La defensora de los derechos de la niñez, Marisa Graham, alertó por recortes en áreas sensibles del Estado y sostuvo que evalúa denunciar al ministro de Economía, Sergio Massa, por la falta de fondos para el programa que asiste a los hijos de las víctimas de femicidio, conocido como Ley Brisa.
Graham planteó la posibilidad al presentar su informe de gestión 2021 ante la Comisión de Familia, Niñez, y Juventudes de la Cámara de Diputados. Allí, la funcionaria sostuvo que ya le envió una carta al titular del Palacio de Hacienda por la falta de recursos para distintos programas.
El ajuste también afecta a los niños. En la Comisión de Familia recibimos a Marisa Graham, Defensora de los niños, niñas y Adolescentes, a quien le consultamos sobre los recortes en discapacidad y otros temas. pic.twitter.com/xBDGKnBank
— Martin Maquieyra (@martinmaquieyra) September 6, 2022
Además del impacto en las asignaciones de la Ley Brisa, la defensora sostuvo que el recorte de partidas alcanza al programa al Programa de Autonomía para el Egreso (Pae), que asiste a los jóvenes que egresan de hogares convivenciales, y a la remuneración de las cuidadoras de los centros de desarrollo infantil.
“Hay partidas faltantes que impiden que la Sennaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) pueda cumplir el mes que viene con el Pae, la ley Brisa y con la remuneración para los cuidadores y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil”, esgrimió Graham.
“Le hemos mandando una carta al ministro de Economía, mirando con preocupación la situación, y para que se resuelva el presupuesto de estos programas para el mes que viene”, añadió. Y enfatizó: “Si el mes que viene ese dinero no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda para que la Sennaf pueda cumplir con lo mínimo”.
Tras la declaración de Graham, la oposición reaccionó. Martín Maquieyra, diputado de Juntos por el Cambio de La Pampa, reclamó con “urgencia” la entrega de fondos. “Solicitamos que nos informen cuándo mandarán esas partidas. El Gobierno tiene que dejar de perjudicar a quienes más lo necesitan”, planteó.
Como informó LA NACION, a instancias de Sergio Massa, la administración Fernández recortó las transferencias previstas en 70.000 millones de pesos al Ministerio de Educación, en 10.000 millones al de Salud y en 50.000 millones al programa Procrear. La medida se inscribe en el abordaje del Estado del déficit fiscal.
Según el informe presentado por la Defensoría, se asistió en 2021 a 842 hijos de víctimas de femicidios, pese a que la programación anual preveía asistir a 900. En tanto, se brindó asistencia a 1012 jóvenes sin cuidados parentales, cuando la proyección era de casi el doble.
A lo largo de su exposición, Graham propuso este martes reformular la ley de discapacidad vigente que se mantiene desde la última dictadura y a la que calificó como “retrógrada”. También exigió cambios en las leyes penal juvenil y en la de salud mental.
Ley Brisa
La ley 27.452, más conocida como “ley Brisa”, fue sancionada en 2018 por unanimidad por la Cámara de de Diputados. La norma prevé una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios. En ese sentido, crea un régimen de pagos para niñas, niños y adolescentes cuyo “progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora”.
La iniciativa tomó su nombre de un caso trágico en 2014. Brisa y sus hermanos mellizos son hijos de Daiana Barrionuevo, una joven de 24 años que fue asesinada a golpes en diciembre de ese año por Iván Adalberto Rodríguez, su expareja y padre de los chicos.
El cuerpo de Daiana apareció flotando en el arroyo Las Catonas en la localidad bonaerense de Moreno. El femicida fue condenado en 2017 a prisión perpetua. En aquel momento, el padre de Daiana, Osvaldo Barrionuevo, quedó a cargo de los chicos, y tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda -comida, ropa, útiles escolares, juguetes- para poder criar a los chicos.
El caso se volvió emblemático y, junto a otros tantos, fue tomado para impulsar los diversos proyectos de ley que buscaban brindar respuestas a esta situación crítica que afecta a más de 3000 menores de edad.
Según la normativa, la reparación económica -el equivalente a un haber jubilatorio mínimo- deberá ser abonada por el Estado Nacional mensualmente y será considera como de atención integral compatible con asignaciones familiares.