Una sesión del Congreso de Bolivia en la que el ministro del Interior presentaba un informe sobre el encarcelamiento del opositor gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, derivó en una pelea campal de puños y patadas.
El ministro Eduardo del Castillo se presentó la noche de este martes ante el Legislativo.
Para responder a un cuestionario de 11 preguntas que la oposición había preparado para que explicara los fundamentos legales del arresto de Camacho, el pasado 28 de diciembre.
Durante la detención de Camacho, la policía activó un fuerte operativo, criticado por la oposición, que permitió trasladarlo desde la oriental Santa Cruz hacia La Paz, en el occidente del país.
En donde un juez le impuso cuatro meses de detención preventiva por una acusación por «terrorismo» en el caso «golpe de Estado I».
El gobernador está acusado de ser parte activa en el derrocamiento del expresidente Evo Morales (2019).
Al cumplirse ese tiempo, a fines de abril, se amplió su detención por cuatro meses más, por lo que el gobernador cruceño deberá permanecer en prisión hasta agosto.
Del Castillo argumentó que el arresto del Gobernador de Santa Cruz se efectuó «en el marco de la ley», pues se emitió una orden de aprehensión dos meses antes de su ejecución.
La autoridad remarcó que, durante la aprehensión de Camacho, «no se produjo ni un solo disparo» ni hubo «uso de armas de fuego».
Pese a que sus partidarios aseguraron que había sido víctima de un «secuestro» violento.
La sesión se desbandó mientras Del Castillo defendía la legalidad de la detención y criticaba a los parlamentarios de la coalición Creemos, el partido de Camacho, a quienes calificó de «grupos radicales, ladrones, violentos que vinieron a robar la billetera del pueblo boliviano».
En medio de la intervención del ministro, un grupo de parlamentarias opositoras mostró pancartas con mensajes como «con presos políticos no hay democracia» y otro con una foto de Del Castillo y la leyenda «ministro del terror».
Un puñado de legisladoras oficialistas se abalanzó sobre las opositoras para arrebatarles sus letreros en medio de empujones, en una sesión que era transmitida en directo por canales oficiales.
Se generó una riña entre una veintena de legisladores, que duró varios minutos e incluyó cachetadas, patadas, puños y tirones de pelo, pero que no dejó lesionados, según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El informe se suspendió por unos minutos y María René Álvarez, diputada de Creemos, culpó al ministro Del Castillo de haber promovido un clima de beligerancia.
La sesión concluyó con un reconocimiento, firmando por legisladores oficialistas, en la que honran a Del Castillo «por el trabajo que vienen realizando (…) fortaleciendo la seguridad ciudadana a nivel nacional, por la lucha frontal por la corrupción (..) su lucha contra el narcotráfico y haber realizado un excelente trabajo para dar con el paradero de los que alteraron el orden constitucional el 2019».
El incidente marca un nuevo episodio de polarización en el país andino, donde la oposición asegura que en Bolivia hay unos 180 presos políticos, acusados por el gobierno izquierdista de apoyar un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019 y de haber apoyado a su sucesora, la derechista Jeanine Áñez, también presa.