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El Presidente del Consejo de la Magistratura se refirió a las denuncias formuladas contra la jueza Mariel Suárez, para quien se promovieron dos pedidos de destitución.

Tomas Malerba, Presidente del Consejo de la Magistratura, habló en LaCienPuntoUno sobre las primeras sesiones del año previstas para el 22 y 23 de febrero en Sarmiento donde se tratará las dos denuncias contra la jueza Mariel Suárez.

Sobre cómo avanza la causa dijo: “Estamos en la etapa inicial. La denuncia que presentó Luque fue ratificada y ambas pueden ser tratadas en la sesión. Lo próximo va a ser elegir cuatro consejeros para evaluar si esas denuncias pueden pasar a sumario. Por ahora podemos designar una comisión que analicen las denuncias contra la magistrada”.

Malerba indicó que las denuncias de Luque y “Nacho” Torres “son muy similares con algunos detalles de diferencia”.

Con respecto a cómo será la elección del grupo de consejeros, explicó: “Son sorteados. Siempre lo integran la entidad judicial. Se sortean tres entre los abogados, magistrados y los populares“. Y agregó sobre el período que puede llevar ese trabajo. “El Consejo no tiene un tiempo definido por reglamento para hacer la admisibilidad. Entendemos que la comisión va a trabajar la comisión”.

En relación al caso, manifestó: “Es de gravedad institucional porque están en juego varias cuestiones que se plantearon sobre actividades de la magistrada. Quiero salir del contexto de lo que está en los videos, sino de las denuncias por la función de la magistrada”.

Y añadió acerca de lo que se las conductas que se le atribuyen a Suárez: “El planteo estaría por no haber observado cuestiones de la buena fe, la parcialidad de los procesos”.

En esta primera reunión del año se avanzaría en conformar las comisiones que tendrán a su cargo resolver si las denuncias son admisibles o no.

En su primera sesión del año, prevista para los días 22 y 23 de febrero en la ciudad de Sarmiento, el Consejo de la Magistratura prevé sortear los integrantes de las comisiones de admisibilidad para tratar las dos denuncias formuladas contra la jueza Mariel Suárez, para quien se promovieron dos pedidos de destitución por su vínculo con el condenado por dos homicidios Cristian Bustos.

Según confiaron fuentes cercanas al organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados de la provincia, en esta primera reunión del año se avanzaría en conformar las comisiones que tendrán a su cargo resolver si las denuncias son admisibles o no.

Es posible que se resuelva conformar una sola comisión para evaluar el carácter de ambas presentaciones, en tanto se trata de una instancia en la que debe verificarse si hay elementos suficientes para impulsar dicha presentación, pero no se requiere una investigación exhaustiva en esta etapa.

En caso de aceptarse los planteos, lo que podría transcurrir en un plazo que la ley no estipula pero que se extenderá mínimamente un mes, al menos hasta que haya una nueva sesión del Consejo de la Magistratura, se debería sortear a los consejeros que tendrán a su cargo los eventuales sumarios, para lo cual se establece un plazo de 90 días.

Dos planteos que promueven la destitución

Vale recordar el pedido de destitución de la jueza Suárez es promovido desde la Asesoría Legal del municipio de Comodoro Rivadavia, por un lado; y por parte de los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, por el otro, en una presentación promovida junto a familiares del policía Tito Roberts, asesinado por Bustos y en cuyo juicio intervino Suárez.

Aunque con matices que enfocan los argumentos en distintos puntos, las denuncias coinciden en cuestionar la conducta de la jueza por vulnerar normas vinculadas a la ética pública y al ejercicio de la función.

“La magistrada denunciada habría reconocido el ofrecimiento/formalización de una relación laboral/localitva con un procesado –Sr Bustos- en un caso donde se encuentra abocada para el ejercicio de su labor jurisdiccional, ello a fin de obtener un beneficio (producto destinado a ser ‘ofrecido’ a editoriales) acceso a la disponibilidad de los datos personales del procesado para volcarlos en una obra intelectual destinada a ser ofrecida a terceros; labor incompatible con el artículo 21 de la ley de Etica en la Función Pública”, se lee en uno de los fundamentos de la presentación impulsada por el abogado Iván Alexandre Visser, en representación del municipio de Comodoro Rivadavia.

Uno de los ejes que se desprende de esa denuncia es la posible obtención de un rédito económico a partir de la publicación del libro que la jueza pretende elaborar, según argumentó al referirse públicamente al tipo de vínculo que ha establecido con el preso, rechazando una relación de carácter personal, como denunció el responsable de turno en la penitenciaría, el día de su visita a Bustos, al señalar que hubo “abrazos y besos (en la boca)”.

La jueza de la polémica por el beso al homicida condenado Cristian Mai Bustos agradeció a sus «5 mil seguidores» y adelantó cual será el titulo del libro que cuenta la historia de lo que sucedió en Corcovado.

Mariel Suárez, la jueza penal de Comodoro Rivadavia que se vio envuelta en polémica que trascendió en los medios periodísticos de todo el país, abrió un Facebook y agradeció a sus «5 mil seguidores». Allí recibe el apoyo de la gente y cuenta avances sobre el libro que esta escribiendo acerca del homicida Cristian Mai Bustos, con el cual se viralizó un video donde se habría dado besos en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.

«Gracias a ustedes tengo 5 mil seguidores», dijo la Magistrada.

«Jueza Penal Experta en Derechos Digitales, Triple Magister Cibercrimen ciberseguridad y extracción forense de datos», detalló en su biografia la jueza Suárez, quien además mencionó que hace colaboraciones con una radio local.

Entre sus publicaciones, divulgó como se llamará el libro que esta escribiendo sobre la vida de Mai Bustos: “Estoy haciendo un libro con esta persona por su historia”, dijo sobre el condenado por matar a su hijastro, un bebé de nueve meses y asesinar a un policía en una balacera años más tarde, mientras estaba prófugo.

La magistrada dio a conocer el nombre del libro: “Se va a llamar ‘Los cuatro de Corcovado’

Entre los fundamentos para promover la destitución de la jueza, la presentación encabezada por Torres y Terenzi sostiene que Suárez aún integraba un tribunal que debe resolver cuestiones legales vinculadas a la sentencia de Bustos, como puede ser la impugnación por parte de la defensa.

Los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, de Juntos por Chubut, presentaron una fuerte denuncia contra la jueza Mariel Suárez ante el Consejo de la Magistratura, para quien solicitan su destitución a partir de sus visitas al condenado Cristian ‘Mai’ Bustos. Los denunciantes fueron acompañados por familiares del policía Tito Roberts, la víctima de uno de los homicidios de Bustos, al tiempo que toman como punto de partida el informe del jefe de turno de la penitenciaría que detalló que la jueza compartió “mates, abrazos y besos (en la boca)” con el condenado.

Entre los fundamentos para promover la destitución de la jueza, la presentación encabezada por Torres y Terenzi sostiene que Suárez aún integraba un tribunal que debe resolver cuestiones legales vinculadas a la sentencia de Bustos, como puede ser la impugnación por parte de la defensa.

Por ello se alude a una vulneración del artículo 80 del Código Procesal Penal, que califica como falta grave la omisión de apartarse del conocimiento de una causa cuando existen motivos legales para ello.

“Como la jueza Suárez desliza en sus manifestaciones públicas que su vínculo fue con posterioridad al dictado de la sentencia (…) nos adelantamos a decir que el dictado de la sentencia no fue una vuelta de página como lo pretende Suárez ni mucho menos implicó el cese de su desempeño en la causa, toda vez que la sentencia (en la que ella votó en disidencia y se pronunció en contra de la prisión perpetua que dispuso el tribunal por mayoría) había sido leída el mismo día que ella se desplazó 400 kilómetros desde Comodoro Rivadavia a Trelew para intimar con Bustos”.

Según se consigna en la denuncia, “el tribunal leyó la sentencia por vía virtual el 29 de diciembre de 2021 (la sentencia está fechada el día anterior, 28 de diciembre) y ese mismo día tuvo lugar el primero de los encuentros íntimos entre Suárez y Bustos que hasta acá se conocen”.

“Esto significa que la jueza Suárez intimó con Bustos cuando aún era una magistrada a cargo de la causa en tanto integrante de un tribunal que al momento de los encuentros seguía teniendo jurisdicción para recibir recursos contra la sentencia…”, añade la presentación.

La denuncia agrega otro detalle importante, al indicar que la defensora de Bustos anunció que impugnaría la sentencia sobre la base del voto de la jueza Suárez en la sentencia, ya que ésta pidió una pena menor para el condenado, por considerar una serie de atenuantes en su favor y en abierto cuestionamiento al accionar de la policía el día del tiroteo.

“Así las cosas –se lee en la denuncia- la jueza Suárez tuvo un vínculo de intimidad con Bustos cuando el tribunal que integraba todavía estaba a cargo de la causa”.

“Es notorio que Suárez estaba cautivada por Bustos”

La denuncia también cuestiona el desempeño de la jueza Suárez al momento de evitar su voto en la sentencia y la cuestiona por la empatía con el imputado, a quien llama en algunos pasajes “Cristian”, sin el apellido del acusado, lo que connota familiaridad, pero además la cuestiona porque sus razonamientos parecen defender al imputado.

“En sus expresiones se advierte una animosidad impropia de quien tiene que mantenerse imparcial. Está claro que Suárez estaba afectivamente comprometida con Bustos –sostienen los acusadores-. En todo caso puede resultar discutible que el hecho de ser prófugo incida en el monto de la pena, pero en ningún caso que como lo propone Suárez deba ser tomada como una suerte de pena anticipada que habilite a reducir el reproche penal”.

Más allá de la cuestión técnica, la denuncia afirma que el voto de la jueza “está escrito desde la empatía con Bustos y la enemistad con las fuerzas de seguridad, a las que incluso (…) ‘verduguea’ y ‘carga’ aludiendo a que las fuerzas de seguridad de Chile lograron lo que no pudieron las de Chubut”, en referencia a l detención de Bustos luego de permanecer 10 años prófugo.

Para los denunciantes, la jueza hizo una argumentación “desde su parcialidad para terminar propiciando la imposición de la pena mínima para el tipo penal de homicidio simple: sólo 8 años de prisión”.

Tras analizar varios pasajes del fallo de Suárez en la sentencia, los denunciantes insisten con la falta de imparcialidad de la jueza:

“Es notorio que Suárez estaba cautivada por Bustos y en tal sentido estaba tan afectada su imparcialidad que no duda en emplear calificativos de enjundia con él, al mencionar que es rápido y ágil, a la par que trata de ineficientes a quienes cumplían al función de captura al prófugo”, afirma la acusación.

El pedido suma además el presunto fin de lucro que persigue con el libro sobre Cristian «Mai» Bustos que la magistrada argumenta que fue lo que motivó la visita al homicida condenado al Instituto Penitenciario.

La jueza Mariel Suárez sumó una nueva denuncia que promueve su destitución, en este caso desde la Asesoría Letrada del municipio de Comodoro Rivadavia, por instrucciones del intendente Juan Pablo Luque, desde donde se plantea el mal desempeño de la magistrada a partir de su propio reconocimiento del interés para publicar un libro con la historia de Cristian Bustos, con un posible fin lucrativo, lo que es cuestionado porque buscó esa finalidad mientras estaba involucrada en el proceso de su juzgamiento.

“La magistrada denunciada habría reconocido el ofrecimiento o formalización de una relación laboral locativa con un procesado –el señor Bustos- en un caso donde se encuentra abocada para el ejercicio de su labor jurisdiccional, ello a fin de obtener un beneficio (producto destinado a ser ‘ofrecido’ a editoriales) acceso a la disponibilidad de los datos personales del procesado para volcarlos en una obra intelectual destinada a ser ofrecida a terceros”.

Dicha labor, añade la denuncia, es incompatible con el artículo 21 de la ley de Ética en la Función Pública. Además, se alude a un encuentro previo a la conclusión del juicio, en el que ella era parte del tribunal encargado de juzgar a Bustos por el homicidio del policía Tito Roberts. Ello, vulnera las normas del debido proceso, en lo atinente al contacto personal entre un magistrado penal y un procesado, lo que también es violatorio de la ley de Ética Pública, en este caso en su artículo 13.

“La magistrada denunciada habría reconocido un interés personal extra procesal en el caso penal donde ella está ejerciendo la jurisdicción, contemporáneo al ejercicio de tal función, ya que utilizaría información del caso para transformarlo en una obra intelectual (producto) a fin de ofrecerlo a editoriales, ello sin cumplir la manda legal que le imponía excusarse por su interés personal en el pleito”, sostiene el planteo.

“Un producto para ser ofrecido a empresas que lucran” con la venta de libros

Dicha conducta es contraria al artículo 76 del Código Procesal Penal, según añade la presentación. Del mismo modo, cuestiona que la jueza Suárez “habría reconocido una labor no jurisdiccional ni académica vinculada a un caso penal donde ella interviene como jueza, con etapas preparativas preliminares (confección de portada, consulta con asesores, etc) previa a la emisión de su voto para obtener un beneficio extra judicial, obra intelectual, destinada a ser ofrecida a empresas que lucran con la misma”.

Otro de los cuestionamientos alude a que el momento en que concretó la visita que trascendió públicamente, la jueza debería haber estado prestando funciones en Comodoro Rivadavia, por lo que se apunta a conocer si había solicitado autorización para ausentarse de la circunscripción judicial de esta ciudad.

Tales circunstancias, a entender del asesor letrado del municipio comodorense, con quien también la jueza tuvo una polémica horas antes de que trascendiera el video de su visita, por denegar una orden de allanamiento en un lugar de venta clandestina de pirotecnia, “evidencian una probable grave inconducta de la magistrada, cuya entidad justifica su juzgamiento y posible ulterior destitución”.

Así lo aseguró Ignacio Torres, senador nacional de Juntos por el Cambio, quien ratificó que el lunes realizarán la presentación para pedir la destitución de la jueza comodorense que protagonizó un escandaloso video donde está besando a un preso condenado a prisión perpetua.

Desde Juntos por el Cambio anunciaron el pedido de juicio político y la destitución de la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, tras tomar notoriedad nacional un video de la magistrada besándose con el preso condenado a perpatua, Cristian «Mai» Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial (IPPV).

El senador nacional de Chubut, Ignacio Torres, ratificó este viernes la presentación de la “denuncia formal” contra la jueza comodorense ante el Consejo de la Magistratura. “Vamos a pedir el juicio político porque queremos la destitución de la jueza”, manifestó.

“El día que se vio a la jueza (en el encuentro con Bustos en la cárcel) planteó que estaba enferma en Comodoro Rivadavia y suspendió muchas audiencias y mintió»

Torres aclaró que esto es un agravante que vamos a incorporar en el pedido del juicio político «Esta solicitud la vamos a presentar el lunes porque la familia de la víctima quiere adherir y seguir el tema de cerca”, reveló.

El legislador nacional indicó que se comunicó con la familia del policía Leandro “Tito” Roberts, asesinado por “Mai” Bustos, hecho por el que fue condenado en diciembre pasado a prisión perpetua. “Es una familia que está muy angustiada y –en el medio de todo este proceso- se enteró que hay un pedido para bajarle la pena a Bustos que está fundado en el voto disidente de la jueza que solicitó una pena menor a la cadena perpetua”, señaló.

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“Lo único que espero es que la corporación judicial no haga ‘uso de la trampa’ para proteger a esta mujer que está ejerciendo como jueza. No podemos tener jueces de esta categoría en la provincia y el país», reclamó en diálogo con Radio 3.

“No vamos a pedir una sanción administrativa sino que queremos que deje de ser jueza”, afirmó Torres

Finalmente. Torres recordó que la jueza ya hace unos años atrás había sido destituida porque” expuso a una menor (que fue abusada) sexualmente con un trabajo práctico con la identificación de la chica. Ayer veía una nota en medios nacionales en la que la jueza se reía y decía que toda esta situación le iba a servir para la difusión de su libro”, dijo.

La presentación la realizará el senador nacional de Chubut Ignacio Torres, de juntos por el Cambio. «Una jueza no puede entrar a una penitenciaria y estar a los besos y a los abrazos con un preso», apuntó. Al sumario que ya le inició el Superior Tribunal de Justicia se le sumará entonces este pedido de jury y destitución.

Este jueves, Juntos por el Cambio pedirá el juicio político y la destitución de la jueza penal de Chubut Mariel Suárez por besarse con el condenado Cristian Omar «Mai» Bustos en la penitenciaría donde fue trasladado tras recibir una condena a perpetua por el homicidio del policía Tito Roberts.

“El de Suárez es un perfil de jueza que carece de objetividad y deja de manifiesto el mal accionar utilizando su propio cargo para cuestiones personales. Por mas que diga que no besó al preso las imágenes son claras en su acercamiento. Y sus declaraciones la dejan expuestas negando lo que vio todo el país. Una jueza no puede entrar a una penitenciaria y estar a los besos y a los abrazos con un preso”, sostuvo Torres, quien impulsa esa iniciativa.

El pedido de juicio político se presentará en el Consejo de la Magistratura de Chubut y llevará la firma de Torres y de Paula Cardozo, integrante del organismo en representación de la gente. Cardozo integra el Consejo desde diciembre cuando fue electa por la boleta de Juntos por el Cambio.

El planteo de jury se sumará a la sumario que desde la semana pasada tramita el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia tras el informe de oficio que presentó la jefatura de la Policía de la provincia, detalló Infobae

La jueza Suárez y el condenado Bustos

Suárez es jueza penal de Comodoro Rivadavia desde 2009 y el jueves de la semana pasada fue denunciada porque en una vista al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew de quedó filmada mientras se besaba con Cristian Omar “Mai” Bustos, un preso condenado en diciembre a prisión perpetua por el crimen del policía Leonardo Tito Roberts, en un proceso que integró Suárez. Bustos fue condenado a prisión perpetua y Suárez votó por una pena menor.

En las imágenes también se ve que él le toca el pelo, se sacan selfies y toman mate en el piso.

“No tengo una relación sentimental con esa persona. Es una relación de tipo profesional posterior a la sentencia. Estábamos tomando mate, sí. Le llevé comida. Pero en ningún momento nos besamos”, señaló la jueza y aseguró que visitó al detenido en calidad de “investigadora” por su interés de escribir en un libro la historia de Bustos, aún no escrito pero ya titulado “Los cuatro de Corcovado”.

“Se me ocurrió a partir del contacto que tuve con la causa realizar un libro cuando me desvinculé del caso. Para poder tomar contacto con su vida, su historia, su versión de los hechos, que yo entendí creíble en el debate. No tengo una relación sentimental. Es la segunda vez que lo veía. Teníamos que mantener mucha privacidad por la índole de lo que estábamos hablando”, agregó.

El senador nacional Ignacio Torres

Desde Juntos por el Cambio entienden que cometió mal desempeño de sus funciones. “Tuvo el único pronunciamiento a favor de Bustos cuando el resto de los colegas la condenaron a perpetua. No podemos probar si hubo relación previa al fallo pero si que tiene un perfil que preocupa porque justificó el asesinato de un policía diciendo que va a escribir un libro contando su historia”, dijo Torres.

El pedido de juicio político se agrega al sumario administrativo que ya se tramita. La jefatura de Policía, de quien depende el instituto de Trelew en el que Bustos está detenido, denunció de oficio el caso por “conductas inadecuadas” de parte de Suárez en su visita a Bustos.

El Superior Tribunal de Chubut ya abrió el sumario cuya investigación quedó a cargo de la jueza de la Cámara Penal de Puerto Madryn Flavia Fabiana Trincheri quien ya cuenta con el sumario oficial y los videos. En su investigación la magistrada puede pedir más prueba, pedir que declaren testigos. Luego debe decidir si avanza en la acusación y si lo hace debe citar a Suárez a dar explicaciones. Tras ese paso queda en condiciones de dictaminar si desestima la denuncia o si entiende que hay elementos para acusarla y pasar el caso al STJ para que tome la decisión final de enviar a juicio político.

 

La jueza penal Mariel Suárez se refirió al video en donde se la ve muy cercana al preso Cristian “Mai” Bustos, condenado a cadena perpetua por el homicidio de un oficial. “Me siento abrumada con esta situación. Nunca pensé que todo se iba a desvirtuar de esta manera, quizás fue por mi informalidad para tratar el tema. Si hubiera sido un hombre el entrevistador quizás ni siquiera hablaban, hay un destrato en la condición de género y eso es muy evidente”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “ahora se harán los descargos correspondientes, hablaran los testigos que saben cómo se efectuaron las comunicaciones y el contacto con Cristian Bustos”.

“Yo en estos momentos estoy de licencia pero me estoy encargando de este tema. La verdad no sé cómo va a seguir todo pero el Superior deberá tomar una decisión”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “yo me siento abrumada con esta situación porque tenía un objetivo. Nunca pensé que todo se iba a desvirtuar de esta manera, quizás fue por mi informalidad para tratar el tema”.

“Creo que también tiene que ser investigado como fue grabado ese video. Si hubiera sido un hombre el entrevistador quizás ni siquiera hablaban del tema”, indicó.

En este marco, denunció que “hay un destrato en la condición de género y eso es muy evidente por los medios de comunicación a nivel nacional –algunos no todos- y las autoridades policiales, no así por parte de mis superiores”.

“Yo no necesito que me den la razón sino que no hagan un juzgamiento de mi comportamiento porque las cosas ya están hechas. Nadie más que uno sabe qué es lo que hizo y en el ámbito en el que las hizo y las razones por las que la hizo”, concluyó finalmente Suárez.

El flamante ministro del Superior Tribunal de Justicia, colocado allí por Mariano Arcioni y por los diputados de la legislatura con la finalidad presunta de darle impunidad judicial al fracasado proyecto de Megaminería, salió a rasgarse las vestiduras por el caso de la jueza que es acusada de besar al condenado “Mai” Bustos en una de las aulas pertenecientes al establecimiento donde se encuentra purgando penas por homicidios.

Salió a decir que en sus “30 años de trayectoria jamás había visto un caso así” previo a atacar a la magistrada. Lo que nunca debe haber aprendido Daniel Báez en su trayectoria es a ser cuidadoso con sus expresiones.

Una porque hay grandes probabilidades de que los abogados querellantes intervinientes en las causas de “Mai” Bustos presenten planteamientos que puedan llegar al Superior Tribunal. De manera que las declaraciones de Báez pueden llegar a afectar sus propias funciones en el tribunal supremo, teniendo en cuenta que él es uno de los ministros de esa última instancia judicial.

Por lo tanto, ya habría efectuado con sus declaraciones un “adelantamiento de voto” ante eventuales presentaciones que se hagan en el mismo órgano en el que se desempeña por este caso, lo cual dejaría a claras vistas una falta de imparcialidad.

En segundo lugar, porque antes de señalar con el dedo debería aclarar muchas cuestiones de sus “30 años” de trayectoria que darían lugar a amargas conjeturas; una de ellas sería el de relacionarse íntimamente en un tercer tiempo como fiscal, con un narcotraficante al parecer en la misma época en que éste se encontraba comercializando cocaína con grupos mafiosos de España mediante barcos de cargamento.

Daniel Báez en el medio con el narcotraficante Omar Segundo en frente  y el ex – subjefe de Policía Néstor Gómez Ocampo (gorra visera y anteojos de sol) a su lado.

En la foto se lo ve a él con el narco en cuestión, Omar “el cura” Segundo y acompañado con el ex – subjefe de Policía Néstor “el tero” Gómez Ocampo, otro delincuente.

Esto no sería todo, también habrían fotos del flamante ministro del superior tribunal compartiendo un asado y otras sustancias con el mentado traficante de drogas.

El sujeto de la izquierda de la imagen, de espaldas y con remera negra sería el actual ministro del Poder Judicial Daniel Báez, en un asado organizado por el narco Omar Segundo. Último a la derecha, otra vez Néstor Gómez Ocampo con su característico atuendo de “día de franco”.

Esta foto es de ese mismo día, obsérvese allá atrás a Néstor Gómez Ocampo con la misma vestimenta y a su lado el mismo policía con remera a rayas que se encontraba en la anterior imagen. En el medio, Omar “el cura” Segundo, pero ya no se lo observa a quién habría sido Daniel Báez, muy astuto de su parte. 

Además, debería explicar si tuvo alguna relación con el secuestro “express” de la ex – funcionaria de fiscalía Sandra Sancha, suscitado en la ciudad de Puerto Madryn en 2010.

Sandra Nieves Sancha es una mujer que al parecer sabía muchas cosas inquietantes del actual ministro del Superior Tribunal mientras trabajaba en la fiscalía de la circunscripción madrynense, y que casualmente luego de expresar que tenía cierta información, la noche del viernes 13 de septiembre del 2010 fue abordada por sujetos encapuchados en su propio vehículo, siendo obligada a punta de pistola a manejar unos cuantos kilómetros.

Mientras conducía los individuos la amenazaban con frases como: “renunciá chismosa” o “Vos hablás demasiado, tenés que renunciar”.

La golpearon y aplicaron simulacros de asfixia. Posteriormente la abandonaron horas después en una ruta provincial de la localidad.

Incautar ilegalmente dispositivos informáticos de un periodista con el fin de averiguar sus fuentes de información sería otro de los “hobbies” preferidos del ministro Báez.

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En las próximas horas los policías de Chubut empezarían una huelga que se extendería hasta que el Gobierno les dé el aumento de sueldo que vienen reclamando desde hace casi un año. Ayer a última hora de la tarde citaron a todos los representantes del Consejo de Bienestar Policial a la Jefatura en Rawson en donde les hicieron una nueva oferta, pero salieron más enojados de esa reunión.

Justamente, al momento en que los llamó el todavía jefe de Policía Miguel Gómez para avisarles que iba a estar con el ministro de Gobierno José María Grazzini, quien traía una propuesta considerada por Gómez como “alentadora”, se desarrollaban manifestaciones de policías en actividad y retirados en Comodoro, Puerto Madryn, Trelew y Esquel que se iban a extender hasta altas horas de la noche. Se decía incluso que iba a haber acampe en las distintas Unidades Regionales de la provincia. En Trelew ya preparaban anoche reposeras y carpas.

Uno de los representantes del Consejo de Bienestar Policial habló ayer a la tarde con la prensa y con Crónica desde el frente de la Unidad Regional de Trelew en donde se hacía una ruidosa manifestación y anunciaba: “A la respuesta negativa del Gobierno, de una mala predisposición que siempre tuvo; se convocó a una asamblea a los empleados activos y pasivos, a la familia policial. Se unieron criterios y vamos a la retención, porque lo decide el personal activo”, subrayó el sargento Luis Suarez.

¿A partir de qué momento? ¿De la medianoche? Se le consultó. “Todavía no lo sabemos, se está hablando, pero se va a arrancar en cualquier momento”, respondió y confirmó que la medida abarcaría toda la provincia. Cuando se le preguntó sobre las características de la medida Suarez contestó: “Se van a aunar criterios sobre cómo y de qué forma se va a realizar. Se está decidiendo cómo la vamos a hacer pero se va a arrancar”, reiteró.

“Es una decisión tomada por el policía, que hoy en día, dicho mal y pronto, se está cagando de hambre. Cobra 47 mil pesos, si está alquilando no le alcanza ni para vestirse; la canasta básica está en 96 mil pesos y nosotros estamos muy por debajo de la línea de pobreza, ya casi en la indigencia; esperamos una respuesta favorable del Gobierno pero hacen caso omiso a nuestro reclamo y ya agotamos todas las instancias”, afirmó el sargento Suarez.

Recordó que a la mañana, a las diez, los habían citado para una reunión en Rawson y que una vez estando presentes ahí el ministro (Federico) Massoni nos comunicó que los ministros Antonena y Grazzini no iban a estar presentes. Se nos comunicó también que el ministro Massoni había presentado la renuncia y que a partir del martes dejaría de ser funcionario, presentando la renuncia el jefe de Policía y el subjefe”, contó.

-¿Y que esté o no esté Massoni cambia la situación de ustedes con el Gobierno? Se le preguntó. “En realidad no, porque no ha servido la gestión de él. Ya pasó un año desde que el Consejo de Bienestar Policial está funcionando y no ha tenido ninguna respuesta favorable a los reclamos”, aseguró Suárez.

Cuando este diario estaba por salir a la calle ya la huelga policial era un hecho en distintas comisarías y unidades operativas de la provincia. ¿Hasta cuándo se llevaría a cabo la retención de servicios y de qué manera? Sería aclarado en las próximas horas.

De la reunión que tuvo el ministro Grazzini y el jefe de Policía con los representantes del Consejo de Bienestar Policial en Rawson, a última hora de la tarde de ayer; trascendió que se les había ofrecido como recomposición salarial “un bono de 5.000 pesos a las últimas tres promociones que no entrarían en la denominada cláusula gatillo, que sí sería abonada en un solo pago a los de jerarquía de cabo a cabo primero y al resto en cinco cuotas a partir del mes de enero del año que viene. Además, a partir de mayo del 2022 un aumento de hasta 70.000 pesos para un agente recién ingresado”. A este ofrecimiento la respuesta fue negativa.