En esta primera reunión del año se avanzaría en conformar las comisiones que tendrán a su cargo resolver si las denuncias son admisibles o no.
En su primera sesión del año, prevista para los días 22 y 23 de febrero en la ciudad de Sarmiento, el Consejo de la Magistratura prevé sortear los integrantes de las comisiones de admisibilidad para tratar las dos denuncias formuladas contra la jueza Mariel Suárez, para quien se promovieron dos pedidos de destitución por su vínculo con el condenado por dos homicidios Cristian Bustos.
Según confiaron fuentes cercanas al organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados de la provincia, en esta primera reunión del año se avanzaría en conformar las comisiones que tendrán a su cargo resolver si las denuncias son admisibles o no.
Es posible que se resuelva conformar una sola comisión para evaluar el carácter de ambas presentaciones, en tanto se trata de una instancia en la que debe verificarse si hay elementos suficientes para impulsar dicha presentación, pero no se requiere una investigación exhaustiva en esta etapa.
En caso de aceptarse los planteos, lo que podría transcurrir en un plazo que la ley no estipula pero que se extenderá mínimamente un mes, al menos hasta que haya una nueva sesión del Consejo de la Magistratura, se debería sortear a los consejeros que tendrán a su cargo los eventuales sumarios, para lo cual se establece un plazo de 90 días.
Dos planteos que promueven la destitución
Vale recordar el pedido de destitución de la jueza Suárez es promovido desde la Asesoría Legal del municipio de Comodoro Rivadavia, por un lado; y por parte de los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, por el otro, en una presentación promovida junto a familiares del policía Tito Roberts, asesinado por Bustos y en cuyo juicio intervino Suárez.
Aunque con matices que enfocan los argumentos en distintos puntos, las denuncias coinciden en cuestionar la conducta de la jueza por vulnerar normas vinculadas a la ética pública y al ejercicio de la función.
“La magistrada denunciada habría reconocido el ofrecimiento/formalización de una relación laboral/localitva con un procesado –Sr Bustos- en un caso donde se encuentra abocada para el ejercicio de su labor jurisdiccional, ello a fin de obtener un beneficio (producto destinado a ser ‘ofrecido’ a editoriales) acceso a la disponibilidad de los datos personales del procesado para volcarlos en una obra intelectual destinada a ser ofrecida a terceros; labor incompatible con el artículo 21 de la ley de Etica en la Función Pública”, se lee en uno de los fundamentos de la presentación impulsada por el abogado Iván Alexandre Visser, en representación del municipio de Comodoro Rivadavia.
Uno de los ejes que se desprende de esa denuncia es la posible obtención de un rédito económico a partir de la publicación del libro que la jueza pretende elaborar, según argumentó al referirse públicamente al tipo de vínculo que ha establecido con el preso, rechazando una relación de carácter personal, como denunció el responsable de turno en la penitenciaría, el día de su visita a Bustos, al señalar que hubo “abrazos y besos (en la boca)”.
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