Maximiliano Masquijo, de la Junta Ejecutiva provincial de Atech, planteó el malestar de numerosos docentes de zona cordillerana que sufren demoras de más de dos años para acceder a su jubilación.
Comentó que después de varias reuniones en la sede de la Asociación de Jubilados, Retirados y Pensionados de Esquel, se elaboró una nota de reclamo a las autoridades y poner en conocimiento del tema a la sociedad.
«Es una nota elaborada por un grupo de docentes que ya cumplieron con los plazos de edad para la jubilación y se encuentran en una situación de soledad y de peregrinan por años», dijo Masquijo, dando cuenta que en la actualidad el trámite «demora entre 2 y 5 años, algo tremendo para el final de la carrera docente. Por eso empezamos a reunirnos con la gente de AJURPE para que el tema tome estado público».
En la nota, los jubilados dan cuenta de «la situación que nos atraviesa a un grupo importante de docentes en esta zona y toda la provincia, quienes no podemos acceder a nuestras certificaciones de servicios laborales y remuneraciones, requisito ineludible para poder iniciar los trámites jubilatorios».
A modo de ejemplo, señalan que «tan sólo la Certificación de nuestra historia laboral demora más de dos años, un verdadero despropósito, cuando en otras reparticiones de la administración pública provincial este trámite dura apenas unos meses o días. Sin embargo, para el Ministerio de Educación y el área específica, responder a esta solicitud en un tiempo razonable se agravó de un modo inexcusable desde hace unos años a esta parte».
«En cada oportunidad que nos hemos comunicado con el Departamento encargado de elaborar dicha certificación, nos explican que se encuentran desbordados de pedidos, y que la dinámica de trabajo consiste en verificar «papelito por papelito», procedimiento que quizás podía aplicarse en el pasado, cuando la provincia no tenía tantos docentes; pero en la actualidad se vuelve excesivamente lento y engorroso, máxime considerando que -como sucede ya en varias provincias- se podría contar con la digitalización del sistema, requisito indispensable para una respuesta ágil de parte del Estado».