La complejidad de los hechos investigados, la gran cantidad de pruebas exhibidas, los numerosos testigos que desfilaron, la cantidad de imputados y la variedad de imputaciones, hace que en estos días los jueces que integran el Tribunal intenten acelerar el proceso. Pero se encuentren enfrente con pedido de más prórroga de tiempo por parte de algunos defensores que necesitan analizar con mayor profundidad la línea argumental a exhibir como conclusión final de sus posturas.
Esto hizo que cerca de las 20.30 del miércoles pasado, al intentar organizar las próximas jornadas, los jueces coincidieran en no dar más prórroga a algunos defensores y confeccionaran un listado con el orden de las exposiciones. “No aceptaremos más dilaciones”, indicaron. Fue tras los alegatos de los abogados Fabián Gabalachis (defensor de Diego Correa y Pablo Oca) y de Carlos Villada (defensor de Alejandro Pagani).
Citaron además a todas las partes a continuar a las 14.30 del jueves santo. A su turno y tal como lo ha venido argumentando en los últimos debates en los que le ha tocada participar en causas contra la administración pública, el abogado Gabalachis cuestionó una vez más la figura penal de la asociación ilícita.
El silencio de Correa
En alusión a Diego Correa manifestó que el silencio de éste a lo largo de todo el proceso de esta causa (también fue condenado en la causa “Embrujo”) obedece a un reconocimiento indirecto de haber participado en actos ilícitos aunque aclarando que obedecía órdenes “superiores”. En nombre de sus clientes, Gabalachis dijo que ambos reconocen haber cometido el “cohecho” uno de los delitos que se les imputa, para luego cuestionar la figura penal de la asociación ilícita.
Luego el defensor de Alejandro Pagani, entre otros conceptos cuestionó la investigación respectos de la lo que a su criterio son deficiencias en cuanto a la descripción de los hechos. “Los fiscales hablan de cheques y de empresas, pero nada dicen en referencia a las obras ejecutadas y los lugares donde se hicieron”, ejemplificó. Destacó que su cliente no tenía injerencias en los pagos y que las pruebas en su contra “son forzadas y mero maquillaje”.
En las primeras horas de la tarde de este jueves fue el turno del experimentado abogado de Trelew Emilio Galende. Defiende a Víctor Cisterna, considerado como una de las cabezas de la presunta asociación ilícita cuando ocupaba su cargo de Ministro de Economía de la Provincia.
Concierto
Calificó a la investigación como “un concierto de indicios incomprobables” preguntándose si su cliente, “puede enriquecerse ilícitamente con un sobresueldo de 30.000 pesos”.
Si bien destacó “el esfuerzo puesto en la investigación” por parte de los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, afirmó que “ellos mismos reconocieron errores y que tuvieron falta de recursos para investigar. Pero esto no lo hace responsable a Cisterna”, concluyó. Afirmó ya en la parte final de su exposición que “se violó el principio de objetividad en el proceso y la investigación se basó en premisas falsas y distorsionadas”.
A lo igual que sus antecesores, Galende pidió también la absolución para su cliente.
Luego fue el turno de Jorge Rubiolo, defensor de Martín Bortagaray. Dijo que se cliente “no formó parte de una asociación ilícita”. Citó dichos de varios testigos que a su entender benefician a su cliente, entre ellos aquellos que daban cuenta de que Bortagaray cumplía órdenes y que esta conducta “no alcanza para ser parte de una asociación ilícita” ya que ese tipo penal “reúne muchas más condiciones”. Dijo que tampoco fue parte de los cinco casos de “cohechos” que le imputan al ex funcionario. Cuestionó también a los fiscales por no haber investigado a otros funcionarios que figuran en la lista de renombrada Lista de Luters cobrando sobresueldos.
Últimos alegatos
Luego fue el turno de Federico Ruffa, abogado defensor de Gonzalo Carpintero. Ya al declarar ante el Tribunal el ex secretario privado de Mario Das Neves había admitido que se enriqueció con lo sobresueldos. El abogado ratificó este aspecto, pero dijo que parte de los hechos que le imputan ya prescribieron y otra parte, según el relato cronológico de los ilícitos, en otros hechos investigados su cliente cumplía no cumplía funciones en el Chubut. Además cuestionó la declaración de la contadora Viviana Karlen del equipo de investigadores, por no explayarse lo suficiente al momento de responder preguntas de los defensores. Destacó también la permanente colaboración de Carpintero a lo largo del proceso.
Por su parte el defensor Abdo Mnyauick que defiende al único empresario imputado, Martín Castillo, basó su exposición en una power point. Destacó incongruencias en el alegato del fiscal Marcos Nápoli respecto de la cantidad de hechos en los que está involucrado su cliente. También dijo que a lo largo del proceso tuvo oportunidad de recusar al representante del Ministerio Público Fiscal pero prefirió priorizar la continuidad del juicio oral y público. Manifestó además que su cliente nunca ofreció ni pagó dinero a los funcionarios, cuestionó además la gestión del ex gobernador Martín Bussi y sus consecuencias económicas negativas perjudicando a las empresas.
Dijo que su defendido está involucrado “solo por un chat entre Bianca Di Martino y Diego Luters”. Concluyó en pedir la absolución de su cliente. Resta el alegato final de Lisandro Benitez, defensor de Diego Luters, que se encuentra afectado por una cuestión de salud.
El juicio oral y público continuará el próximo lunes a las 14 horas en la Oficina Judicial de Rawson.
