Desde este portal de noticias venimos denunciando que el sistema educativo provincial atraviesa una de las peores crisis de la historia: 4 años sin completar el calendario escolar, las escuelas no cuentan con los servicios básicos y los edificios se caen a pedazos, los docentes hacen lo imposible para conseguir alimentos y recursos para contener a los chicos y el gobernador Mariano Arcioni evidencia su desprecio por la educación designando funcionarios que no están a la altura o que son puestos para hacer negocios con la obra pública y terminan en la justicia acusados de corrupción.
Es el caso de la exministra de Educación, Graciela Cigudosa, está imputada, junto a otros exfuncionarios, por defraudación a la administración pública. Los fiscales sostienen que Cigudosa y sus secuaces armaron 24 supuestos concursos de precios para refacción y mantenimiento de establecimientos educativos, pero luego adjudicaban las obras a personas cercanas a la funcionaria. Y una vez asignada la obra, incrementaban los montos, generando sobreprecios y haciendo más rentable el negocio.
Se estima que estas maniobras significaron un perjuicio multimillonario a las arcas del Estado.
Por esta causa, dos imputados reconocieron haber cometido hechos ilegales. “Estoy de acuerdo en asumir los hechos ilegales y reconozco todo lo actuado por el fiscal», aceptaron los acusados.
El reconocimiento de los hechos ilegales por los que fueron investigados, es una de las condiciones para que puedan someterse a la aplicación del llamado “juicio abreviado”. De esta manera se evita que sean sometidos al Juicio Oral y Público, con la posibilidad de penas de prisión de efectivo cumplimiento. Con estos dos imputados, suman ya tres de las personas investigadas en esta causa que reconocen los hechos ilegales que cometieron.
Ambos ofrecieron reparar económicamente al Estado la suma total de 400.000 pesos (divido en mitades iguales cada uno), más los intereses de la fecha de los ilícitos (principios del año 2019) que serían destinados al Ministerio de Educación o a alguna entidad de bien público.
Para los imputados recayó la pena de dos años y seis meses de ejecución condicional, para uno, y dos años de ejecución condicional, para el otro. Resta aún saber si Cigudosa va a juicio oral y público, mientras tanto espera tranquila en su sillón de Diputada provincial.
Por la voz de Chubut