultados por la fiscalía, la querella y algunos de los defensores respecto a la mecánica de los pagos efectuados por parte del gobierno provincial en diferentes etapas del período 2015-2017, como así también sobre este presunto mecanismo de retornos.

“Aportábamos por todas las obras” indicó uno de los testigos, aunque explicaron que la operatoria era diferente en las obras públicas en general respecto a los planes de vivienda que licitaba el Instituto Provincial de la Vivienda en cuanto el circuito de pago de las obras que se encontraban en ejecución.