Es el caso del piso que el municipio alquiló en 2018 y nunca utilizó. El exsecretario de Hacienda figura en la documentación pero no está su firma sino la de alguien no identificado. Aunque la Municipalidad podría no haber pagado nada, el intendente Ongarato firmó un acuerdo para abonar casi $ 3 millones.
En el contrato en cuestión aparece varias veces una firma que no es del exfuncionario Taccetta.
El escándalo por el millonario contrato de alquiler de un piso en un edificio que nunca se utilizó, que viene sacudiendo al municipio de Esquel desde hace varios días, sumó un nuevo capítulo. Este diario confirmó de fuentes judiciales que el contrato de alquiler que generó toda la polémica incluye una firma que no pertenece al exsecretario de Hacienda, Matías Taccetta, lo cual agrega un nueva sospecha sobre el ya tan mentado instrumento firmado por el municipio.
Aunque Taccetta figura en el contrato firmado el 30 de noviembre de 2018 junto al intendente Sergio Ongarato, en calidad de locatarios; y de Grisel Marcela Nataine, socia gerenta de SGR SRL, propietaria del edificio, en caracter de locadora, la firma que figura en varias páginas del contrato no pertenece a Taccetta.
Top secret
Aunque el hermetismo sobre la investigación es alto, se supo que Taccetta (hoy ocupando una banca de diputado nacional por Juntos por el Cambio) le habría confirmado a la fiscal María Bottini, que lidera la investigación, que la firma que figura no es la de él y que ni siquiera se parece a la suya.
El dato es doblemente grave: por un lado, que se haya homologado un contrato sin la firma de uno de los celebrantes; pero, además, que Taccetta figure en el contrato es una irregularidad administrativa en sí misma, ya que los secretarios no tienen potestad para celebrar contratos en nombre del municipio. Ese poder sólo le cabe al intendente.
La situación del intendente Ongarato ya es delicada en términos políticos pero podría también complicarse penalmente, aunque es importante aclarar que por ahora no hay imputados y la Fiscalía sigue investigando.
Es que el jefe comunal no sólo firmó el contrato de alquiler en 2018, sino que además rubricó un “Acta de Acuerdo” con Nataine a mediados de 2020 para reconocer y pagar una deuda acumulada por un total de $ 2.994.111,74.
Este el primer punto que compromete a Ongarato: en la cláusula novena del contrato de alquiler, se estipulaba que el locatario (o sea, el municipio) podría rescindirlo antes de su vencimiento, debiendo notificar al locador (SGR SRL) con una anticipación de 30 días, “no generando esta situación ningún derecho a indemnización a su favor con excepción de las multas de ley”, dice textualmente el contrato.
El instrumento en cuestión fue firmado el 30 de niviembre de 2018, con finalización el 30 de noviembre del 2020. Aunque se preveía que en dicho inmueble iban a reubicar a dependencias municipales, eso nunca ocurrió. Las obras no se realizaron, aseguran, debido a que nunca se le encargó a ningún área municipal esa tarea.
Sin embargo, se comenzó a efectivizar el pago del alquiler del inmueble en desuso, situación que se repitió durante siete meses, hasta que se dejó de pagar.
Recién en enero de 2020 el contador Tacetta (entonces, secretario de Hacienda) envió a Ongarato el pedido para efectuar la rescisión del mismo, situación que recién se concretó en el mes de julio de dicho año.
En el medio, Ongarato firmó el acuerdo para abonar una deuda que, aseguran algunos funcionarios municipales, se podría haber evitado pagar. En este punto no está claro aún para los investigadores el papel de los asesores legales del municipio, que deberían haber avalado la firma o sugerido no abonar algo que no le correspondía al municipio.
Disputa política
El expediente en cuestión fue llevado a manos de la fiscal Bottini, por concejales de la oposición. Una vez que la magistrada tomó conocimiento y en el marco de la investigación, citó a dos exfuncionarios, Taccetta y Alejandro Wengier, exsecretario de Obras Públicas, que se desligaron del polémico contrato.
Ongarato fue el viernes pasado a la Fiscalía (dicen, con tono enojado), para que Bottini le tome declaración. Pero le informaron que eso no era posible si no iba acompañado de un abogado particular. Ahora, el intendente podría ser citado y, algunos arriesgan, hasta imputado por el escándalo.
Fuente: Diario Jornada