También por otro lado camiones chilenos estarían transportando sobre ruta 40 material bélico sobre patagonia.
Equipamiento tecnológico y armamento estaría siendo ingresado a campos patagónicos argentinos en supuestas bases ilegales para realizar espionaje ilegal sobre Argentina.
Sus soldados en tierras argentinas serían los reclutados a través de la RAM, quienes se autodenominan Pueblo Nación Mapuche.
¿Se viene una guerra con Chile?
Cinco helicópteros con matrícula chilena sobrevolaron ilegalmente durante dos días el Parque Nacional Los Glaciares, en especial la zona del Glaciar Perito Moreno.
Las aeronaves se apostaron en Punta Arenas, ciudad militarizada y donde hay presencia inglesa.
Autoridades provinciales del sur patagonico pedirán que Cancillería haga un reclamo formal para que se revele quiénes viajaban y los motivos de estos vuelos.
Pedira el Bloque de Gobernadores Patagónicos información a la Cancillería y pedirán las sanciones correspondientes para Chile?
#URGENTE ¿ESPIONAJE ILEGAL CHILENO SOBRE ARGENTINA?
#Espionaje? #Inglaterra & #Chile sobre #PatagoniaArgentina ?
(Atención también por otro lado camiones chilenos estarían transportando sobre ruta 40 material bélico sobre patagonia.
Equipamiento tecnológico y armamento estaría siendo ingresado a campos patagónicos argentinos en supuestas bases ilegales para realizar espionaje ilegal sobre #Argentina.
Sus soldados en tierras argentinas serían los reclutados a través de la #RAM, quienes se autodenominan Pueblo Nación Mapuche). #geopolitica
Entre paréntisis por Darío Fernández periodista de investigación de #CholilaOnline
¿Se viene una guerra con Chile?
⚠️🚁Cinco helicópteros con matrícula chilena sobrevolaron ilegalmente durante dos días el Parque Nacional Los Glaciares, en especial la zona del Glaciar Perito Moreno. 🚁
Las aeronaves se apostaron en Punta Arenas, ciudad militarizada y donde hay presencia inglesa. #puntaarenas
Autoridades provinciales del sur patagonico pedirán que Cancillería haga un reclamo formal para que se revele quiénes viajaban y los motivos de estos vuelos.
Pedira el Bloque de Gobernadores Patagónicos información a la Cancillería y pedirán las sanciones correspondientes para Chile? Patagonia Ar
“Se está quemando la zona alta de Conarpesa, también en la parte alta de Mermoud y lo que sería el campo de Tinelli, un incendio explosivo y una sequía importante, será un trabajo largo, no hay que quedarse” expresó Lalo Pérez de Protección Civil en Chubut en una radio de Esquel.
Siguiente análisis por Darío Fernández:
Para analizar, estas son propiedades privadas, más allá del bosque nativo que regula el estado, ¿que hacen los privados para prevenir incendios?.
¿Tienen sistema contra incendios como caminos, cortafuegos, bombas de aguas industriales, tanques australianos y sistema de riego natural a través de estanques naturales que retengan un poco el agua por la sequía?.
No tienen nada de esto, ¿pero saben que?, van hacer los primeros en agarrar el dinero que manda el estado nacional y provincial para remediar y reimplantar bosques como así también beneficiarse con el dinero que destino Pan American Energy.
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el viernes pasado un acuerdo de colaboración con la compañía Pan American Energy, por el cual la empresa se compromete a realizar una donación de $100.000.000 a la provincia, en el marco del siniestro ígneo que se inició hace poco más de dos semanas en el Parque Nacional “Los Alerces”.
Durante el acto de firma, llevado a cabo en la sede central de Pan American Energy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron presentes también el Upstream Managing Director de la empresa, Fausto Caretta; el Vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; y el intendente de Esquel, Matías Taccetta.
Pero a estos 100 millones se le suman 500 millones más del Consejo Federal de Inversiones ¿quién va a controlar que efectivamente se haga lo correcto con estos fondos?
Al parecer detrás de los incendios hay muchos negocios millonarios, desde la compra con supuestos sobreprecios de «sandguchitos» hasta el dinero que se va a destinar a campos de propiedad privada donde los dueños son multimillonarios como Alvarez Castellano dueño de la Empresa Pesquera de Conarpesa o Mario Vargas ex vicegobernador de Chubut al cual el difunto Mario Das Neves le otorgó 5.000 hectáreas en rincón del aceite en cercanías a Esquel violando la constitución provincial en sus artículos 102 y 105 donde se prohíbe enajenar tierras fiscales con bosques nativos donde Jorge Miquelarena hizo la vista Gorda para que Das Neves y su banda se roben las tierras con bosques nativos de los Chubutenses, de los patagónicos y de los Argentinos porque primeramente los recursos naturales son de todos los ARGENTINOS.
SIGUE EL CURRO VERDE DETRAS DE LOS INCENDIOS DE BOSQUES EN CHUBUT
“se está quemando la zona alta de Conarpesa, también…
Alarma para los chubutenses Mariano Arcioni está ingresando a Marivi Das Neves como Directora de Recursos Humanos de la Universidad del Chubut.
La hija de Mario Das Neves el Jefe de la Asociación ilícita que junto a los Jóvenes Brillantes se robaron está provincia quiere seguir viviendo del bolsillo de todos los Chubutenses.
Así lo sentenció el médico que denunció al diputado nacional por la “vacunación VIP” contra el Covid. Repasó que se encuentra procesado y reiteró que por las prioridades establecidas “no correspondía” que se vacune, incluso recordó que “se justificó diciendo que era personal de salud”.
El médico y ex diputado provincial Fernando Urbano dialogó con Radio 3 y reclamó que la justicia federal avance en la reunía contra el diputado nacional Santiago Igon por el “vacunación VIP” contra el Covid.
Urbano señaló que Igon se encuentra procesado en la causa y recordó que el diputado “se había vacunado salteando todo el orden de prioridades establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación”.
Recordó que “en esa época (comienzos de 2021) todos estaban asustados y con buen criterio se estableció desde lo ético y científico el orden de prioridades -pero- en ese momento cuando ni siquiera se habían vacunado los trabajadores de la Salud fue el diputado Igon y fue vacunado”.
“Eso fue un delito”, sentenció y reclamó que “es un delito que debe ser investigado y castigado”, evaluando que “solo por ser diputados nacionales es inadmisible que se haya vacunado”.
Asimismo, señaló que “debe ser investigado y si se comprueba, no solo Igon debe pagar sino quienes promovieron que se vacune, porquealguien dio la autorización para que se vacune. Incluso pedimos un sumario administrativo a (Fabián) Puratich (ex Ministro de Salud) y nunca se hizo”.
“Igon se justificó diciendo que era personal de salud, cosa que no es cierta”, sumó y expuso que “por donde se lo mire es un delito y no correspondía que se vacune en forma anticipada a otros grupos de riesgo más vulnerables”.
“Ahora parece que no tiene importancia, pero hay que retrotraerse al 2021”, continuó y por ello subrayó que “desde lo ético u social debe recibir una condena”.
Gonzalo Carpintero volvió a ser noticia esta semana en Trelew, cuando en la madrugada del viernes cruzó en rojo un semáforo y embistió a otro auto. El exfuncionario se hallaba en estado de ebriedad. Una mujer está grave por su imprudencia.
Durante el último gobierno de Mario Das Neves, Carpintero concedía una entrevista a El Extremo Sur, donde afirmaba: «mi mayor defecto es la culpa». ¿Un presagio?
El gobernador lo ubicaba en la cúspide de su confianza personal por su implacable lealtad y el aguante absoluto que le prodigó en tiempos difíciles, pero también por su perspicacia política y su vocación por el diálogo y la negociación. De hecho Carpintero aseguraba que «mi ocupación preferida es la ‘rosca'».
El entonces secretario privado manejaba, con Diego Correa muy cerca, una suerte de dispositivo de «control» del Gabinete, blindando el acceso al jefe y filtrando demandas o presiones.
Carpintero (46 años) es abogado y fue uno de los «jóvenes brillantes» que Das Neves proyectó a la gestión pública entre 2003 y 2011. Pero terminaría vilipendiado por el sistema y admitiendo que se enriqueció ilegalmente durante su paso por la función pública.
Aquel escándalo con el Fiscal Napoli
Carpintero fue detenido el 23 de mayo de 2018, siete meses después del fallecimiento de Das Neves. Fue en el marco de la causa Revelación y no tardaría mucho en acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
En agosto de 2020 -plena pandemia-, trascendió que el entonces fiscal Marcos Nápoli solicitaba al juez de la causa un juicio abreviado para el acusado ya que no contaba con ningún antecedente penal, ni condena, acentuando que no hubo nadie que dijera que fuera el propio Carpintero quien solicitaba coimas para acelerar certificaciones de obra.
Su imputación final fue la de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 268 del código penal y según el investigador, esto quedaba evidenciado por la cantidad de bienes que adquirió sin tener otro ingreso que no fuera el de su salario en la administración pública.
La calificación jurídica definitiva por este delito es de tres años de efectivo cumplimiento, aunque alcanza la de ejecución condicional por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, más una serie de pautas de conducta, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa que consistía en el decomiso de una vivienda de 362 mts2 en el barrio Bonorino de Trelew, valuada hace dos años en 420.000 dólares; otro inmueble de 338 mts2 (terreno), que se cotizaba en 50.000 dólares y una camioneta Toyota sw4 2017, valuada en $ 260.0000.
La traslación de dominio de dichos bienes en favor del Estado provincial los debía hacer en un plazo máximo de seis meses; de lo contrario la ejecución penal sería de efectivo cumplimiento. Pero el escándalo que motivó que intentara evitar el juicio oral y público junto a otros exfuncionarios como Víctor Cisterna y Alejandro Pagani, hizo que finalmente se truncara el acuerdo.
El Juicio
El viernes 23 de abril de 2021 se conocieron las penas pedidas por los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez para los imputados en la causa Revelación. Gonzalo Carpintero solo fue condenado a tres años de prisión ya que no se le probó ser parte de la asociación ilícita, sino que lo suyo fue enriquecerse ilegalmente. Su condena, además de ser excarcelable, ya la había cumplido, aunque la mayor parte en prisión domiciliaria.
Claro que también debería devolver patrimonio privado al Estado provincial, pero menos de lo que en su momento había propuesto la Fiscalía al pedirle un juicio abreviado que tanta polémica generó en agosto de 2020.
Carpintero fue hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en calidad de autor, por los hechos investigados y ocurridos entre los meses de diciembre de 2004 y noviembre de 2017, en perjuicio de las Administraciones Públicas de la Provincia de Chubut y de la Municipalidad de Trelew. Los investigadores pidieron la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Además, el Ministerio Público solicitó que se le impusiera una multa de $12.468.592 y se decomisara el bien ubicado en calle Pablo Neruda 3795 del barrio Bonorino de Trelew, cotizado en casi 50 millones de pesos, que pasaría a dominio del Estado ni bien la sentencia adquiriera autoridad de cosa juzgada.
No se pudo dilucidar si en este tiempo Carpintero permaneció en Trelew o cumplió con su deseo expresado en la citada entrevista acerca de que le gustaría vivir «en Treorky, rodeado de sauces llorones».
El ex encargado de la Unidad Gobernador fue condenado a diez años de prisión por «fraude a la administración pública». Fue considerado el jefe de una asociación ilícita durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.
La jueza de ejecución penal de Rawson, Karina Breckle, resolvió este martes otorgarle salidas transitarias durante dos domingo al mes, por ocho horas, a uno de los condenados de la denominada «Causa Embrujo».
Se trata de Diego Correa, quien fue condenado a diez años de prisión efectiva por el delito de «fraude a la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos».
Concretamente, Correa fue considerado el jefe de la asociación ilícita desde su cargo al frente de la Unidad Gobernador durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.
El beneficio para el ex funcionario fue solicitado por su defensor, Fabián Gabalachis, quien adelantó que el próximo mes pedirá la ampliación de las salidas de su asistido en forma progresiva conforme lo prevé la ley.
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Omar Rodríguez, estuvo de acuerdo con las dos salidas durante 8 horas, como asimismo con el garante propuesto, quien además será responsable ante la ley de alojar a Correa, quien saldrá de la Alcaidía de Trelew hasta la ciudad de Rawson y deberá regresar posteriormente.
Rodríguez, durante su argumentación, aclaro que aún restan resolver varias causas en su contra, que al quedar firmes la situación de Correa cambiará
La parte querellante, Fiscalía de Estado, adhirió a la postura del MPF.
Finalmente, la jueza Breckle dispuso que en treinta días se realice una nueva audiencia en la Oficina Judicial de Rawson para debatir sobre la ampliación de las salidas transitorias de Correa.
Los primeros en declarar fueron más testigos respecto de la construcción de una vivienda que dos de los imputados –Carlos Barbato y su esposa Erica Perrone- construyeron en Playa Unión entre los años 2017 y 2019.
Los primeros en declarar fueron más testigos respecto de la construcción de una vivienda que dos de los imputados -Carlos Barbato y su esposa Erica Perrone- construyeron en Playa Unión entre los años 2017 y 2019.
También lo hizo Juan Carlos Bazán, empleado del Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut- cuando Carlos Barbato era su titular y Quinteros su chofer. Bazán realizó un informe a requerimiento de los investigadores respecto del historial laboral y remunerativo del imputado Quinteros.
Las preguntas de los fiscales y defensores, estuvieron relacionadas con la actividad que desempeñaban, sueldos y remuneraciones que percibían, además de la relación formal y laboral entre ambos, además de los gastos operativos y viáticos por las tareas que desempeñaban.
También declararon empleados administrativos de ferreterías de la zona en función de conocer y constatar compras y pagos de materiales para la construcción de la vivienda en Playa Unión, objeto de uno de los presuntos ilícitos que se investigan.
Otro de los testimonios que se escuchó fue el de Lisandro Prado Toledo, con trabajo en una inmobiliaria de Rawson desde hace 20 años. Es corredor inmobiliario matriculado. Tasó la vivienda construida por Carlos Barbato y su esposa en Playa Unión. Contó el mecanismo utilizado para la realización de esa tarea destacando que se encuentra en el centro de Playa Unión, a unas 8 cuadras del mar.
«Playa Unión tiene la característica de que los lotes son caros, comparativamente con otros lugares de la zona», indicó al dar cuenta de los aspectos que tuvo en cuenta para realizar la tasación. Manifestó que la vivienda tiene un tipo de construcción «tradicional, de buena calidad y alta gama».
Se cree que en esta semana se concluirá con la ronda de testimonios habida cuenta de acuerdos entre fiscales y defensores para pulir y acotar la cantidad de testigos, a fin de agilizar el debate.
Las Penas Previstas
El enriquecimiento ilícito tiene previstas penas de dos a seis años de prisión, además de multas. Estas son de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento. La pena es la misma para el autor y las interpósitas personas.
En diálogo con FM EL CHUBUT, el fiscal Omar Rodríguez expresó que «además de una condena que va hasta los 6 años de prisión, vamos a solicitar el decomiso de los bienes adquiridos por Barbato. Son una casa en Playa Unión y un departamento en Puerto Madryn».
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Rodríguez y Williams, además del equipo de trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal del Chubut y del Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General.
Barbato fue funcionario público en el Chubut desde el año 2003, cumpliendo una gran variedad de funciones en importantes cargos en la administración pública del Chubut. Fue Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 2015 estuvo en el IAS hasta 2019, año en que renunció. Además, cumplió funciones en el Banco del Chubut.
La diputada provincial, Graciela Palmira Cigudosa, próxima a enfrentar un juicio oral y publico por una causa de corrupción logro hacer ingresar a su hija en la planta de la legislatura provincial.
La diputada provincial ya lo tiene como asesor a su compadre Care que también la acompañara al «Juicio.» Esta su marido Juan Carlos Gonzalez como asistente que cuando finalice la gestión estará próximo a jubilarse.
La hija de la diputada empezara a cumplir funciones después del receso invernal con una suculenta suma y ya nunca mas tendrá que preocuparse por la inflación.
El procurador y jefe de todos los fiscales de la provincia tiembla ante la inminente aparición de nuevos denunciantes, de gente a la que en el marco de alguna investigación penal le han secuestrado bienes de los que tampoco se sabría dónde están. Lo que ha pasado en Comodoro Rivadavia con la desaparición de nueve millones de pesos en cosas incautadas, se repetiría en otras ciudades y algunos observadores judiciales ya sugieren que debería empezarse a investigar quién o quiénes estarían “robándose” los secuestros y qué responsabilidad tendrían los fiscales de Miquelarena: y él mismo.
Es indudable que es cada vez mayor el desprestigio del Ministerio Público que intenta dirigir “Yoli” (puesto ahí por el extinto Mario Das Neves, su padrino político). Tiene a varios fiscales denunciados, por ejemplo. Se sospecha que en la fiscalía “pisan” denuncias para proteger a políticos, funcionarios o incluso policías corruptos. O que arman, direccionan y promueven causas penales –a veces sin ninguna prueba—contra opositores o en perjuicio de aquellos que ponen en evidencia sus oscuras maniobras. Hay muchos ejemplos de ello y hay denuncias que no han avanzado en el Consejo de la Magistratura.
Por otro lado, basta con ver los comentarios que hace la gente en los portales de noticias o en las redes sociales para llegar a la conclusión de que nadie les cree.
La próxima semana Miquelarena, los fiscales que tiene en Comodoro y la policía deberán informarle a un juez, que les dio un plazo de “24 horas hábiles”, dónde están los nueve millones de pesos en bienes y dinero que se secuestraron en dos causas penales cuyos imputados terminaron absueltos; y si no hay una respuesta, si no aparecen, eso habilitaría a los dueños de esas cosas a hacer una denuncia penal y a llevar ante la Justicia a los responsables del “no cuidado” de esos secuestros. Pero ante quién tendrían que hacer la denuncia, ¿ante Miquelarena? ¿Y sin son sus fiscales los que están involucrados en posibles delitos?
Todo hace presumir que de a poco se le está viniendo encima la noche a Miquelarena y que ni haciendo sus ya conocidas operaciones va a lograr zafar. No son pocos los que quieren verlo en “el banquillo” dándole explicaciones a algún tribunal y ese momento parece que está cada vez más cerca. Ya no tiene tanto poder y lo sabe. Se da cuenta.
Un erudito en la materia como Fernando Rivarola, en representación de la procuración general de Jorge Miquelarena, dio disertaciones en una suerte de taller sobre delitos informáticos dirigido a empleados policiales, cuya primera edición tuvo lugar en Rawson el martes pasado. El próximo encuentro será en Puerto Madryn.
Supuestamente la idea del taller es capacitar a oficiales y suboficiales de Policía para hacer más eficiente el combate contra los delitos informáticos “…desde el mismo momento en que se realiza la denuncia”.
¿Habrá enseñado Rivarola a los efectivos a actuar con rapidez ante alertas internacionales para capturar pedófilos?
Porque eso es justamente lo que NO hizo cuando la oficina que él encabeza: la UFECED (Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital); habría ignorado en un principio un informe que recibió de organizaciones norteamericanas como la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) donde se declaraba que las fuerzas de seguridad de EE.UU habían descubierto que el Dr. Juan Orlando Juárez, perteneciente al cuerpo médico forense del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, navegaba por la “Deep Web” (internet profunda) descargando material de pornografía infantil.
Lic. Viviana Caminos, presidenta de la RATT (Red Alto al Tráfico y a la Trata de personas):
• “… el Dr. Rivarola es fiscal desde hace años y sabe perfectamente las funciones que cumplen los médicos forenses e incluso él mismo ha trabajado en casos de abuso infantil, por lo que sabe el tipo de peritajes que les deben realizar. En consecuencia, ¿por qué no dio aviso inmediato al Dr. Mario Vivas?, quien es el presidente de Superior Tribunal de Justicia. Para esto no era necesario una condena ni nada por el estilo, él debió avisar en forma urgente al Superior Tribunal para que también en forma inmediata lo aparte de esas funciones…”
• “…no solo Rivarola no avisó de la situación (del médico) al Superior Tribunal de Justicia y permitió que revise ginecológicamente a menores, sino que intentó acallar el caso y solucionarlo en forma silenciosa, a lo que se suma que incluso no había siquiera peritado los dispositivos, lo cual era fundamental. Esto, es un actuar gravísimo, ya que al no cumplir con su deber de investigar, estaba incluso evitando poder analizar si el delito no es aún más grave…”
El alerta internacional fue recibido por la oficina de Rivarola en mayo del 2021. Desde ese momento habría servido para apoyar la pava del mate hasta el 8 de julio (2 meses después), que fue cuando a Rivarola se dignó a actuar. Lo indignante es que en esos 2 meses, el Dr. Juárez revisó a centenares de niños por mandamiento judicial, sin que el máximo tribunal esté enterado de quién era realmente el que estaba llevando a cabo esas tareas. Esto valió que tanto Viviana Caminos, la máxima autoridad del RATT y Miriam Vásquez, como delegada provincial de ese organismo, presenten denuncia al Consejo de la Magistratura de Chubut, a los efectos de considerar la destitución de Rivarola. Este sujeto de dudosa integridad moral debería estar hace tiempo fuera de su cargo, lleva a sus espaldas la nefasta investigación que hizo del caso La Manada, que tuvo como consecuencia la libertad de los imputados.
Sin embargo, allí está…, protegido por Jorge Miquelarena, dando capacitaciones e interviniendo en causas delicadas.
La “integrante de oro” de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital es Agostina Miquelarena, nada menos que la hija del procurador.
Agostina Miquelarena y su padre, el procurador general Jorge Miquelarena.
La UFECED fue creada hace pocos años y las malas lenguas dicen que habría sido creada exclusivamente para que Miquelarena meta a su hija. Puesto a que si nos ponemos a contar los casos en los que intervino esta oficina exitosamente, equivale a la cantidad de detenidos que se conocen por delitos cibernéticos en Chubut, una suma que necesitaríamos solo los dedos de una mano para cuantificarlos.
Agostina Miquelarena sería licenciada en Ciencias Forenses e Informática, pero habría que ver hasta donde sabe. Porque si tenemos en cuenta que cuando la entrevistaron por precisiones sobre una serie de estafas virtuales que llevaron a cabo en el 2020 unos individuos que se hacían pasar por nada menos que el jefe de policía de la provincia de ese momento (Miguel Gómez), mediante perfiles de Facebook truchos, ella prácticamente se limitó a responder para encandilarnos con su saber: “no hay que pasarle las contraseñas a desconocidos” o “el objetivo de los estafadores son las claves de homebanking”… no hace falta que seamos acabados conocedores del tema para por lo menos sospechar de su formación en la materia. Ella también disertaría en las capacitaciones a los policías en los próximos encuentros.
Y si se lo preguntaban, no, nunca pudieron identificar a las personas que cometieron estafas haciéndose pasar por el ex-jefe de Policía; algo que un “nerd” de computadoras adolescente lograría tan solo en un fin de semana.
Lo que no cabe duda es la diferencia de posibilidades laborales que habría entre Agostina y el resto de la sociedad. Mientras muchos profesionales en la misma disciplina han empapelado sin éxito con curriculums vitae en búsqueda de trabajo los edificios de Jefatura de Policía, Superior Tribunal de Justicia, Fiscalía y demás entidades, viéndose obligados a probar suerte en la provincia de Buenos Aires; Agostina Miquelarena ingresó a la UFECED apenas fue creada.
Estaría bueno ahondar más en cómo fueron las condiciones que tuvo que superar la hija del procurador para ingresar al organismo (examen concursal).
