En el marco de la jornada de paro convocada ayer por Atech se llevó a cabo una concentración docente frente al edificio de Delegación Administrativa de Escuelas de Esquel. La actividad sirvió para visibilizar la preocupación de los trabajadores de la educación por el incidente ocurrido la semana pasada en la Escuela 7719 de El Maitén donde decenas de estudiantes y docentes terminaron internados por inhalación de monóxido de carbono.
Martín Pena, secretario general de la seccional Esquel de Atech, encabezó la presentación de una nota solicitando a las autoridades un informe donde se detalle la situación de los establecimientos educativos de la región.
«Exigimos que en 48 horas nos dé un informe de cada una de las escuelas que tenemos en nuestra región administrativa y que alguien nos diga si es seguro estar en esas escuelas. Queremos que alguien lo firme y no que después pase algo y nadie se haga cargo», dijo el dirigente gremial. «Exigimos que a más tardar el jueves nos digan cuáles escuelas pueden estar abiertas y cuáles no. Que nos digan cuando van a empezar las clases en la escuela 713 también».
Asimismo, Pena responsabilizó a las autoridades provinciales por la intoxicación. «El responsable es el Gobierno provincial que niega sistemáticamente la inversión en los edificios escolares para que estén en condiciones. Para que haya una verdadera calidad educativa hacen falta muchas cosas, desde lo didáctico, lo pedagógico, pero también lo que tiene que ver con el salario de los docentes, y específicamente, trabajo de condiciones dignas para trabajadores y para estudiantes».
Manifestó que «hay cero voluntad del Gobierno de gestionar mejoras en las escuelas y solamente se hacen parches superficiales. Hay una ley que se aprobó en el año 2019, presentada por los trabajadores y trabajadoras, a través del sindicato, que habla de tomar una parte de los impuestos y regalías que se recauda de los hidrocarburos, para generar un fondo específico para la reparación de edificios escolares».
«La ley fue aprobada por la legislatura, vetada por el Gobernador y aprobada nuevamente por la legislatura. Desde el año 2019 Arcioni tiene la ley guardada en un cajón y no la reglamenta, pero tampoco ningún diputado o diputada sale a reclamar la reglamentación. Por eso hablamos de complicidad de toda la dirigencia política».