Se trata de los exfuncionarios que fueron hallados culpables de maniobras de corrupción contra el Estado provincial entre 2015 y 2017.
Los jueces Karina Breckle, Yamila Flores y Jorge Odorisio rectificaron por unanimidad las penas a los exministros provinciales hallados culpables en la causa «Revelación» y para ello tuvieron en cuenta los principios de «proporcionalidad e igualdad ante la Ley».
Se trata del exministro de Economía, Pablo Oca, el exministro coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, y el exministro de Planificación, Alejandro Pagani.
La audiencia de revisión de las penas fue a instancias de lo resuelto por la Cámara Penal ante la que habían apelado los defensores de los exfuncionarios provinciales.
Las Penas
En ese marco, los jueces condenaron a Oca a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, cumplir pautas de conducta y cada seis meses presentarse en la Oficina Judicial de Rawson para certificar su presencia en la zona. Deberá además hacerse cargo de las costas del proceso y pagar una multa de 3 millones de pesos pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas. El cargo contra el exministro de Economía fue la de ser miembro de una asociación ilícita.
En tanto, para Cisterna la pena fue de cinco años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de pautas de conducta y costas del proceso. Cumplido ya la mayor parte de la condena en un centro de detención y con la modalidad de arresto domiciliario, el exfuncionario se encuentra en libertad. Fue considerado el «organizador» de la asociación ilícita.
Finalmente, Pagani recibió la pena fue de tres años de prisión condicional por ser miembro de la asociación ilícita. Deberá además cumplir pautas de buena conducta y las costas del proceso, más la obligación de presentarse cada seis meses en la Oficina Judicial de Rawson.
La audiencia fue presenciada por los defensores de los exfuncionarios y por el Ministerio Público Fiscal participó el fiscal general Héctor Iturrioz.
Iturrióz junto al ahora juez penal Marcos Nápoli, investigaron el caso y llevaron adelante el proceso de persecución penal. Iturrioz consideró que se trata de «funcionarios que tuvieron la suma del poder público» y que las víctimas de los delitos cometidos «fueron los ciudadanos del Chubut».