El fiscal Omar Rodríguez, que dirige la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, cuestionó que el sistema de juicios por jurados contemple la participación de sólo 2 ciudadanos comunes para juzgar a funcionarios acusados por delitos de corrupción, junto a 3 jueces técnicos, en un tribunal mixto, mientras que para delitos comunes se confía en la participación de 12 populares. “Hay una contradicción”, señaló.
El cuestionamiento de Omar Rodríguez fue formulado en el marco de una entrevista en la que dio detalles de la acusación contra el ex funcionario Pablo Korn, al indicar que hechos como éste podrían ser juzgados, en un futuro cercano, por jurados con participación ciudadana. Sin embargo, advirtió lo que a su criterio es una falencia de la ley que creó el nuevo sistema en Chubut.
“En un caso como éste se contempla la participación de sólo 2 jurados populares y 3 jueces técnicos, pero para juzgar delitos comunes, como un homicidio, los legisladores confiaron en que podrían participar 12 personas, más 2 suplentes, es decir un total de 14. Parece contradictorio, porque por un lado hay confianza para juzgar delitos comunes, pero no así para hechos de corrupción, donde tiene mayor peso la participación de jueces técnicos”, comparó, en diálogo con Actualidad 2.0.
Rodríguez apuntó que si “si vamos a instaurar el sistema de juicios por jurado, no veo por qué tiene que haber una diferencia entre delitos comunes y los hechos de corrupción, al menos hasta ahora no le he escuchado a ningún legislador ni nadie que haya podido explicar esta diferencia”.
Además cuestionó otra diferencia, en la que los 12 jurados populares de un homicidio deben dar un veredicto sólo por “culpable” o “inocente”, sin tener que fundamentar, mientras que en los casos de corrupción, los jurados populares deben argumentar el motivo de su decisión en base a las pruebas reunidas en el proceso.
La acusación contra Korn: “Hemos probado el delito y la pena puede ir desde los 2 a los 6 años en caso de que el tribunal lo declare culpable”
En referencia al juicio contra Pablo Korn y Darío D’Amico, en el que el martes 1° de noviembre se produjeron los alegatos de fiscalía y defensa y esta semana se pronunciará el tribunal sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, el fiscal detalló que a su criterio ha quedado probado el delito que se les imputa:
“Korn ha hecho contrataciones, desde su rol como subsecretario de Servicios Públicos, en el momento en que ocurrió la lamentable catástrofe climática de Comodoro Rivadavia. Además se acumula con otra causa, en la que también compró materiales para Puerto Pirámides y lo hacía en el comercio Electro City, propiedad de su amigo, Héctor D’Amico, con quien además participaba en algunos negocios conjuntos, como un loteo”, detalló Rodríguez.
La imputación apunta a reflejar que la irregularidad se consumó por el hecho de haber orientado las compras de los materiales hacia el negocio de una persona cercana, que en este caso es un amigo o socio pero también podría haberlo sido con un familiar, según explicó el fiscal, en tanto el funcionario aprovechó la circunstancia de emergencia en la que los controles administrativos se tornan más flexibles, con el objetivo de agilizar las compras.
“El delito se concreta aún cuando los precios hubieran sido más bajos que el resto de la plaza, porque lo que la ley protege en estos casos es el deber de imparcialidad y transparencia de los funcionarios, que son servidores públicos”, detalló el fiscal, quien indicó que la imputación no apunta a determinar sobreprecios, ni retornos ni tampoco una defraudación al Estado.
Por la figura delictiva que se les endilga al ex funcionario y el empresario, la pena prevista por el Código Penal va desde un mínimo de 2 a un máximo de 6 años, lo que deberá debatirse una vez que se expida el tribunal, presidido por la doctora Karina Berkly, en la semana que se inicia este lunes 7 de noviembre.
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