Recientemente se conoció la noticia que el Consejo de Magistratura provincial envió a Jury a la Jueza Mariel Suárez y al Fiscal del desahogo, Fernando Rivarola.
Las diferencias de tratamiento que propone el Consejo son abismales. Mientras que la Jueza Suarez va a Jury suspendida desde finales de junio de éste año, el Fiscal Rivarola lo hace ejerciendo su cargo, el Consejo de la Magistratura no requirió su suspensión.
Recordemos que a la magistrada se le enrostra haber mantenido una entrevista académica que debió haber sido privada –como ella reclama- con un condenado, todo lo que se consideró en contra del decoro que deben mantener los jueces en el ejercicio de sus funciones y en su vida pública.
En cambio al Fiscal Rivarola se lo acusó de ejercer violencia de género y beneficiar con un acuerdo de juicio abreviado, a un médico forense –ya exonerado– acusado de tenencia y distribución de material que contiene imágenes de abuso sexual infantil, un delito que comúnmente tiene una pena efectiva por la gravedad del caso.
Resulta importante señalar que siempre que haya material que contenga imágenes de abuso sexual infantil, un niño, niña o adolescente está siendo abusado para producir ese material, por eso lo aberrante del delito y la magnitud de las penas que pueden imponerse.
Fuerte apoyo de un prestigioso constitucionalista.
La Jueza Suárez, esta recibiendo el apoyo –ya público- de un prestigioso abogado constitucionalista, el Doctor Carranza Latrubsse, quien lleva ganado dos procesos contra la Argentina, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El constitucionalista, entre otras cosas, ha publicado un artículo que se ha divulgado ampliamente entre los juristas, desde la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, https://www.acaderc.org.ar/, en donde refiere que la magistrada es parte de “un caso paradigmático de violación a la privacidad”.
Brevemente el artículo señala que hay una ilegalidad que esta siendo amparada por todo el Poder Judicial y los restantes órganos del Estado provincial –el Tribunal de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura-, al principio relata que: “Un funcionario del penal editó en su celular un video, en que aparece la señora juez de espaldas a la toma y se ve aproximar a ella la cabeza del detenido, donde la imaginación de cada quien puede pretender que aquella recibe un beso. El hecho tomó estado público porque el autor de la toma lo cedió a sus superiores, éstos al STJ y allí pasó a las redes sociales y, así, la privacidad, la dignidad, el honor, el pudor de la señora, se convirtió en el tema de actualidad de los opinadores que tienen fácil acceso a la audiencia pública. El comentario, ‘horrorizado’, de que una juez se besaba con un preso, inundó la televisión, la radio y se multiplicó en millones de personas en todo el mundo, que creyeron la verdad de la noticia.”
Sostuvo que quienes aprovecharon la circunstancia, lo hicieron para lograr alguna ventaja y encontraron en los órganos débiles de la Provincia un lugar para sembrar su semilla.
Dijo que el Presidente del CM Tomás Malerba “requerido por un periodista de Cadena 3 (Córdoba, AM 700), manifestó sin haber oído a la encartada, que el hecho era ‘gravísimo’. Un ministro del STJ, que inició un sumario para la investigación de la conducta de la señora juez, no del hecho ilícito del penitenciario que editó el video, pronunció su dictamen condenatorio ante la prensa sosteniendo que ‘no todos los jueces eran iguales’ a esta mujer; que, en rigor, preocupada por la situación del condenado, quería escribir sobre su proceso y sus circunstancias y le requería la conformidad para ello”
Falencias de las instituciones en Chubut
Como lo venimos sosteniendo con nuestras denuncias de hostigamiento por parte de autoridades de la provincia, el constitucionalista reconoce falencias de las instituciones provinciales, que entienden fueron permeables a promover todo tipo de violación de derechos en contra de la magistrada: “El autoritarismo, la impunidad y la estupidez lo evidencia, aunque las consecuencias de su atropello marcará un hito valioso en la defensa de las libertades públicas; la impunidad como la mentira, tienen patas cortas y, alguna vez, la Verdad y la Justicia las alcanza. Sólo hace falta excitar las reservas morales que anidan en lo profundo del sistema; y, seguramente, en la inmensa conmiseración del corazón del Hombre. Como quería Edmund Burque: “Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”.
Por último agregó que “No es necesario que los jueces, como la madre macabea y sus siete hijos, ofrenden la vida antes que violar las leyes; basta que las cumplan y, sobre todo, que las hagan cumplir. Para ser juez es necesario, antes que nada, ser buena persona; y lo es aquel que se preocupa por los demás, por sus derechos y, de modo especial, por sus desgracias.”
El artículo puede ser consultado en https://www.acaderc.org.ar/2022/11/11/un-caso-paradigmatico-de-violacion-a-la-privacidad/
Obligatoriedad de los fallos y recomendaciones de la CIDH
Gracias a Carranza Latrubesse, y su incansable lucha de poco más de 37 años en contra de las injusticias y a favor de los derechos humanos, la Corte Suprema dictaminó, en un fallo que lleva su nombre, que el Estado Argentino debe adoptar los mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un “órgano de protección” como lo es la Comisión.
Sostuvieron también, que las mentadas recomendaciones tienen carácter de vinculantes para el País.
No debemos olvidar que Argentina ya ha sido condenada por la Corte Internacional en diferentes casos, y algunos de ellos involucran directamente a la Provincia del Chubut, lo que nos hace pensar que necesitamos funcionarios probos, no con moral de techo de cristal, que investiguen las denuncias que formulan sus ciudadanos, que no las cajoneen y que no hostiguen a quienes queremos informar con libertad. Se necesitan funcionarios que hagan su trabajo y cumplan con la ley y no denuncien sin fundamento solo para eludir responsabilidades legales.